El Congreso de los Diputados ha dado este martes luz verde a una de las medidas más autoritarias de esta legislatura, que ya es decir: la reforma del reglamento para «frenar a los agitadores ultra», que es el sintagma eufemístico que se refiere a los reporteros que hacen preguntas incómodas al Gobierno y a sus socios. La medida, que permite a la Mesa revocar acreditaciones, sienta un precedente peligrosísimo por un motivo que se hace evidente a cualquier inteligencia mínimamente desarrollada, que es que, en lo sucesivo, los políticos van a fiscalizar a los periodistas. El lobo cuidando de las ovejas o los pájaros disparando a las escopetas.
Lo grave de este asunto es que la medida ha venido promovida y avalada por la propia Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), la autoerigida élite periodística que, de tanto pulular por los pasillos del Congreso y canapear con los portavoces, ha perdido totalmente el pulso de la calle. La realidad les ha pasado por encima y no soportan la idea de que un outsider con un micrófono, una cámara y un canal de YouTube tenga más poder e influencia que ellos, que se codean con Patxi López.
Lo que no sabe la APP es que esta medida se terminará volviendo en su contra. Como dice el poema: «Primero vinieron por…». Bueno, ya saben. Han lanzado un bumerán al cielo que, les advierto desde ya, les volverá (y golpeará) en cualquier momento: cuando no sean lo suficientemente adeptos al nuevo Régimen o cuando haya -Dios mediante- un cambio.
Si en un futuro no muy lejano PP y Vox tuvieran mayoría en la Mesa, nada podría impedir que se expulse del Congreso de los Diputados a personajes como Antonio Maestre, un tipo que miente sobre las profesiones de su padre (al que le ha atribuido ya como 33 distintas), crea perfiles (Miguel Lacambra) para firmar artículos al dictado de Moncloa y se inventa agresiones. Un tipo mentiroso, violento y que practica el acoso (sobre todo a mujeres y jóvenes), pero que cuenta con el apoyo de quienes se han posicionado contra los pseudoperiodistas ultras. Muy revelador.
«No estoy dispuesto a aceptar que sean los políticos quienes se arroguen la potestad de decidir quiénes son y quiénes no son dignos de estar ante su presencia»
Digo que la normativa permitiría expulsar a tipos como Antonio Maestre o medios como Canal Red, sin pestañear, pero eso no significa que lo defienda. La (falta de) hipocresía es lo que nos distingue de ellos. Yo prefiero que el periodismo peque por exceso que por defecto, y me fijo más en el fondo que en las formas. No me molestan quienes incomodan a los políticos, sino quienes compadrean con ellos, y estos son -cómo no- los que Francina Armengol quiere ver por los pasillos del Hemiciclo. Pero sobre todo, y bajo ningún concepto, estoy dispuesto a aceptar que sean los políticos quienes se arroguen la potestad de decidir quiénes son y quiénes no son dignos de estar ante su presencia.
Tendría sentido ponerse dignos con quienes se exceden en sus formas si el resto de periodistas acreditados estuvieran cumpliendo con el fondo de su trabajo. Esto es, si a Óscar Puente se le preguntase en los pasillos del Congreso por el lamentable funcionamiento de los trenes y no por el concierto de Taylor Swift, o si se expusiera el infame pasado de Mertxe Aizpurua en lugar de nominarla a premios por su «relación con la prensa» en eventos en los que se reparten canapés y champán. Brindar con la proetarra que señalaba a objetivos políticos de ETA desde el diario Egin resulta el summum de la educación para los palmeros.
«Si tanto molesta el actual funcionamiento de las ruedas de prensa en el Congreso, la solución es fácil: que se repartan los turnos sin vetar a los medios incómodos y que los oficialistas comiencen a hacer periodismo»
Si tanto molesta a algunos el actual funcionamiento de las ruedas de prensa en el Congreso, la solución es muy fácil: que se repartan los turnos de pregunta sin vetar a los medios incómodos, de modo que no tengan que saltarse a otros colegas, y que los medios oficialistas comiencen a hacer periodismo y dejen los masajes de sauna norcoreana. Sería una buena manera de neutralizar a aquellos que llaman ultras.
Del mismo modo que Desokupa existe porque la ley protege al infractor, los agitadores ultras aparecen en el Congreso de los Diputados porque los periodistas parlamentarios hace tiempo (concretamente, desde que gobierna Pedro Sánchez) que dejaron de fiscalizar al poder político. Pero lo fácil, y lo propio de una sociedad tan hipócrita como la contemporánea, es poner trono a las causas y cadalsos a las consecuencias.
