Los nuevos responsables del Departamento de Educación serán los encargados de regular -o paralizar- el endurecimiento del nivel de catalán que se le puede exigir a todo el profesorado. El decreto del régimen lingüístico en el sistema educativo, aprobado este martes por el Govern ya en funciones, marca el camino y establece que “a partir del curso 2027-28, y si así lo determina el departamento”, los profesores en activo que quieran promocionar o cambiar de plaza deberán acreditar un nivel alto de catalán, correspondiente al C2.
Ante el retroceso del uso del catalán y los malos resultados de los alumnos en esta materia, el Govern de ERC desplegó una serie de medidas para fomentar el uso de esta lengua en diferentes ámbitos, también en la escuela. Y uno de los ejes ponía el foco en el profesorado y su nivel lingüístico. Hasta ahora, los docentes se incorporan con un nivel B2 de catalán (el antiguo nivel C), que se obtiene automáticamente al finalizar la ESO. El exconsejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ya anunció en 2022 un plan para obligar a que todos los profesores acrediten un nivel alto, correspondiente al C2 de catalán.
Pero la medida llegó en medio del conflicto con los sindicatos y con la falta de plazas en centros y universidades para que los docentes puedan acreditar este nivel. Finalmente, el Govern ha aprobado el decreto del régimen lingüístico en el sistema educativo, que fija el curso 2025-26 como la fecha a partir de la cual será obligatorio el C2 para los profesores nuevos que se incorporen a la bolsa de interinos o que sean contratados por las escuelas concertadas, así como aquellos que se presenten a oposiciones. Educación había dejado pendiente señalar la fecha que afectaría a toda la plantilla y que finalmente no ha podido consensuar con los sindicatos.
Con todo, antes de dejar el cargo, la consejera de Educación, Anna Simó, ha querido dejar escrita su intención: que en tres años sea obligatorio para los docentes que quieran promocionar y aspiren a plazas de dirección, inspección, una comisión de servicios o un cambio de plaza. No obstante, desde el departamento admiten que esto lo deberá acabar de afinar el nuevo equipo en una normativa de rango inferior, en caso de que decida a tirar adelante la medida. Pendiente queda si finalmente se podrá exigir al resto de la plantilla de funcionarios, que entraron en el sistema con unos requerimientos específicos.
Pero además del nivel de catalán del profesorado, el nuevo decreto -estructurado en cinco capítulos y 36 artículos- regula varios aspectos importantes como el modelo de inmersión lingüística a la elaboración y aprobación de los proyectos lingüísticos de los centros. El contenido del decreto ya se dio a conocer en julio, cuando salió a exposición pública y se tramitó de urgencia para ser aprobado esta primavera. Además, repite conceptos ya regulados por las otras dos nuevas normativas que en 2022 el Govern y los partidos favorables al modelo de inmersión lingüística se apresuraron a aprobar para frenar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que obligaba a impartir el 25% de castellano en todo el sistema a partir de mayo de ese año.
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En concreto, sobre el modelo de inmersión, el nuevo decreto establece el catalán como lengua vehicular en la escuela y como lengua de uso en las comunicaciones con las familias, en la acogida de alumnos recién llegados o en las actividades no lectivas como las extraescolares. El castellano es considerado lengua “curricular”, que queda en un primer momento relegado a la asignatura de Lengua castellana, pero se deja la puerta abierta para que los centros educativos modulen su presencia y pueda ser usado en “algunos contenidos específicos, actividades educativas o recursos didácticos”, en función de la realidad social del alumnado.
Sobre los proyectos lingüísticos -un documento que elaboran los centros educativos y que recoge el perfil del alumnado y cómo se enseñan las diferentes lenguas-, el decreto insiste en que, a partir de ahora, no pueden ser modificados a mitad de curso y deben ser aprobados y validados por el Departamento de Educación, para así proteger a las direcciones de los requerimientos judiciales. “El decreto es un instrumento para dotar de más seguridad jurídica a los proyectos lingüísticos. Será el departamento el que los valide y el que asuma la responsabilidad, no las direcciones”, subrayó la portavoz del Govern, Patrícia Plaja.
Por su parte, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (la entidad promotora de las denuncias a favor del 25% de castellano) ha anunciado que recurrirán el decreto, que consideran “inconstitucional e ilegal”, además de “hispanófobo”.
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