¿Incompetencia política o guerra en el Consejo de ministros? Visto el lío que se ha montado entre Trabajo y Hacienda, un poco de las dos. Porque contrariamente a lo prometido por la vicepresidente segunda, Yolanda Díaz, al menos un 20% los 2,5 millones de perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI) no recibirá los 50 euros al mes prometidos a raíz del acuerdo alcanzado esta semana con los sindicatos para subir un 4,4% esa retribución, hasta los 16.576 euros al año (una mejora de 700 euros). Es el sexto incremento desde 2018 y, con el mismo, el SMI acumula desde entonces una subida del 61%, muy por encima del 23% que creció la inflación en ese periodo. El incremento, en el caso de más de medio millón de sus perceptores, se quedará en 28,57 € al tener que tributar por el IRPF. Más allá de la polémica que ha suscitado que los sueldos mínimos tengan que pagar impuestos por primera vez y que eso ocurra bajo un Gobierno de izquierdas, que 2,5 millones de personas de un total de 21 millones de ocupados (el 12%) reciban ese precario salario pone en evidencia la persistente pobreza laboral de la economía española a pesar de crecer con vigor.
La encuesta sobre las Condiciones de Vida publicada esta semana por el INE sólo constatan esa dicotomía. A pesar del robusto crecimiento económico de 2024, el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social en España bajó tan sólo siete décimas, del 26,5% en 2023 al 25,8% en 2024. Y la pobreza infantil de los menores de 16 años sigue siendo una hiriente asignatura pendiente: en el mismo periodo subió cuatro décimas hasta el 34,7%. Puede que España haya registrado en 2024 la mayor tasa de crecimiento de las grandes economías occidentales y triplicado la media europea, pero nada de ello ha servido para destronarla de su puesto como la economía con mayor tasa de pobreza infantil de entre las más avanzadas.
«Díaz ha hecho de los sucesivos incrementos del SMI y del apoyo de los sindicatos su tabla de salvación política»
Pero volviendo al SMI. El objetivo del Gobierno es que este indicador se aproxime al 60% del salario medio en España. De ahí las constantes e imparables subidas de los últimos años. ¿Es un síntoma saludable que los salarios más bajos hayan subido lo suficiente como para empezar a contribuir al sistema? Probablemente sí. Pero dar ese paso requiere mucha pedagogía. Y las políticas populistas no conviven bien con esta. Como demuestra la sorpresa, fingida o no, de la titular de Trabajo al encontrarse con el escollo de la tributación en el IRPF de una parte importante de los trabajadores que cobran el salario mínimo tras anunciarse la nueva subida.
Díaz, cuya autoridad en la amalgama de siglas que forman Sumar y cuyo valor como activo político al Gobierno de Pedro Sánchez hoy están en cuestión, ha hecho de los sucesivos incrementos del SMI y del apoyo de los sindicatos su tabla de salvación política. Pero la nueva subida de su medida estrella ha quedado muy deslucida esta vez. La negativa de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a subir la base mínima exenta como ha ocurrido en los anteriores incrementos del SMI revela o bien la ineptitud de la ministra de Trabajo (y la de los sindicatos que estamparon su firma en el acuerdo y se hicieron la foto) o la intención de una parte del Gobierno por desautorizarla.
Por un lado, resulta inverosímil que Díaz anunciara la medida sin antes acordar con Hacienda el mínimo exento para evitar la tributación del nuevo SMI. Tan fácil como hacer el cálculo, y cuesta creer que los asesores de la titular de Trabajo no lo hicieran, de qué aumento del SMI eludiría sobrepasar el mínimo exento para evitar la retención por IRPF. Según los cálculos de algunos economistas, con una subida del 3,4% en el SMI, equivalente a 38,55 euros, (en la parte más baja de la horquilla que presentó la comisión de expertos del Ministerio) se hubiera evitado la tributación de todos los perceptores del SMI. No estaba lejos además del 3% de aumento que pedía la patronal CEOE y que finalmente se quedó fuera del acuerdo en el diálogo social del que siempre ha hecho gala Yolanda Díaz. ¿Qué sentido tiene optar por un aumento del 4,1% para alcanzar la cifra redonda de los 50 euros que tantos titulares ha acaparado si la medida queda opacada por los efectos que tendrá sobre una parte importante de quienes reciben el SMI? Concretamente, los solteros y sin hijos, que no tienen derecho a deducciones. Es decir; los jóvenes, otra vez los jóvenes, a quienes Hacienda retendrá alrededor de unos 300 euros al año. Un 27% de los asalariados entre 16 y 24 años cobra el SMI.
«Más de medio millón de personas que cobrarán el nuevo SMI no van a ingresar los 50 euros al mes de más prometidos por Díaz»
Las subidas del SMI, a las que debe aspirar toda sociedad que crea en la cohesión social como motor de progreso, conviven con un sano y necesario debate sobre si es acertado aplicarlas sin distinguir el nivel de renta de los distintos territorios o las cualificaciones de ciertos colectivos. El Banco de España, bajo la dirección del anterior gobernador Pablo Hernández de Cos, ya advirtió de sus posibles efectos adversos en las regiones más pobres (Andalucía y Extremadura) o en ciertos sectores (la agricultura) y colectivos (los jóvenes y trabajadores menos cualificados). Los sucesivos aumentos de los salarios más bajos son una excelente noticia en economías en las que crece la productividad y las tasas de empleo son elevadas. Pero este no es el caso de España. Lean en este enlace cómo el servicio de estudios del BBVA evalúa sus costes y beneficios. Hay muchas voces expertas que advierten además de que las sucesivas alzas del SMI en tan corto espacio de tiempo unidas a la reducción de la jornada laboral recientemente aprobada (y de la que también se descolgó la patronal) amenazan con subir los costes salariales de las pymes y dañar el empleo.
Es lo que tiene gobernar a base de golpes de efecto sin medir las consecuencias de las políticas que se anuncian. Porque como bien le recordó la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, a la vicepresidenta segunda a cuenta de la discusión sobre la tributación del SMI: «Evitemos por favor los discursos populistas». Regañina que luego remató a modo de susurro la ministra portavoz, Pilar de Alegría, durante la rueda de prensa posterior al consejo de ministros del martes pasado. «Eso no es así», le dijo a Yolanda Díaz cuando esta insistía en que se había enterado por la prensa de que Hacienda no acomodaba el mínimo exento de pagar IRPF a la subida del SMI. Una desautorización susurrada en toda regla. Porque, efectivamente, eso no es así: hay más de medio millón de personas que cobrarán el nuevo SMI desde enero de este año que no van a ingresar los 50 euros al mes de más prometidos por Díaz.
Pero tampoco hay que extrañarse. Anunciar medidas que luego no se cumplen o se quedan a medio camino no es algo ajeno al Gobierno de Pedro Sánchez. Basta repasar la lista de algunas de las ayudas prometidas y publicadas en el BOE que no se han materializado. Lo saben bien el 87% los afectados por la dana que aún no han recibido un euro de las ayudas directas del Estado anunciadas por el Gobierno. También los enfermos de ELA que celebraron hace cinco meses la aprobación, por fin, de la ley que les iba a aliviar sus cargas y que aún no han accedido a financiación alguna. O los cientos de familias que siguen sin casa en la isla de La Palma tres años y medio después de la explosión del volcán Cumbre Vieja.
Es su estilo de gobernar. Anunciar medidas para apuntarse tantos y acaparar titulares, para luego pasar pantalla y desentenderse de su cumplimiento. Es una estrategia que les ha funcionado bien mientras han estado prietas las filas de la coalición de izquierdas que forma y sustenta al Gobierno. ¿Aguantará esa coalición la brecha abierta esta vez a cuenta del SMI? Ya se plantean alianzas inquietantes de tan insospechadas que son.
