Tras permanecer durante meses en un limbo, la mayoría de familias de Gaza que a mediados del año pasado presentaron ante la embajada española en El Cairo una solicitud de traslado a España para poder pedir asilo han visto su petición aprobada y han comenzado a viajar a la Península. Los palestinos habían huido de la Franja por separado tras del inicio de la ofensiva militar de Israel, y se hallaban en una situación de gran desprotección legal y vulnerabilidad económica en Egipto. Además, temían sufrir represalias si eran retornados a la fuerza.
“Cuando me llamaron de la Embajada para comunicarme que me habían concedido el visado fue el momento más feliz de mi vida”, evoca uno de los solicitantes, que, como el resto de los que hablaron con EL PAÍS, prefirió hacerlo en condición de anonimato por seguridad. “Lo primero que me vino a la mente fue que por fin podría planificar mi vida”, agrega. “En Egipto no he podido reconstruir todo lo que quería, pero ahora creo que en España podré volver a empezar y reconstruir por fin lo que perdí; incluso tirar hacia adelante”, continúa.
Para evitar que alguien que huye de su país tenga que jugarse la vida para encontrar refugio en España, la ley de asilo de 2009 establece que los embajadores españoles podrán autorizar un traslado seguro a fin de que puedan realizar esta petición. Solo se fijan dos requisitos: que el solicitante no sea nacional del país en el que está la embajada española y que su integridad física esté en peligro. En 2024, una sentencia del Tribunal Supremo declaró que este peligro para la integridad física se refiere solamente a la situación en el país de origen y no de tránsito.
“Las autorizaciones de traslado a España otorgadas por el embajador son un paso importante por cuanto ofrecen protección a personas que, además de estar afectadas por un conflicto armado, han sido víctimas de persecución en Gaza”, comenta Andrés Jiménez de Parga, abogado del Movimiento por la Paz (MPDL), una ONG española, y representante del grupo. De los 26 casos que ha representado, hay cuatro mujeres y cuatro menores, miembros de una misma familia, que aún están esperando. Al menos otra familia gazatí en Egipto, que realizó la solicitud por separado, también ha recibido autorización, según ha podido saber EL PAÍS.
Los miles de gazatíes que huyeron a Egipto en los primeros meses de guerra entraron con un visado ordinario sin opción automática de renovarlo. Así que, salvo excepciones, hace tiempo que todos lo tienen caducado y permanecen sin residencia, lo que les deja en una situación legal muy vulnerable y les impide desde firmar un alquiler a contratar una línea de teléfono, abrir una cuenta bancaria o acceder a servicios públicos. Además, para salir de Gaza tuvieron que pagar todos elevadas sumas de dinero, lo que representó un gran esfuerzo económico.
Por otro lado, Egipto no reconoce el mandato de la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) sobre los ciudadanos palestinos, así que no pueden registrarse, asegura Christine Beshay, la jefa de comunicaciones de ACNUR en el país. Y la agencia de la ONU para los refugiados de Palestina, la UNRWA, no opera en Egipto, cuyas autoridades han deportado en el pasado a ciudadanos sudaneses y eritreos pese al riesgo que corrían en sus países de origen.
Los solicitantes gazatíes que han hablado con este medio también compartían el miedo de que en algún momento las autoridades egipcias los deporten a Gaza. Y temían que, de ser así, pudieran producirse represalias contra ellos por haber huido de la Franja. Además, al menos algunos de los solicitantes, en particular mujeres, defienden un estilo de vida liberal, alejado del profesado por el movimiento islamista Hamás, por lo que no contemplaban regresar.
“Recuerdo que estaba en mi habitación, sonaba el teléfono y mi mujer contestó. De repente empezó a gritar mi nombre. Estaba llorando. Se acercó a mí, me abrazó, y me dijo: ‘Por fin han aceptado nuestra solicitud. Es la Embajada española, iremos a España’”, recuerda otro de los solicitantes, que ya se encuentra en el país. “Nos abrazamos y lloramos como bebés, de alegría y de felicidad. Fue un salvavidas para nosotros. Sentíamos que volveríamos a revivir”, desliza. “Recuerdo que cogí a mi bebé, la besé y le dije: ‘Finalmente estarás a salvo, angelito”.
En su condición de solicitantes de protección internacional, los gazatíes que han recibido la autorización para trasladarse a España tienen derecho a acceder al sistema estatal de acogida del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, según explica Jiménez de Parga. Cuando llegan al aeropuerto, los palestinos son recibidos por miembros de la Cruz Roja e inicialmente se alojan en algún centro gestionado por la entidad.
“Nos trataron muy bien. Las autoridades, la gente, han sido muy amables y simpáticos”, explica el segundo solicitante. “Ahora estamos trabajando en nuestros papeles formales. En mi caso, estoy planeando homologar mis títulos universitarios y aprender español para poder empezar a buscar trabajo. De hecho, [ya] he empezado a estudiarlo”, añade.
Una tercera solicitante, que también se encuentra ya en España, cuenta que está “realmente sobrecogida”. “No puedo creer que por fin haya ocurrido. Cuando llegamos a España, todo fue bien; nos trataron muy bien. La gente aquí es muy amable. Siento que soy libre. De verdad. Pero, por supuesto, ya echo de menos a mis amigos”, reconoce.
La autorización del traslado a España solo concede a los solicitantes una vía segura para desplazarse a España, ya que a los gazatíes que han llegado porque disponían de un visado se les está concediendo protección. Un gazatí explica desde España a EL PAÍS que solicitó un visado de turista tras el inicio de la guerra y que, una vez lo recibió, como se hallaba en Cisjordania, pudo viajar desde Jordania y pedir asilo al llegar. A los pocos días —agrega— recibió una tarjeta de protección internacional para quedarse mientras se estudia su solicitud, aunque asegura que conoce casos cuya petición de asilo ya ha sido resuelta favorablemente.
La autorización de los traslados para poder solicitar protección se producen, sin embargo, en un contexto espinoso, ya que obligan a España a mantener un difícil equilibrio entre garantizar un derecho humano fundamental como el asilo sin ser partícipe de una limpieza étnica de Gaza, un dilema al que también se enfrentan varios países árabes. En las últimas semanas, el Gobierno israelí ha promovido la expulsión de gazatíes a terceros países y uno de los que ha señalado ha sido precisamente España, cuyo Gobierno lo ha rechazado categóricamente.
