No queda ya ningún saharaui en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. La última decena de ciudadanos con ese origen ha salido de España al filo de la medianoche del jueves, dentro de un grupo de 22 personas devueltas, a bordo de un vuelo de Air Europa con destino a Marrakech (Marruecos), después de que sus solicitudes de asilo fueran denegadas. Corrieron la misma suerte que otra treintena de compatriotas durante la primera semana de octubre, después de permanecer durante un mes en dependencias del aeropuerto mientras pedían al Gobierno de España protección internacional para no regresar a Marruecos, donde alegaban —muchos de ellos con las pruebas en la mano — ser perseguidos por las autoridades.
Los saharauis devueltos en la noche del jueves contaban — igual que los restantes — con toda la documentación que acredita su origen saharaui, incluyendo informes favorables de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) para que se autorizase su entrada a España, según aseguran a EL PAÍS los abogados que llevaban sus casos. Incluso, para dos de ellos todavía estaba pendiente que se resolvieran los recursos de reposición que su letrado presentó contra las resoluciones que denegaron el asilo.
Sidi Talebbuia es el presidente de la Asociación de Abogadas y Abogados Saharaui en España (Aprase) y representaba a dos de los solicitantes devueltos en la noche del jueves. Detalla que se trata de jóvenes con un perfil similar al de los otros saharauis a quienes el Ministerio del Interior ha negado la protección en las últimas semanas: “Jóvenes que por haber participado en las manifestaciones de la resistencia, de la intifada saharaui en los territorios ocupados (por Marruecos), o en colectivos de estudiantes, han sufrido represión, persecución o detenciones, algunos desde hace más de una década”. El letrado explica que una de las estrategias usadas para acorralarles es abrirles una ficha en la que se anota su afinidad con el Frente Polisario —que reivindica la autodeterminación para el pueblo del Sáhara Occidental― lo que supone para ellos innumerables detenciones, controles e incluso se convierte en un aviso para que no sean contratados por posibles empleadores. “Se trata básicamente de hacerles la vida imposible, que se vean empujados a huir, a salir del territorio ocupado”, enfatiza Talebbuia.
Entre los saharauis devueltos a Marruecos destaca el caso de Ali Hamou, un hombre de 30 años nacido en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, que es sordomudo y padece cáncer. O el de Raschida Amaador, una joven de 32 años, cuyo sobrino fue deportado a Marruecos después de haber llegado a Canarias en patera en 2019 y actualmente cumple una pena de 12 años en una prisión marroquí. También el de Mohamed Aliaa, primo hermano de Hassana Aalia a quien la Audiencia Nacional reconoció como asilado y que había sido condenado a cadena perpetua en Marruecos por participar en las protestas del campamento de Gdeim Izik en 2010.
Solo dos de los casi 40 solicitantes saharauis en Barajas pudieron ingresar a España mientras se resuelve su petición de asilo, según ha confirmado EL PAÍS. Para el resto, pese a las pruebas documentales que los solicitantes han presentado, la respuesta de la Oficina de Asilo y Refugio — que depende de Interior — ha sido la misma: que “no tienen suficiente relevancia pública como activistas”. Para Talebbuia, España “no quiere ver” la represión que las autoridades marroquíes imponen sobre estas personas, con un cerco económico, personal, laboral. “Lo que hacen es obligarles a tener que claudicar: o dejas de reivindicar la autodeterminación o te quedas sin comer, sin trabajo”. Él resume así el comportamiento del Gobierno de España de estas últimas semanas: “Salvo que seas Aminatu Haidar o Sultana Jaya, dos activistas cuyos casos han sido muy mediáticos, no eres merecedor de la protección internacional”.
Durante todo el mes en que los solicitantes de asilo permanecieron en Barajas, Interior mantuvo un manto de opacidad sobre su situación en esas dependencias, de las que apenas se iban filtrando detalles a través de los abogados que llevaban sus casos. De hecho, no fue posible establecer con precisión el número de solicitantes de asilo efectivamente saharauis, pues esa cartera no los distingue a ellos de otros ciudadanos “con pasaporte marroquí”. A través de los letrados se ha establecido que en total se trató de entre 30 y 40 saharauis que pidieron asilo en el aeropuerto y fueron finalmente devueltos a Marruecos. Entre ellos no se cuentan otros ciudadanos marroquíes que también alegaron un origen saharaui sin que pudiera ser constatado.
El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, esquivó durante todas estas semanas el asunto. Preguntado en ruedas de prensa o en el Congreso de los Diputados por estas devoluciones, el responsable de la cartera repitió un argumento casi calcado: cada caso “se evalúa individualmente” y se rige por “criterios y requisitos establecidos por la ley nacional e internacional en materia de protección”. Pese a su evasiva, el cerco se le fue cerrando. Formaciones como Sumar — socio del Gobierno — y Podemos le recriminaron constantemente su rechazo a acoger a los saharauis. La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, preguntada por el asunto en el Congreso el 25 de septiembre por la diputada Ione Belarra, reconoció que no sabía de qué le estaban hablando: “Tendría que informarme en concreto por ese caso, lo desconozco”.
La protección del asilo no fue la única ruta que les negó España. Muchos de ellos también solicitaron en Barajas el estatuto de apátridas, al rechazar la nacionalidad marroquí, que consideran una imposición. Según fuentes de su defensa, esa petición no fue tenida en cuenta por el Gobierno. Una fuente conocedora de esas solicitudes afirma que el hecho de haber intentado tanto la vía del asilo como la de la apatridia tampoco ayudaba en sus trámites. “Son dos caminos completamente diferentes”, asegura.
Hace casi 50 años — el 26 de febrero de 1976 — España abandonó el Sáhara Occidental en manos de Marruecos y Mauritania. Desde entonces, se ha considerado desligada de toda responsabilidad de carácter internacional con relación a la administración de ese territorio. En marzo de 2022, el Gobierno de España abandonó su tradicional postura de neutralidad en el conflicto entre el Frente Polisario y Marruecos y aceptó la propuesta de Rabat de autonomía “como la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso” en la excolonia española. En diciembre pasado, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sostuvo desde Rabat que la relación bilateral con Marruecos “nunca había sido tan intensa y fructífera como en estos momentos”.
