En medio del debate migratorio entre Gobierno y PP, los datos: 2.515. Ese es el número de migrantes irregulares que, según Eurostat, España ha expulsado en el primer trimestre del año a sus países de origen. Con estas cifras, España se sitúa en el quinto lugar de países comunitarios que más migrantes irregulares ha devuelto después de Francia, Alemania, Suecia y Chipre. Se trata de la cifra más alta desde el mismo periodo del año anterior, cuando España llevó a cabo la expulsión de 2.570 personas.
El aumento de las llegadas de migrantes irregulares a Canarias de este verano (entre junio y agosto han desembarcado más de 2.600 personas, el 19,4% más que el año pasado) ha puesto en el foco la cuestión migratoria por la que se han enzarzado esta semana el Gobierno y el principal partido de la oposición con un cruce de acusaciones que han copado titulares de los medios de comunicación. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, inauguraba la semana con una gira por Mauritania, Gambia y Senegal ―países clave para España en la ruta migratoria― para intentar frenar la salida de cayucos hacia las costas españolas. Un viaje que el PP tachó de “falso humanitarismo” y con el que el Gobierno solo fomentaría la inmigración irregular y alentaría a las mafias a seguir enriqueciéndose con el negocio del tráfico de personas.
Por ello, el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, introdujo en el debate las “deportaciones masivas” de migrantes que ya están en territorio español. Ante las críticas por las duras declaraciones de Tellado, su colega de partido Borja Sémper intentó bajar el suflé: “Es inexacto”, dijo durante una entrevista en radio Euskadi. “Lo que [Miguel] Tellado hizo es decir que en Europa, como en Alemania, se plantean en este sentido las políticas migratorias”, aclaró en referencia a los retornos de migrantes a sus lugares de origen, ya sean forzados o voluntarios.
Esas expulsiones, en cumplimiento de la ley, ya se están llevando a cabo. De los tres países mediterráneos, los más expuestos a las llegadas de migrantes irregulares desde África, España fue el que más personas expulsó a principios de este año ―último dato disponible― con un total de 2.515, muy por delante de Italia (935) y Grecia (1.195). Sin embargo las llegadas de irregulares son diez veces más de los expulsados: 24.500 en los que va de año, según el Ministerio del Interior.
Casi el 70% de esas 2.515 expulsiones fueron “forzosas”, según la agencia comunitaria. El resto corresponden a ciudadanos extracomunitarios que de forma voluntaria y acogiéndose a programas específicos, por ejemplo de Frontex, decidieron volver a sus países. España no ha proporcionado información desagregada a Bruselas sobre los menores no acompañados, otra derivada por la que Gobierno y PP se han enfrentado, por lo que estos menores no han entrado en las estadísticas comunitarias.
Pese a los datos, el PP siguió vertiendo acusaciones de pasividad de Sánchez, e incluso del Ministro de Exteriores, José Manuel Albares y de la propia Unión Europea. “Albares no hace nada. Frontex no actúa”, dijo el diputado popular Borja Sémper en una entrevista en radio Euskadi. Frente a las acusaciones del PP de que el Gobierno facilita el trabajo de las mafias con su “efecto llamada” de la migración hacia España, Sánchez se defendió el jueves asegurando desde Senegal que la migración regular “vacuna frente a quienes hacen de la irregular un negocio, como las mafias, y frente a quienes la utilizan como excusa para extender el odio y la xenofobia en la sociedad”, dijo en alusión a la extrema derecha. Dos días antes, en su visita a Mauritania y Gambia, el presidente anunció como “imprescindible” los retornos de migrantes al tiempo que proponía programas de “migración circular” a través de contratos de trabajo para fomentar la migración regular.
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Pero el concepto de “migración circular” no ha gustado a los socios de Gobierno que lo han tachado de eufemismo. La secretaria general de Podemos en Andalucía, Martina Velarde, ha señalado que lo que hay detrás de ese concepto es en realidad “sufrimiento, explotación laboral y sexual”. Por su parte, Sémper ha considerado este viernes en una entrevista en Onda Cero “materialmente imposible” llegar a entendimientos con el Ejecutivo en materia migratoria. Una materia que considera debe ser de Estado.
Precisamente en eso se ha centrado este viernes la ministra de Defensa, Margarita Robles, en unas declaraciones en una pausa en un consejo informal de ministros europeos de su área en Bruselas. “Es inaceptable por parte del PP, en un tema que es claramente de Estado, que pueda tratar de sacar tajada y hacer política en esta materia. Son temas humanitarios y afectan a la esencia de las relaciones internacionales”, ha remarcado Robles añadiendo que la inmigración tiene también que ver con temas económicos y culturales. Además, en sus declaraciones a los medios ha recordado también que “el yihadismo se está extendiendo por ciertos países africanos”, en referencia al Sahel, un punto clave para la seguridad de España, pero también de Europa. “No vale todo”, le ha espetado al PP en relación a los rifirrafes que oposición y Gobierno han mantenido esta semana.
Por otra parte, en el primer trimestre del año se emitieron 1.505 órdenes de expulsión, lo que sitúa a España en décimotercera posición entre los Veintisiete. En este caso, sí que se constata un fuerte descenso con respecto al mismo periodo de 2023, cuando se dictaron 4.160 órdenes para la salida del país de ciudadanos extracomunitarios. En total, en 2023 se emitieron 10.645 órdenes de expulsión mientras que en 2022 este dato fue de 10.920.
