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España ha resuelto convocatorias de fondos europeos Next Generation por valor de 49.487 millones de euros al cierre de marzo, según la última actualización de Elisa, la herramienta del Ministerio de Economía para hacer el seguimiento de la adjudicación de estos recursos. Esto supone que se ha licitado apenas el 30% del dinero disponible, según el análisis de THE OBJECTIVE, y cuando ya han pasado 51 meses desde que se pusiera en marcha el Plan de Recuperación y Resiliencia.
Las diferentes administraciones (central, autonómica y local) todavía siguen sin decidir el destino de 113.513 millones de euros, el 70% del total que le corresponde a España, cuando quedan apenas 17 meses para que expire el plazo para gastar el dinero. De hecho, apenas la mitad de todo el montante disponible está en alguna convocatoria (76.800 millones) y el resto ni siquiera está asignado a un área o proyecto concreto. Los compromisos establecidos con Bruselas indican que todos los países tienen hasta agosto de 2026 para ejecutar los fondos; esto es, entregarlos a su destinatario final y activar sus respectivos proyectos.
El caso es que ya en el quinto año de despliegue de los fondos europeos Next Generation el dinero sigue sin llegar al tejido productivo, hay poca presencia del sector privado, existe una elevada carga burocrática y hay graves problemas para adaptar las convocatorias a las verdaderas necesidades de las empresas. Incluso hay compañías que ya han desistido de presentarse a convocatorias porque los plazos de ejecución de los proyectos son tan escasos que harían imposible su resolución con el dinero comunitario.
Plan de Recuperación
El Plan de Recuperación indica que España recibirá 80.000 millones en ayudas directas (sin reembolso) y otros 83.000 millones en préstamos a bajo interés a través de la Adenda aprobada en 2023. Respecto de su devolución, en el primero de los casos el dinero deberá estar ya desplegándose en proyectos concretos antes del plazo de finalización, y en el caso de los créditos deberán estar comprometidos, aunque su devolución se podrá hacer después de agosto de 2026. Todo el dinero que no se entregue antes de esta fecha tendrá que devolverse a las autoridades comunitarias, y nada indica que Bruselas vaya a conceder una prórroga.
Este diario ha venido advirtiendo de los problemas del reparto y de la lentitud de las convocatorias durante toda la ejecución, pese al triunfalismo del Gobierno, que constantemente insiste en la velocidad de crucero de las licitaciones y el impacto de los fondos en la economía. No obstante, la realidad indica que con el paso de los años y de los meses, la velocidad es cada vez menor y que ni siquiera entrando en el quinto año del plan (el último completo) se aprecia una dinamización de las convocatorias.
La última actualización de la plataforma Elisa ha registrado un avance de apenas 824 millones en las licitaciones que se realizaron entre febrero y marzo. Antes, este diario ya había advertido que el avance en enero había sido de 1.047 millones, lo que indica que en el primer trimestre se han resuelto 1.871. El Gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros el V Informe de Ejecución y en él celebra que exista una tasa de ejecución del 64,4%, aunque estamos hablando solo del dinero destinado a convocatorias, no a todo el montante disponible. Esto reduciría la tasa a la mitad.
Fondos para ayudas
Lo que tampoco dice el informe es que el dinero destinado a convocatorias se ha reducido respecto del mes de enero. Las cifras cribadas por este diario indican que en la anterior actualización de Elisa había convocatorias por valor de 80.158 millones de euros y dos meses después la cifra es de 76.817 millones. El Gobierno se desmarca de la ‘desaparición’ de estos 3.300 millones de las licitaciones, indicando que Elisa solo coge datos de los sistemas de adjudicación de las administraciones, por lo que cualquier cambio en los montantes es responsabilidad de estos portales.
Con todo, cuando quedan 17 meses para gastar el dinero solo están dentro de alguna licitación 76.817 millones y han sido asignados solo 79.854, lo que supone que apenas el 47% de todo el montante está dentro de un proceso de concesión y solo el 49% ha sido asignado. Datos que demuestran que es muy difícil que antes de agosto de 2026 estén todos los fondos europeos asignados, porque no parece que haya ninguna rapidez en el reparto, como demuestran los datos de convocatorias de 2025.
Si asumimos que estos 76.817 millones en proceso de licitación responden a ayudas, faltaría todavía por licitar casi 4.000 y por resolver unos 30.000 millones. Y esto sin incluir todavía ningún euro de la adenda, a la que le corresponden otros 83.000 millones de euros, los que también deberían estar al menos adjudicados para agosto del próximo año.
Datos de la IGAE
Este diario ha advertido de que el hecho de que la licitación esté resuelta no significa que el dinero haya llegado a su destinatario, y menos que el proyecto esté en marcha (requisito para Bruselas en cuanto a los 80.000 millones de ayudas directas). Y es que se produce un desfase de dos o tres meses desde que adjudica el dinero hasta que se recibe, y eso si no hay algún participante del concurso que impugna las bases o el procedimiento. Del mismo modo, el tiempo que pasa hasta que el proyecto esté en marcha suele ser, como mínimo, de seis meses.
Por otro lado, THE OBJECTIVE también ha advertido de la lentitud en los desembolsos que el Ministerio de Hacienda está haciendo de los Next Generation. Los últimos datos de contabilidad nacional de la Intervención de la Administración General del Estado (IGAE) indican que entre el 1 de enero de 2021 y hasta el 28 de febrero de este año se han hecho pagos por valor de 42.210 millones en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Fondos entregados
Es dinero que se ha repartido a proyectos, pero también a otras administraciones, por lo que no hay constancia siquiera de que todos estos recursos estén en alguna convocatoria. Y en este caso, la cifra es aún más desalentadora, porque supone que se ha pagado solo el 25% de los 163.000 millones que tiene asignados España de fondos europeos y que quedan por desembolsar 121.760 millones de euros. Una cifra que ha ido acumulando retrasos desde 2021.
El Estado consigna su previsión de gasto de estos recursos en cada presupuesto, pero sistemáticamente ha incumplido su ejecución desde el inicio del Plan de Recuperación. En 2021 apenas se pagó 45,5% del total comprometido; en 2022, el 39,6%; en 2023, el 27,3%; y en 2024, el 26,6%. Todos los remanentes se han ido incorporando a los años siguientes, pero el problema es que el saldo sin gastar es tan elevado que da poco margen para gastarlo todo en los dos ejercicios presupuestarios que únicamente quedan para que expire el Plan de Recuperación y Resiliencia.
