Estado de alarma, la oportunidad de Koldo y sus socios para pasar de cero a 53 millones en tres meses | España

La llamada Operación Delorme, que investiga la participación de Koldo García, guardaespaldas y asesor del exministro José Luis Ábalos, en una presunta trama de adjudicación de contratos por valor de 53 millones de euros a empresas amigas para la compra de mascarillas en plena pandemia, ha provocado un seísmo político en el Gobierno y en el PSOE. Este viernes, mientras afloraban más datos del funcionamiento de la presunta red corrupta y de los millonarios beneficios que les habría reportado a sus participantes, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, le mostraba la puerta de salida al todavía diputado socialista: “Yo se lo que yo haría”, dijo al ser preguntada por el caso. Horas más tarde, el exministro Ábalos dijo a EL PAÍS que pensaría su dimisión con su partido: “No porque me lo pida el PP o la derecha”, argumentó.

La investigación, que inició la Fiscalía Anticorrupción a raíz de la denuncia presentada en octubre de 2022 por el diputado-portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano Sánchez-Capuchino, ha culminado esta semana con una veintena de detenidos y ha sido desarrollada por la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil). Las pesquisas han evidenciado que Koldo García se valió de sus influencias en el Ministerio de Transportes —en el que trabajaba como secretaria su mujer Patricia Uriz (también detenida) y al que estaba ligado su hermano, Joseba García (también detenido)— para ejercer de “mediador o conseguidor” de nueve cuantiosos contratos.

Según los investigadores, quien fuera la sombra del exministro Ábalos, obtuvo un incremento patrimonial de 1,5 millones de euros por estas operaciones, y utilizó a sus familiares —a su esposa, a su hermano Joseba, y a su propia hija— para blanquear esos ingresos mediante la compra de propiedades inmobiliarias. Sus socios, también arrestados, presuntos impulsores de estos contratos, son el presidente del Zamora C. F., Víctor de Aldama, y Juan Carlos Cueto, que habrían obtenido unos beneficios millonarios.

Según los registros mercantiles y el desglose de contratos que realiza el juez Ismael Moreno en su auto del pasado 22 febrero, la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., la principal investigada, constituida en 2017 y ubicada en el mismo inmueble que el grupo empresarial Cueto en Madrid, recibió un total de nueve licitaciones por un valor de más de 53 millones de euros entre marzo y junio de 2020. En aquellos días, España vivía confinada y en estado de alarma. Los contratos fueron adjudicados por el Servicio de Salud de las Islas Baleares, el Servicio Canario de la Salud, la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior, ADIF y Puertos del Estado. Las dos últimas, ligadas al Ministerio de Transportes, que entonces dirigía José Luis Ábalos.

De cero a 53 millones

La denuncia, según afirma Ismael Moreno en su auto, señalaba que la actividad de la empresa adjudicataria no tiene relación con el objeto de los contratos y pasa “de una cifra de negocio de cero en 2019 a 53,3 millones en 2020 por las adjudicaciones”. Conviene recordar que la crisis de la covid abrió la posibilidad a la Administración de realizar “contratos de urgencia”, sin los concursos habituales.

Según el auto del juez Moreno es Aldama, que se habría enterado por Koldo de la oportunidad de negocio abierta, quien habría contactado con Cueto, con quien ya había hecho negocios antes y los seguiría haciendo después, para valerse de su estructura empresarial y obtener las licitaciones por esa “tramitación de emergencia”. El primer contrato lo firman el 20 de marzo, seis días después de que el presidente Pedro Sánchez decretase el estado de alarma.

El auto del juez, que cita la querella de la Fiscalía, no deja lugar a muchas dudas: “En el curso de la investigación, la persona que facilita a Soluciones de Gestión S. L. información sobre los procesos de adjudicación de material sanitario que se iba a abrir de forma inmediata es Koldo García Izaguirre, cargo público del Ministerio desde el 13 de junio de 2018 hasta el 11 de julio de 2021 (asesor del titular del Ministerio, Consejero de Renfe, y vocal del Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado)”. Cinco meses más tarde de la ejecución de esos contratos, Koldo García adquiere una serie de propiedades en Benidorm, que pone a nombre de su mujer, hija y hermano, por valor de 1,5 millones de euros, según los resultados de la investigación.

Para la compra de algunos de esos inmuebles, los investigadores observan que se realizan operaciones descaradas, como nueve traspasos en dos días a una cuenta a nombre de su hija de dos años por parte de su hermano Joseba, también vinculado al Ministerio de Transportes desde 2019, y de su mujer Patricia hasta juntar 110.000 euros. Las transferencias entre las cuentas de Joseba y su esposa y la familia de Koldo son constantes entre 2020 y 2022, cuando suman 267.000 euros en movimientos, por lo que los investigadores de la unidad de Delincuencia Económica de la UCO infieren que solo persiguen ocultar un patrimonio injustificado. Asimismo, Koldo y su hermano le compran varios vehículos de alta gama a su amigo y socio Víctor Aldama a través de terceros.

La Chalana, centro de operaciones

Muchas de las reuniones entre Koldo y sus socios o testaferros se producen en una marisquería ubicada en el barrio madrileño de Chamartín, llamada La Chalana. Allí se encuentra con Aldama y Cueto, con altos cargo del Ministerio de Transportes, como el subsecretario, Jesús Manuel Gómez García, el director general de EMFESA (donde trabaja su hermano Joseba), Vicente Calzado Téllez, o con el guardia civil Luis Rodríguez García, otro de los detenidos, destinado en la sección de Seguridad de Nuevos Ministerios pero también empleado de Cueto en una empresa comercializadora de pizarras, presuntamente creada en Ourense con los beneficios de la trama. En algunos de esos encuentros, ya en febrero de 2023, hablan sobre la investigación que mantiene abierta la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude) contra Aldama por las plusvalías obtenidas en los contratos sanitarios.

Cueto, investigado en otro turbio asunto de compra de armas en Angola (llamado caso Defex), tiene como único accionista de Soluciones de Gestión S. L. a Íñigo Rotaeche, otro de los detenidos, que también es el titular de la empresa de pizarras Santa Bárbara S. L.

Según los investigadores, Soluciones y Gestión es una “empresa instrumental” del “proyecto” de Víctor Aldama y Juan Carlos Cueto, aunque ninguno de los dos figuren en ella —los dos habrían obtenido, respectivamente, un beneficio de 5,5 y 9,6 millones de euros con sus contrataciones, según los investigadores—. A ambos se les han encontrado cuentas en Brasil y Luxemburgo, donde habrían ocultado al menos parte de esos beneficios.

A principios del pasado enero, Rogelio Pujalte, también entre los investigados, llamó a su amigo Koldo para avisarle del riesgo que corría si usaba la aplicación de mensajería Telegram, a lo que Koldo le respondió que todo es culpa de “el perro”, supuestamente en alusión a Aldama, y que estaba al corriente de todo. A finales de ese mismo mes, y semanas antes de que explotara la Operación Delorme, los tres principales investigados, Koldo, Aldama y Cueto, mantenían aún encuentros para ponerse al día de sus asuntos y darse “chorizos”, palabra en clave a la que los investigadores aún no le han atribuido significante.

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