El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha informado que Telefónica Venezonala, filial de Telefónica, llegó a un acuerdo para pagar 85,2 millones de dólares (80 millones de euros) y así cerrar una investigación por un caso de soborno a funcionarios del Gobierno venezolano que tuvo como objetivo conseguir acceso preferencial a dólares estadounidenses en una subasta. El caso se remonta al año 2014 -bajo la presidencia de César Alierta- cuando la operadora tenía problemas para conseguir esta divisa en el mercado tradicional. En ese momento, Nicolás Maduro ya era presidente de Venezuela.
Telefónica Venezolana admitió haber pagado estos sobornos a dos proveedores que recibieron 28,5 millones de dólares para inflar los precios de ciertos equipos que adquiriría, esos proveedores usarían parte de ese dinero como comisión para los funcionarios que ayudaron posteriormente a la compañía a conseguir 110 millones en una subasta de divisas. «Telefónica Venezolana decidió apoyar a un régimen corrupto para sortear las dificultades de realizar negocios legales en Venezuela», indicaron los responsables del caso.
La operadora firmó un acuerdo de procesamiento diferido (DPA) en relación con el procedimiento presentado en el Distrito Sur de Nueva York que acusó a la compañía de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Además del pago de los 85,2 millones, Telefónica se ha comprometido a seguir colaborando en futuras investigaciones y mejorar su programa de compliance para atajar este tipo de prácticas.
Según los documentos aportados por la acusación, en 2014 Telefónica Venezolana participó en una subasta de divisas patrocinada por el gobierno de Venezuela que le permitió cambiar sus bolívares venezolanos por dólares estadounidenses. Para asegurar su éxito, Telefónica Venezolana reclutó a dos proveedores para que realizaran pagos por aproximadamente 28,9 millones de dólares a un intermediario, sabiendo que algunos de esos fondos se pagarían como comisión a funcionarios del gobierno venezolano.
Para ocultar los pagos de sobornos -dice el Departamento de Justicia- Telefónica Venezolana cubrió el coste de los sobornos comprando equipos a los dos proveedores a precios inflados. Como resultado de estos pagos, a la filial de la operadora española se le permitió hacer el cambio y posteriormente recibió más de 110 millones de dólares a través de la subasta de divisas, que utilizó para comprar equipos de los dos proveedores que reclutó para unirse a la trama. Este montante representó más del 65% de los fondos que el gobierno venezolano otorgó en la subasta de divisas de 2014.
Como parte del acuerdo con EEUU, Telefónica Venezolana y su matriz, Telefónica, han acordado, entre otras cosas, seguir cooperando con la Sección de Fraude de la División Penal y la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en cualquier investigación penal en curso o futura que surja durante la vigencia del pacto. Además, Telefónica Venezolana y Telefónica han acordado mejorar su programa de cumplimiento normativo (compliance) «cuando sea necesario y apropiado», e informar al gobierno sobre las mejoras y la implementación de su programa de compliance mejorado.
Compromisos de Telefónica
Por otro lado, el Departamento de Justicia consideró en su acuerdo la cooperación de Telefónica en la investigación. La operadora puso voluntariamente a disposición del caso a los empleados que se encontraban fuera de los Estados Unidos para entrevistas en el país, entregó una cantidad significativa de documentos para el departamento, y colaboró en recopilar, analizar y organizar pruebas e información voluminosa para el departamento. Aunque advierte que en una fase inicial de la investigación la operadora «no identificó, recopiló, produjo y divulgó oportunamente ciertos registros e información importante».
Telefónica Venezolana también implementó medidas correctivas oportunas como despedir y sancionar a empleados involucrados, fortaleciendo su programa de cumplimiento anticorrupción mediante la creación de una división de cumplimiento independiente, designando un Director de Cumplimiento (compliance) con acceso directo al Comité de Auditoría del Directorio e invirtiendo en recursos de cumplimiento adicionales en todas sus operaciones globales.
Además, la operadora ha replanteado su proceso de revisión y aprobación para transacciones con precios no estándar, incluyendo asegurar que la función de compliance revise todas esas transacciones globalmente; ha mejorado sus controles internos para precios y otras transacciones con la asistencia de una firma de contabilidad forense; fortalecido los procesos de investigación, participación y monitoreo de terceros, incluyendo la implementación de controles adicionales sobre pagos a terceros a través de una herramienta de software patentada; y establecido procesos de evaluación de riesgos y auditoría para revisar y actualizar regularmente el programa de cumplimiento y mitigar de otra manera los riesgos comerciales.
