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El informe que la Comisión Europea publica cada verano sobre el Estado de derecho en los países miembros está siendo fruto de unas duras negociaciones que a tres días de su publicación aún están abiertas en lo relativo tanto a los asuntos que va a tratar como al alcance de las advertencias sobre los mismos. Al cierre de esta edición es seguro que, en el capítulo dedicado a España, volverá a incidir en el estatus del fiscal general del Estado y en concreto en la falta de independencia derivada de la vinculación entre su nombramiento y el del presidente del Gobierno.
Según ha podido saber ABC, todo parece indicar que el texto, que se publica este miércoles, constatará que en España no se ha producido ningún avance en relación con las advertencias que ya se han hecho en años anteriores sobre la falta de autonomía del Ministerio Público. Esta llamada de atención desde las instituciones europeas es una preocupación recurrente. De hecho, en el informe de julio de 2023 ya se advertía de que el Gobierno no había avanzado en el fortalecimiento del estatuto del Fiscal General teniendo en cuenta los estándares europeos de independencia y autonomía del Ministerio Público.
En los últimos años la Comisión ha venido señalando que la potestad del presidente del Gobierno de nombrar al máximo responsable del Ministerio Público cuando llega a La Moncloa, aunque no tiene la capacidad de destituirlo, es un factor que opera en contra de la necesaria independencia de una institución clave para el correcto funcionamiento del Estado de derecho.
A esta circunstancia que viene de atrás, hay que añadir los acontecimientos ocurridos en el último año, cuando el fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha estado rodeado por grandes polémicas en torno a su independencia. La Sala Tercera del Supremo, de lo Contencioso Administrativo, dictó en noviembre del 2023 una sentencia señalando la desviación de poder en la que incurrió García Ortiz cuando promovió a su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, a la categoría de fiscal de Sala y la nombró fiscal de Sala de lo Militar del Alto Tribunal. Antes de ser fiscal general, Delgado había desempeñado el cargo de ministra de Justicia y, en medio, concurrió a las elecciones generales por el Partido Socialista. Hace apenas dos meses, la Sala Tercera ha vuelto a hacer lo mismo con el nombramiento de Delgado para la Fiscalía de Memoria Democrática.
Nuevo incidente
En los últimos meses se ha producido, además, otro incidente que puede acabar con el fiscal general imputado ante la Sala Segunda del Supremo, de lo Penal, por un presunto delito de revelación de secretos. El motivo es una nota de prensa publicada por la Fiscalía en marzo pasado sobre el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El pasado 15 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) envió el asunto al Supremo para que decida si le imputa o no.
Fuentes comunitarias explicaron a ABC que «hay una parte importante del informe que es analizar qué han hecho los países miembros con las recomendaciones que la Comisión hizo en años anteriores». Sobre este asunto, el Gobierno no ha adoptado ninguna iniciativa.
Por el contrario, el informe sí hará una evaluación positiva del acuerdo alcanzado por el Gobierno y el PP para desbloquear el Consejo General del poder Judicial, si bien aún queda por ponerse en marcha la segunda parte: la modificación del sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de jueces y magistrados, como acordaron el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el hoy vicepresidente del Parlamento Europeo, el popular Esteban González Pons, en presencia del comisario Didier Reynders.
Precisamente, según ha podido saber ABC, para la Comisión este acuerdo ha supuesto un gran éxito por dos motivos: es la prueba de que fue un «acierto absoluto» nombrar un mediador, y que además fuera de la categoría del comisario Reynders; y es la primera vez que se logra que un país de un paso adelante sin que desde Bruselas se adopten medidas coercitivas.
En definitiva, en la Comisión hay satisfacción por como se ha resuelto un conflicto entre el Ejecutivo y el PP que estaba en vías de asfixiar al poder judicial y que había provocado enormes tensiones entre los tres poderes del Estado.
Sobrevuela la amnistía
Otro de los asuntos interesantes del informe tiene que ver con cómo valora la aprobación, el pasado 30 de mayo, de la ley de Amnistía, un asunto que ha marcado la política española desde las elecciones de hace un año y sobre el que el Partido Popular ha solicitado la intervención de las instituciones comunitarias.
Según ha podido saber este periódico, el informe de Estado de derecho en los Estados miembros no será especialmente duro con la amnistía, asunto que sobrevolará sin entrar en mucho detalle, dado que es un proceso que se ha desarrollado esencialmente en el año 2024 y aún está en el ámbito judicial español. De hecho, en este momento, la ley de Amnistía se encuentra pendiente de que finalice su recorrido en el Tribunal Supremo y pase a manos del Tribunal Constitucional. Lo que parece descartado es que alguno de los jueces afectados presente, al menos de momento, una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la unión Europea (TJUE), lo que supondría de facto una suspensión de la ley durante un periodo de entre 15 y 18 meses.
Otra de las cuestiones que se está barajando tiene que ver con las puertas giratorias, después de que el Parlamento Europeo aprobara en diciembre un informe en el que se exige mencionar y exigir cambios en los sistemas que permitan dar el salto del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, y a la inversa. En España, hay multiplicidad de casos, pero en la actualidad son especialmente significativos los de Laura Díez, que pasó del Ministerio de la Presidencia al Tribunal Constitucional; o el del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, que saltó del Gobierno al órgano que preside Cándido Conide-Pumpido. Obviamente, también es significativo el ejemplo ya mencionado de la exfiscal general Dolores Delgado.
Un 65 por ciento
En el informe de 2023, la Comisión Europea constató que el 65 por ciento de las recomendaciones del año anterior se abordaron total o parcialmente. Para el Ejecutivo comunitario, esto es la prueba de que estados miembros están realizando «importantes esfuerzos para dar seguimiento a las recomendaciones. Dado que las reformas para mejorar el marco del Estado de derecho llevan tiempo, esto refleja una evolución significativa a lo largo de solo un año. Al mismo tiempo, en algunos Estados miembros siguen existiendo preocupaciones sistémicas».
El informe examinó la situación en la UE en su conjunto y 27 capítulos por países en los que se revisa la evolución significativa en cada Estado miembro desde julio del 2022 a julio del 2023 . El informe incluyó una evaluación de las recomendaciones del año anterior y volvió a formular recomendaciones específicas a los Estados miembros, algo que también se espera que se haga este año.
El informe abarcó cuatro pilares: sistemas judiciales nacionales, marcos de lucha contra la corrupción, pluralismo de los medios de comunicación y otros controles y equilibrios institucionales.
