Dieciocho entidades sociales y pro derechos humanos han exigido al Ayuntamiento de Barcelona que paralice la compra de pistolas Taser para la Guardia Urbana, un arma que consideran «potencialmente letal» y que, recuerdan, ha causado ya una víctima mortal en Cataluña.
El comunicado lo suscriben, entre otros, Iridia, Sos Racismo, el Colegio Oficial de Trabajo Social, la Comisión de Defensa del Colegio de la Abogacía de Barcelona y la Federación Catalana de Entidades de Salud Mental En Primera Persona, en respuesta al anuncio del Ayuntamiento de que iniciará el proceso para adquirir 22 pistolas Taser para la Guardia Urbana.
Según las entidades, este tipo de pistolas, que provocan un efecto paralizante mediante una descarga eléctrica, tiene efectos sobre la salud de las personas, hasta el punto de que pueden causar la muerte, de acuerdo con los diferentes estudios que han analizado las Taser y documentado las consecuencias de su uso.
Los firmantes del manifiesto denuncian que la decisión del Ayuntamiento de introducir este arma en el cuerpo de la Guardia Urbana se basa únicamente en «un criterio policial», sin que se haya llevado a cabo un estudio independiente que evalúe su impacto sobre la salud y el ejercicio de los derechos fundamentales.
