Alberto Núñez Feijóo ha utilizado el tono más grave para referirse, este miércoles, al acuerdo entre el PSOE y Junts para delegar las competencias de inmigración a Cataluña. Hasta el punto que lo ha declarado “la cesión más grave que hemos vivido en la historia constitucional”, por lo tanto, desbordando la amnistía a los independentistas catalanes, contra la que el PP libró una ofensiva durante meses. El líder del PP ha defendido hoy que el acuerdo sobre inmigración “compromete la seguridad nacional”, y ha insistido en que lo revertirá si llega al poder. Los populares siguen estudiando cómo recurrirlo también en los tribunales.
Feijóo ha explicado que considera este pacto tan dañino “porque las consecuencias desbordan la coyuntura local”. “No se perpetra solo con el artículo 149 de la Constitución, sino que se perpetra contra el [artículo] 2 de la Constitución, contra la unidad de la nación”, ha reflexionado en un discurso pronunciado en el congreso de Faconauto, la patronal de concesionarios de coches, en Madrid.
El líder del PP ha cuestionado el acuerdo con Junts, además, “porque el único motivo por el que se toma esta decisión es porque un partido político lo exige”. Los populares han llegado a algunos pactos con el partido de Carles Puigdemont en los últimos meses, como el que tumbó el impuesto a las eléctricas en el Congreso de los Diputados, aunque argumentan que los suyos no implicaban “cesiones”. “El resultado puede ser muy grave”, ha subrayado este miércoles Feijóo sobre el pacto del PSOE con los de Puigdemont. “Las fronteras son política de seguridad nacional. Se está comprometiendo la seguridad nacional para que el actual presidente siga en el poder”, ha criticado. El acuerdo entre el PSOE y Junts, conocido esta semana, no contempla la delegación del control de fronteras, sino una pequeña parte, como el control documental. Se hará mediante el artículo 150.2 de la Constitución, que permite que el Estado trasfiera o delegue en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal. El PP de Feijóo considera que en este caso esa delegación es inconstitucional. “El Gobierno nos está desprotegiendo con el desmantelamiento del control fronterizo del Estado”, ha incidido hoy el líder de la oposición.
Casi todos los gobiernos han utilizado ese artículo en el pasado para delegar competencias. Aznar lo usó, tras su pacto con Pujol, para ceder a la Generalitat las atribuciones sobre el tráfico. Será el Tribunal Constitucional quien decida sobre el encaje de la medida si el PP la acaba recurriendo, como insinuó este martes. El plan no tiene mayoría en el Congreso por el rechazo de Podemos, que desconfía de que una Generalitat en manos de Junts —al que considera un partido antiinmigración— garantice los derechos de los inmigrantes.
