Centenares de colectivos feministas aglutinados en la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres han pedido este viernes la derogación de la ley trans como consecuencia de los casos de cambio de sexo registral en la Comunidad de Madrid por parte de maltratadores que, sirviéndose de la norma de Irene Montero, han logrado esquivar la Ley Integral de Violencia de Género. El Ministerio de Igualdad dice estar pensando en una respuesta «firme, fiable y dentro de la ley», pero esto no es suficiente para las feministas, que piden su retirada.
La carta de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres llega después de que seis varones identificados como maltratadores en el sistema VioGén hayan modificado su sexo y tres de ellos hayan solicitado la atención prevista para las mujeres víctimas en los puntos municipales. «La posibilidad de solicitar el ingreso en casas de acogida es factible para cualquiera que recurra al cambio registral de sexo, como consecuencia de la aprobación de la ley trans que incluye la autodeterminación como elemento central de la norma», denuncian las feministas.
«Ya alertamos de que esta norma creaba situaciones de inseguridad jurídica en diferentes ámbitos de la vida social, y en el paquete de propuestas de enmiendas que elaboramos en su día alertamos de que la ley trans entra en conflicto con la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género», explican las feministas, que abundan en este sentido: «El Consejo General del Poder Judicial ya indicó en su informe que la norma no establecía disposiciones suficientes para garantizar que los maltratadores no puedan aprovecharse».
En sus consideraciones a la ley, las feministas ya indicaron que la comisión de delitos de violencia machista o sexual debería implicar la revocación del cambio de sexo registral y que las penas privativas de libertad deben cumplirse en el módulo penitenciario correspondiente al sexo biológico, a fin de garantizar la seguridad y la integridad física de las mujeres presas.
«Este caso también pone de manifiesto cómo será tergiversada la realidad estadística ya que estos varones autoidentificados como mujeres pasarán a ser considerados mujeres maltratadoras de mujeres en el marco de un delito de violencia doméstica, cuando en verdad estamos ante casos de violencia machista», zanjan desde la Alianza, que pide la «retirada urgente» de la ley.
Otra polémica
La polémica de los maltratadores que utilizan la ley trans para esquivar la Ley Integral de Violencia de Género se suma a la generada hace dos semanas por la asociación Trans No Normativos, compuesta principalmente por policías y militares que han cambiado su sexo registral de varón a mujer, y que por esto mismo gozarán de una habitación propia en el Ejército y hasta de un complemento para la reducción de la brecha de género en su jubilación.
Y eso que las integrantes de la asociación TNN son tan sólo 200 de las 3.160 personas que en 2023 cambiaron su sexo registral de varón a mujer. Más que a la inversa: 1.979. Su objetivo es ofrecer asesoramiento legal a quienes deseen realizar la misma transición, así como «ayudar y dar visibilidad a personas trans que no tienen una expresión de genero acorde a lo que la sociedad entiende como mujeres, para que el feminismo tradicional y excluyente no nos borre de la sociedad».
