La capital gallega fue este martes testigo de un nuevo episodio del conflicto interno entre el Grupo Municipal Socialista y la agrupación local de Santiago. La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE dio un paso más y comunicó la «expulsión definitiva» a cuatro de … los seis ediles que tiene en la ciudad, que en el verano pasado desoyeron las órdenes del partido y votaron a favor de una ordenanza sobre las viviendas de uso turístico, en vez de abstenerse. Una decisión que para los afectados –Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Marta Álvarez y Mila Castro– responde a «intereses particulares» y a la «voluntad poco democrática de modificar arbitrariamente a los representantes institucionales» en el Ayuntamiento, como si de «cromos» se tratase.
La decisión comunicada este martes, según informó la agrupación provincial de los socialistas de La Coruña, se enmarca el proceso iniciado el 24 de enero, cuando se comunicó la expulsión provisional a estos concejales, una vez finalizada la tramitación del expediente y analizadas las alegaciones presentadas. Responde, señalan, a faltas «graves» y «muy graves» de la normativa de la formación, fundamentalmente «la obstrucción a la labor y decisiones de los órganos del partido» y a la «actuación, por acción u omisión, en contra de acuerdos adoptados por los órganos de dirección del partido que afecten a las instituciones»; sumado, en el caso de Muíños, al hecho de haber desempeñado «cargos públicos o asimilados sin la autorización expresa de los órganos competentes». Esto es, por haber continuado en su puesto como portavoz municipal, que en enero el PSdeG cedió a otro miembro del grupo, Gumersindo Guinarte.
Además, exponen que «la normativa del PSOE» contempla que la resolución del expediente sea «de inmediato cumplimiento«, y que la interposición de un recurso –para lo que tienen un plazo de diez días– «no supondrá la suspensión de la ejecución de la resolución sancionadora». Por lo tanto, a ojos de la formación, estos cuatro ediles pasarían a tener la condición de ‘no adscritos’. No hacen la misma lectura los afectados que, en un comunicado, aseguran que, precisamente porque cabe presentar recurso, la resolución «no es firme».
El informe elaborado por la secretaría general del Pleno de la corporación, señalan, estipula «claramente» que «no tendrán la condición de ‘no adscritos’ los concejales que no fuesen sancionados con la expulsión firme del partido o formación política con los que concurrieron a las elecciones». Como consecuencia, según explican desde el Grupo Municipal, la resolución «no tiene efectos organizativos en lo que se refiere al funcionamiento normal del Concello». De este modo, todos ellos seguirán adscritos al grupo socialista y, en el caso de Muíños, continuará ejerciendo como portavoz.
Se muestran muy críticos, además, con los motivos que han propiciado que el expediente de expulsión provisional pase ahora a definitivo. Estos, aseguran, «nada tienen que ver con aquellos primeros expedientes» en los que se cuestionaba votación de la ordenanza de las VUT, en la que, pese a que el PSdeG local ordenó abstenerse, votaron a favor en un ejercicio de «compromiso y lealtad». La polémica generada al respecto, aseveran, no fue más que una «cortina de humo» para promover cambios dentro del grupo, «como si la democracia fuese un juego de intercambio de cromos».
Mantienen así la denuncia que hicieron en enero, cuando condenaron que el objetivo de este procedimiento era «forzar dimisiones para conseguir que el secretario local del PSdeG-Santiago pudiese acceder a la Corporación Municipal», en referencia a Aitor Bouza. Son estos «intereses particulares» los que, a ojos de los concejales, están detrás de «la campaña de deslegitimación» de los últimos meses, a la que ahora, lamentan, parece que se han unido sus otros dos compañeros del grupo municipal. En todo caso, ya avanzan que «agotarán todas las vías de defensa» a su disposición.
Esta noticia también generó inseguridad en lo que a los presupuestos de este año se refiere, que a finales de mes se llevarán al pleno municipal. Son, recordó el concejal de Facenda, Manuel César Vila, fruto de un «acuerdo» con «la totalidad del grupo Municipal Socialista», esto es, de los seis concejales. Tras conocerse la expulsión definitiva de cuatro de ellos, reconoció ante los medios que no sabe qué pasará en el pleno en el que se lleven las cuentas, pero, en todo caso, apeló a la «responsabilidad de los acuerdos negociados», aseverando que ahora, con el proyecto de presupuestos aprobado, no es «serio» realizar modificaciones.
