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La creación de un fondo mundial para establecer pagos por el uso de secuencias genéticas digitalizadas constituye uno de los más importantes logros de la Cumbre de Biodiversidad de Cali (COP16), un punto que tendría incidencia en países subdesarrollados como la República Dominicana, que cuenta con un “fortalecido” marco regulatorio sobre el acceso a recursos genéticos, según las autoridades.
El Ministerio de Medio Ambiente describe los recursos genéticos como “todo material proveniente de cualquier forma de vida, ya sea vegetal, animal, microorganismo y otra que contenga genes o unidades funcionales de herencia”.
Estos recursos son empleados por industrias farmacéuticas, agroindustrias y biotecnológicas en investigaciones, según explicó la directora de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Marina Hernández.
Pocos beneficios
La funcionaria agregó que pese a que estos estudios se hacen de la biodiversidad de los países en desarrollo “quienes producen y tienen beneficios monetarios de esas investigaciones son los países desarrollados”.
“Las grandes empresas que pueden hacer investigaciones sobre una planta, por ejemplo, hacen el acceso a los recursos genéticos y de ahí sale un medicamento. Ese fármaco puede ser muy costoso, pero de donde sale esa planta no recibe un centavo”, señaló.
Según la funcionaria, ahí entra este mecanismo multilateral: “Que esos beneficios sean compartidos con los países que aportan esos recursos”.
¿Quién pondría el dinero en Fondo Cali?
Los países establecieron que las industrias que cumplan con dos de tres criterios, deben aportar. Esos criterios dependen de si las compañías superan ciertas cantidades de dinero: que sus activos sean superiores a los 20 millones de dólares, sus ventas sean por más de 50 millones o que sus ganancias sean como mínimo cinco millones de dólares.
Quienes lo cumplan, deberían dar el 1 % de sus ganancias o el 0,1 % de sus ingresos al fondo. Y aunque se creó un comité para decidir qué países se benefician del dinero, establecieron que serán los lugares de mayor biodiversidad, de donde hayan salido los recursos genéticos y que sean también los más necesitados.
RD y los contratos de acceso a recursos genéticos
La directora de Biodiversidad de Medio Ambiente indicó que, en términos de las normas sobre el acceso a estos recursos, República Dominicana es uno de los países de la región con mayores avances, junto a Costa Rica y Brasil.
Explicó que, anteriormente, “cuando venía un investigador, tomaba la planta, se la llevaba y hacía sus investigaciones. Salía un producto y el país nada, no podía reclamar lo que le correspondía”.
Según lo señalado por la funcionaria, esta situación cambió luego de que el país suscribiera el Protocolo de Nagoya, adoptado en 2010 y en vigencia desde el 2014. Este acuerdo tiene como objetivo garantizar la distribución justa y equitativa de los beneficios que surgen de la utilización de los recursos genéticos.
“Al tener el Protocolo de Nagoya podemos hacer un contrato de acceso cuando se hacen esas investigaciones”, indicó Hernández, quien sostuvo que a través de este contrato entre un investigador y el Ministerio de Medio Ambiente, el primero “puede hacer su investigación, y si tiene que exportar esa muestra, lo puede hacer con la autorización del Ministerio”.
Actualmente República Dominicana tiene 80 investigaciones con contrato a acceso de recursos genéticos, de acuerdo a la funcionaria, que explicó las implicaciones que conlleva no tener esa autorización del Estado: “Nos ha pasado que los investigadores vienen, toman la muestra, se la llevan y cuando llegan al laboratorio preguntan por ese contrato. El investigador pierde la investigación y los recursos por no tenerla”.
El gobierno dominicano ha establecido tres tipos de contratos de acceso a recursos genéticos: conservación, investigación y comercialización. Sobre el primero, Hernández sostuvo que se estableció debido a que algunas investigaciones sometidas ante el Ministerio tenían un fin de preservar a la especie objeto de estudio. “Este tipo de contrato es más rápido, pero está protegido el investigador”, expresó.
¿Cuáles son las cláusulas?
Marina Hernández detalló que dentro de un contrato de acceso a recursos genéticos hay beneficios que incluyen a las localidades donde se origina el producto, aunque estos no suelen ser económicos; la razón fue explicada por la directora de Biodiversidad: “Todos los fondos que llegan al Estado van a la Cuenta Única del Tesoro y es muy difícil destinar una partida para las comunidades de donde se origina el producto”, dijo.
Sostuvo que las autoridades han optado por establecer por contrato algunas condiciones para las empresas que utilizarán el recurso, como generar empleos y debido a que la mayoría de las investigaciones involucran especies nativas o endémicas, programas de conservación.
El primer contrato
La directora de Biodiversidad recordó que el primer contrato de acceso a recursos genéticos suscrito en República Dominicana involucró investigaciones con el alacrán de Neyba, del que se extrae el veneno para fines medicinales. Este convenio fue suscrito en 2008.
“Ese fármaco se utiliza para fines de tratamiento por cáncer. Tiene certificación de Salud Pública y tenían una patente previa, que abarcaba el solo registrarse y no tienen que sacar aquí patente. Actualmente la empresa está en la fase de comercialización”, informó la funcionaria.
Añadió que, como parte del acuerdo, la empresa, de capital estadounidense, se comprometió a instalar un bioterio, con el objetivo de extraer el veneno sin lastimar a los alacranes.
Hernández manifestó que el Ministerio de Medio Ambiente trabaja en una segunda revisión de su reglamento de acceso a recursos genéticos, que cuenta como base jurídica a la Ley Sectorial de Biodiversidad.
