El Gobierno gallego, a través del conselleiro de Mar, Alfonso Villares, ha rebatido este jueves ante el Tribunal General de la Unión Europea, en Luxemburgo, los argumentos de carácter técnico y científico empleados por la Comisión Europea (CE) para imponer restricciones a la actividad pesquera de fondo en 87 áreas del Atlántico nororiental, alegando el fuerte «impacto negativo» que supondría para el tejido socioeconómico gallego. El recurso que ha defendido el jueves Villares cuenta con el apoyo de una quincena de colectivos, entre ellas la Organización de Productores Pesqueros de Burela (Lugo).
La defensa de la Xunta se basó en intentar demostrar, por un lado, que el palangre demersal –herramienta empleada para la captura de merluza– no reúne las condiciones tipificadas por el reglamento base; y, por otro, en argumentar que dicha modalidad de palangre no figura en la clasificación establecida sobre protección de los ecosistemas marinos vulnerables (EMV) de alta mar frente a los efectos adversos de la utilización de artes de fondo, recoge Ep.
En un comunicado, la Xunta critica, por parte de la CE, una estrategia «excesivamente medioambientalista que no atiende a otros factores relevantes», como el social o el económico. E insiste en el peso que supone el sector pesquero en la economía gallega, con un valor agregado bruto (VAB) 25 veces superior al que sostiene en la UE y seis veces superior al del conjunto de España: supone «la principal actividad económica en un tercio de los ayuntamientos gallegos».
Además de las quince entidades que apoyan la tesis gallega, también lo hacen organismos científicos, como el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), que asesora a la CE, y que ha indicado que la medida no tiene base científica. Igualmente, le da la razón un reciente informe del Parlamento Europeo que indica que el veto en las 87 zonas de aguas comunitarias no está fundamentado y no atiende a las particularidades de las diferentes artes como el palangre o la volanta.
La estimación que baraja el Gobierno gallego, que participa en calidad de coadyuvante de la parte demandante, es que la imposición de restricciones afecte de manera directa a 200 embarcaciones y a otras 946 de artes menores de forma indirecta. Al hilo, el titular de Mar ha destacado el compromiso de la Xunta al defender el modo de vida de la gente del mar ante las instituciones comunitarias, frente a una decisión tomada por el comisario de Pesca que ha considerado «injusta y discriminatoria» y que carece de fundamentos técnicos e científicos.
Según informa el Ejecutivo gallego, el conselleiro ha puesto en valor la sostenibilidad que aporta la actividad pesquera de la flota de la comunidad y ha reiterado la necesidad de que, en este nuevo mandato, la Comisión cuente con un comisario específico de Pesca que responda de una manera equilibrada y eficaz a las necesidades del sector, en el que Galicia tiene un destacado liderazgo a nivel europeo, y que a la vez permita garantizar la necesaria soberanía alimentaria de todo el continente.
Al terminar, Villares ha manifestado su deseo de que la justicia europea atienda a la argumentación presentada por el sector y la Xunta y permita dar marcha atrás al veto de la pesca de fondo.
