La decisión de Vox de retirar su apoyo al Partido Popular en las comunidades autónomas donde gobernaban juntos hasta ahora tiene un inconfundible aroma a estrategia política. Porque solo desde una óptica puramente electoral es posible entender que se vayan a romper cinco gobiernos sin un motivo claro que lo justifique.
Da la impresión de que el tema del reparto de los menas es una excusa. Porque ni lo que ha hecho el Partido Popular es algo distinto a lo que se venía haciendo hasta ahora, ni hay una alternativa razonable para solucionar la saturación migratoria en Canarias.
Vox siempre ha llevado a gala su defensa de la unidad de España y, precisamente por ello, resulta paradójico que, ante un problema en una parte de nuestro territorio, considere un disparate que se busque una solución entre todos para aliviar la situación de las islas. Y por cierto: esta no es una cuestión de solidaridad como equivocadamente dicen algunos (solidaridad sería si estuviéramos echando una mano a Portugal). Esta es una cuestión de responsabilidad: un problema de Canarias es un problema de España.
Además, nuestro país está en la obligación de tutelar a esos menores. Ahora bien, es evidente que el reparto entre comunidades debe ser justo, sin que el Gobierno conceda intolerables excepciones a sus aliados parlamentarios, y tiene que incluir recursos financieros para que esos chicos puedan ser atendidos debidamente y recibir una educación y formación adecuadas para que cuando sean adultos puedan contribuir a la riqueza del país que un día les acogió. De lo contrario, terminarán buscándose la vida de cualquier manera y serán un foco de problemas.
Y precisamente el PP ha pedido ambas cosas, por lo que no se entiende muy bien qué es lo que quiere Vox o cuál es su solución para resolver el problema que ahora mismo tenemos planteado. Porque conviene recordar que la expulsión de los menores no es una opción por ilegal y por imposible de ejecutar, al desconocerse en la mayoría de los casos cuáles son sus países de origen.
Por tanto, la única explicación razonable de la ruptura tiene que ver con un cálculo partidista. Que Vox haya llegado a la conclusión de que ahora mismo lo que más le beneficia es salirse de los gobiernos, marcar perfil propio, distanciarse del PP y, de paso, evitar la sangría de votos hacia Se Acabó La Fiesta, el partido que más está explotando de forma populista el problema migratorio.
La jugada es arriesgada, pero hay que reconocerle cierta valentía a los de Abascal, pues se conocen pocos casos en la historia de políticos capaces de bajarse del coche oficial una vez que lo han probado. Vox sabe que está muy documentado ya que el pequeño siempre sale trasquilado de una coalición de gobierno, y si no que se lo pregunten a Podemos o a Sumar. Si hubieran roto a tiempo con Sánchez, seguramente ahora les iría mucho mejor.
Pero, curiosamente, la ruptura de Vox también aporta indudables beneficios al Partido Popular, pues automáticamente les centra y les permite romper el discurso del Gobierno de que todo lo que hay a su derecha es pura «fachosfera». Ya nadie les podrá reprochar que se han mimetizado con Vox, dado que en algunos temas, como puede ser el de la inmigración, tienen opiniones diferentes.
Por tanto, los únicos damnificados con la ruptura van a ser los ciudadanos de las comunidades autónomas afectadas, que van a pasar a tener gobiernos más inestables y probablemente inoperantes. Y no se puede descartar que en alguna región haya incluso que pasar pronto por las urnas.
No obstante, ese perjuicio puede que sea asumible por las parroquias de ambos partidos en aras de un fin mayor: que en caso de que haya elecciones generales se produzca esta vez sí un resultado que impida que Sánchez siga en Moncloa. Y es que conviene no olvidar que sin gobiernos regionales PP-Vox va a ser muy difícil sostener la alerta antifascista durante la campaña electoral. Nadie podrá esgrimir ahora el miedo a Vox como argumento para movilizar a la izquierda si resulta que Abascal y Feijóo ya no son socios.
