De aquel lejano Gobierno formado por Pedro Sánchez en 2018 tras la moción de censura que se llevó por delante a Mariano Rajoy sólo quedan en pie, aparte del presidente, tres piezas: Margarita Robles, María Jesús Montero y Fernando Grande-Marlaska. No me atrevería a decir si esta longevidad –siete años seguidos pisando moqueta ministerial– es fruto de su eficiencia o de su lealtad, aunque, tratándose de Sánchez, seguro que lo segundo pesa más que lo primero. Pero ese triunvirato ministerial no debería esconder otros casos de permanencia en el cargo en lo que podríamos calificar de segundo nivel.
Uno, y muy llamativo, es el de Luis García Montero, el actual director del Instituto Cervantes, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Ignoro si su nombramiento fue a propuesta del entonces ministro del ramo, Josep Borrell, o si se trató de un dedazo del propio Sánchez. Sea lo que fuere, el hombre ya ha visto pasar un total de tres ministros y ahí sigue, hasta el punto de que a estas alturas es el director que más años ha estado al frente del Instituto.
Pero la dirección del Cervantes García Montero la ha compaginado, entre otras actividades, con una colaboración semanal en el diario El País, donde lleva años estampando su firma todos los lunes en la contraportada. Confieso que siempre me ha sorprendido que un cargo público no viera impedimento alguno en compatibilizar su labor institucional con la escritura en prensa. Hablo, por supuesto, de una colaboración periódica; el que un político escriba de vez en cuando en los medios, y en especial si lo que escribe trata de asuntos que atañen a la tarea que está desarrollando y pueden considerarse, pues, de interés general, lo encuentro más que razonable.
Pero no es el caso de García Montero. Como he indicado, el director del Cervantes escribe una columna cada lunes desde hace años, y encima en la página de mayor notoriedad del periódico, a excepción de la primera. No contento con esto, en vez de dejar a un lado la actualidad política y dedicar su artículo, pongamos por caso, a la lírica, la filatelia, la trashumancia o a algún suceso pintoresco del que haya sido testigo, García Montero se sumerge a menudo en el mismo cenagal en el que se va hundiendo, día tras día, el Gobierno al que sirve.
Así, el lunes de la pasada semana arremetió en su columna contra los jueces. Perdón, no contra todos; sólo contra los que «se salen de su decencia profesional para sustituir a la voluntad del pueblo encarnada en la política [,] aprovechan la crispación y buscan protagonismo, convertidos en una autoridad social sin límites que no distingue entre denuncias, pruebas, indicios y sospechas». Lo cual le llevaba a sentenciar: «Si este tipo de jueces consigue convertir su soberbia en costumbre jurídica, un poder judicial autopoderoso se convertirá en el problema más grave de la democracia».
«El fiscal general y sus seguros servidores no han dudado en recurrir a los medios más rastreros para entorpecer la tarea de la justicia»
Que hable de decencia profesional quien no tiene inconveniente en cometer, o cuando menos en permitir, cuantas irregularidades sean necesarias con tal de favorecer a una subordinada facilitándole una plaza de funcionaria en el Instituto que dirige, tal como reveló aquí mismo Antonio Rodríguez, dice mucho de la probidad del columnista. Pero al margen del alegato contra «este tipo de jueces» –donde es fácil adivinar los nombres de todos aquellos que tienen en sus manos procedimientos judiciales vinculados a casos de corrupción que afectan al círculo familiar y político del presidente del Gobierno–, lo que en verdad resulta asombroso es el remedio propuesto por García Montero para impartir justicia: la Fiscalía, escribe, «el único contrapoder que puede enfrentarse a la soberbia judicial».
Y al referirse a la Fiscalía está pensando, claro está, en el fiscal general y su tropel de seguros servidores, que no han dudado en recurrir a los medios más rastreros para entorpecer la tarea de la justicia cuando esta podía perjudicar los intereses de Pedro Sánchez. Así las cosas, que esta misma semana haya trascendido que el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha dictado un auto por el que se envía a juicio al fiscal general Ángel García Ortiz y a Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial de Madrid, acusados de filtrar datos privados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid siguiendo indicaciones de Presidencia del Gobierno, no habrá sino confirmado, a ojos de García Montero, la magnitud de la soberbia de «este tipo de jueces».
Valga como circunstancia eximente de su, llamémosle, pensamiento, la información que sobre el caso viene publicando el propio periódico en que García Montero publica, lunes tras lunes, sus columnas y que sin duda es el suyo de cabecera. Y también, claro –aunque aquí no hay absolución posible, sino terca persistencia en un despotismo institucionalizado–, el que, como buen comunista, lo que en el fondo desearía es un Poder Judicial subordinado al poder político. Eso sí, siempre y cuando mandaran los suyos.
