Álvaro García Ortiz se encuentra a un paso del banquillo por la filtración de datos reservados del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Un escenario insólito para un fiscal general, aunque él se resiste a dejar el cargo para «continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa». «Dimitir es un nombre ruso», lamenta Juan Antonio Frago, abogado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), una de las seis acusaciones populares personadas en la causa. Rechaza que detrás de esa decisión exista un motivo espurio ni político.
«El objetivo es defender la dignidad del Ministerio Público dentro y fuera de la institución», insiste enérgico. La asociación profesional que presidió entre 2019 y 2021 se personó tras conocer la imputación de García Ortiz el pasado octubre y ante la previsión de que la Fiscalía no ejerciera la acusación, como dice que han podido comprobar en estos meses. APIF pide seis años de cárcel y 12 de inhabilitación para el fiscal general por revelación de secretos y prevaricación. En su opinión, acceder a la información «con nocturnidad» también es delito.
Frago (Zaragoza, 1979) no tiene dudas de que la filtración formaba parte de una estrategia contra un rival político. Subraya que la APIF no tiene sesgo político y no está en la causa para defender al novio de Ayuso. Este fiscal en excedencia considera que la imagen de la Fiscalía «ha sido pisoteada» y que en estas circunstancias no es posible plantear ninguna reforma de la carrera. El Gobierno pretende que los fiscales se hagan cargo de la instrucción de los procesos penales, como ocurre en la mayoría de países europeos. Sin embargo, el protagonista de esta entrevista señala que se trata de un trampantojo porque el único interés es «decapitar la independencia».
PREGUNTA.- ¿Cómo llega al caso del fiscal general?
RESPUESTA.- En su día fui presidente de la APIF entre 2019 y 2021. Me tocó el tiempo convulso de Dolores Delgado, la pandemia… En 2021 dejé la carrera fiscal. Pedí la excedencia para pasar al ejercicio libre de la abogacía con mi socia, Verónica Suárez, y les he llevado algunos otros asuntos de naturaleza asociativa. No me podían dejar fuera del gran evento judicial que era el pleito contra el fiscal general.
P. ¿Cómo reacciona cuando se lo piden?
R.- Lo vi como un gran honor y como un deber, porque ya habíamos visto todo lo que había ido trascendiendo desde que se filtraron los hechos allá por el 13-14 de marzo, todo lo que pasó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), las declaraciones de los primeros investigados y, por lo tanto, comprendimos la enorme gravedad del asunto, hasta el punto de que el Tribunal Supremo asumió la competencia al entender que había índices de criminalidad allá por octubre del año pasado. La APIF tardó muy poco en decidirse y en ponernos manos a la obra.
P.- ¿Por qué se persona la APIF? Mucha gente habla de animadversión a García Ortiz.
R.- He visto que en prensa se hace referencia a que es una asociación ultraderechista cuando, por poner un ejemplo, entre sus miembros hemos contado, aunque se acaba de jubilar con Manuel Dolz, que fue secretario de Estado de Justicia con Pedro Sánchez y con Delgado como ministra.
P.- ¿Entonces?
R.- Dudo mucho que Sánchez nombre a un ultraderechista como secretario de Estado. La APIF es una asociación absolutamente independiente. Evidentemente cada individuo tendrá su ideología, pero digamos que desde un punto de vista estrictamente corporativo es absolutamente imparcial. Ha hecho huelgas contra gobiernos de la derecha y de izquierda. En ese sentido, yo entiendo que no hay ningún tipo de sesgo político. Obviamente algo tienen que decir los perseguidos, en este caso los investigados, para quitarle credibilidad a esta acusación. Pero vamos, desde luego que la razón política tiene que ser absolutamente excluida.
P.- Hay quien considera que están defendiendo al novio de Ayuso.
R.- No. Primero porque hemos pedido más pena que la acusación particular. En segundo, porque va a salir alguna cosa en el juicio oral que quizás al novio de Ayuso no le guste tanto. La asociación se personó cuando el asunto llegó al Supremo. Lo hizo porque vio que no iba a haber quien ejercitara el papel de fiscal, porque la teniente fiscal iba a cubrir la actuación de García Ortiz y, por extensión, de la fiscal jefe provincial. Era un auténtico escándalo que la Fiscalía desapareciera en una situación de esta naturaleza.
P.- ¿Por qué tiene que dejar el cargo García Ortiz?
R.- Creo que el artículo 145 del Reglamento de la Carrera Fiscal es clarísimo. En el momento en el que se dicta auto de apertura de juicio oral, que es lo que va a suceder ahora mismo, el precepto indica que cualquier miembro del Ministerio Fiscal, lo que incluye al fiscal general del Estado, tiene que ser suspendido de empleo y sueldo.
«La APIF no tiene ningún tipo de sesgo político. Algo tienen que decir los investigados para quitarle credibilidad a esta acusación»
P.- ¿Por qué cree que tiene tanto interés en aferrarse?
R.- Puede haber muchas razones. Para empezar, de naturaleza económica, porque no es lo mismo ser fiscal general con sueldo equivalente a presidente del Tribunal Supremo, a un fiscal que se tiene que ir por ahí a hacer juicios después de haber tocado moqueta. Eso tiene que ser muy duro. Puede haber razones de otra índole, como pueden ser de cobertura de cosas que haya podido pasar con el Gobierno, porque este señor, ya antes de ser fiscal general del Estado, salía en entrevistas o en foros en Galicia, en actos con el PSOE, con el logo detrás de su espalda. Es una persona que ha estado clarísimamente vinculada al PSOE y habrán pasado muchas cosas de las que habrá sido de una u otra manera participe.
P.- ¿Y por qué lo mantiene el Gobierno?
R.- Aquí hay dos cosas muy distintas. Tenemos el artículo 31 del estatuto orgánico que permitiría al Gobierno cesarlo. Y por otro lado, lo que hemos alegado ahora nosotros es el artículo 145 del reglamento, que indica la obligación de suspensión de empleo y sueldo, pero dentro de la propia Fiscalía. Claro que siempre se está pensando que va a ser un fiscal que ha participado en algo de corrupción y que va a ser el fiscal general quien le suspenda, no el propio fiscal general el que sea el concernido. Se tendrá que abstener y ejecutar el mandato reglamentario la teniente fiscal del Supremo.
P.- ¿Por qué añaden el delito de prevariación a la revelación de secretos?
R.- El Supremo y el querellante originalmente se han ceñido a la cuestión de la filtración. Pero nosotros hemos rebobinado y hemos ido un paso atrás. El acceso a los datos es ilegal porque el fiscal general, con haber abierto en su casa el ordenador, hubiera podido acceder al correo electrónico. Dicta una orden verbal que no va a poder ser trazada, no va a poder ser controlada. El concernido, en este caso Alberto González Amador, jamás va a poder controlar ni acudir a los tribunales de ninguna manera para luchar contra la legalidad de ese acto administrativo con nocturnidad, fuera de todo horario laboral y además con una finalidad absolutamente espuria que es obtener una comunicación privada entre el abogado y el fiscal del caso.
P.- ¿Consideran que esa filtración formaba parte de una estrategia contra un rival político?
R.- Sí, es algo absolutamente claro. De hecho hay un dato, al que no se le ha dado muchísima importancia, y es que cuando ya el fiscal general conoce la existencia de ese correo, tiene una llamada por WhatsApp con una persona que no sabemos quién es. Pero es justo a continuación de una llamada que dura solo cuatro segundos con un periodista de La Ser. Hablan mas o menos durante 20 minutos. No sabemos quién es la persona con la que habla; si es del Gobierno, el periodista de La Ser o si es otra persona. Evidentemente, a partir de ahí, ha podido diseñar la estrategia de difusión.
P.- ¿Y cómo sigue?
R.- Lo que sabemos es que todo esto se produce ya en horas intempestivas y que, a la mañana siguiente, Pilar Sánchez Acera (entonces jefa de Gabinete del director de Gabinete de Presidencia del Gobierno) ya está remitiendo a Juan Lobato la información para que la saque. Ante sus dudas sobre la legalidad, hacen que se publique en un medio para, digamos, blanquear la información y que la pudiera usar en la sesión de control del Gobierno autonómico.
P.- O sea, era una acción coordinada.
R.- Yo creo que sí. Y el magistrado instructor también parece tenerlo muy claro.
P.- ¿Es posible anular el proceso por el registro del despacho del fiscal general?
R.- Primero, qué se ha encontrado en su registro: que tenía el móvil borrado. Lo único que está queriendo borrar es un indicio que el móvil está borrado, porque el registro no da ninguna otra información.
P.- García Ortiz alega que se vulneraron derechos fundamentales.
R- Digamos que aquí se están superponiendo distintas explicaciones. En el primero de los recursos se dice que es nulo el registro porque se está afectando a posibles secretos de Estado. Luego resulta que el móvil está borrado y, a continuación, en el último recurso que se acaba de presentar, que está pendiente de resolución, el fiscal general nos dice que al haberse borrado el terminal, pues se le causa indefensión. Él ha recurrido también las comisiones rogatorias que podrían haber dado lugar a que se pescara toda la información, a priori, borrada.
P.- Durante ese registro le acompañaba la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, que es además la fiscal encargada del caso.
R.- Nosotros ya hicimos las alegaciones que estimamos oportunas. Tenía que ser apartada del proceso, solo que el magistrado instructor no nos dio la razón. Tenemos una regulación que es antigua, una ley de 1981, pero que, claro, no está previendo una situación tan lamentable como la que hemos vivido. Es decir, un fiscal general investigado penalmente, una teniente fiscal amiga íntima que está haciendo toda la labor de cobertura legal recurriendo absolutamente todo lo que contraríe a los intereses del fiscal general o de la otra investigada… Esto nos tendría que llevar a determinadas modificaciones legales en un futuro, pero con el actual Gobierno no se van a plantear nunca.
«Tras este caso se deberían realizar ciertas modificaciones legales, pero con el actual Gobierno no se van a plantear nunca»
P.- ¿Sánchez Conde y Pilar Rodríguez tenían alguna posibilidad de negarse a los mandatos del fiscal general?
P.- Sí. La fiscal jefe de Madrid tiene un cauce que es el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que permite negarse a ejecutar una orden que se considera ilegal. En ese caso hubiera tenido que pasar por el Consejo Fiscal. En el caso de la asunción del caso por la teniente fiscal estamos ante una situación de manifiesta amistad que no ha dado lugar a su abstención.
P.- ¿Eso supone que en el futuro se podrá recurrir la sentencia?
R.- No, porque eso afectaría más bien si fuera el magistrado quien incurriera en una causa de recusación. Pero no es el caso.
P.- ¿El Tribunal Constitucional podría tumbar el caso de García Ortiz?
R.- Como en todos los casos. Esa hipótesis de una revocación por parte del Constitucional podría darse fundamentalmente porque se haga una reinterpretación del tipo penal, como pasó con los ERE de Andalucía o en este concreto caso porque se considere nula la prueba de las entradas domiciliarias. Lo que ocurre es que aquí hay más pruebas porque han declarado y aportado Whatsapps otros fiscales. Además, hay otra prueba, como la nota de prensa, que es objeto de la continuidad delictiva. Es decir, que la mera anulación de las entradas en el domicilio profesional por sí solas no darían lugar a la absolución.
P.- En caso de que se abra juicio oral, ¿qué tendría que hacer García Ortiz?
R.- Hombre, ya por mera dignidad institucional tendría que dimitir.
P.- ¿Cree que lo hará?
P.- Yo creo que aquí nadie quiere dimitir. Como dicen los modernos, dimitir es nombre de ruso. Debería hacerlo, si no, ser cesado por la teniente fiscal del Supremo conforme al artículo 145 del Reglamento. Si continúa creo que va a espolear más todavía, si cabe, al Supremo a señalar pronto el acto del juicio porque nos vamos a encontrar ante una paradoja democrática muy difícil de entender: que un fiscal general en activo esté pendiente de juicio.
P.- ¿Se ha dañado la imagen de la Fiscalía?
R.- Yo creo que sí. Y muchísimo, además. No la imagen que a nivel individual puedan tener concretos fiscales que sean conocidos por el trabajo en su circunscripción, en el juzgado en el que habitualmente se mueven, pero a nivel global, sí. Solo es necesario darse un paseo por las redes sociales para ver todos los chistes que se están haciendo.
P.- Continúe.
R.- Es que la imagen ha quedado absolutamente pisoteada y va a tardarse mucho en recuperarla. Más cuando estábamos ante un momento histórico que llevamos aplazando, que es el del paso de la instrucción de los jueces a los fiscales, como pasa en la Fiscalía Europea o como pasa ya aquí con menores desde 2000.
«Con las reformas se piensa en acabar de decapitar la independencia que tienen a día de hoy los jueces para que el Gobierno de turno tenga una sumisión absoluta de los investigadores»
P.- ¿En estas circunstancias cree que los fiscales están en condiciones de asumir la instrucción penal?
R.- No. Tiene que haber una autonomía real. Creo que hay bastante desconocimiento en un punto. Se dice, en esencia, que una Fiscalía instructora tendría que ser algo así como el Poder Judicial. Es decir, absolutamente independiente. Pero eso no existe, en todos los países de nuestro entorno consolidado, Estados Unidos o los más avanzados de Europa, instruye el fiscal y al final, por ejemplo, en Francia, el ministro de Justicia es a la vez fiscal general del Estado.
P.- Interesante.
R.- En todos los países, al fiscal general lo nombra el Gobierno porque es el que ejecuta la política criminal del Estado. Esa es una cosa, pero otra cosa es que luego tienen una independencia de facto para la toma de decisiones de qué se investiga, cómo se investiga, incluso teniendo medios propios, que aquí no se está pensando en eso.
P.- ¿Y qué se pretende aquí?
R.- Se está pensando en acabar de decapitar la independencia que tienen a día de hoy los jueces para que el Gobierno de turno tenga una sumisión absoluta de los investigadores. Es muy importante, porque eso puede llevar a que enemigos políticos sean llevados a juicio, mientras que los amigos nunca lleguen a juicio porque no se ve nunca indicios de delito contra ellos. Estamos teniendo la prueba de que a día de hoy todas las investigaciones que están afectando al entorno del presidente del Gobierno como a su esposa, a su hermano, como es el fiscal general, veremos en próximos días al ministro Bolaños, la Fiscalía se opone, nunca ve delitos. Pero el caso es que se están lanzando a juicio oral.
P.- ¿Cómo ve la reforma del Ministerio Fiscal que planea el Gobierno?
R.- Pues es muy preocupante, aunque no la he estudiado en profundidad. Quieren amordazar todavía más a la Fiscalía en un poder que ya es muy piramidal para hacerlo todavía más.
P.- Y eso mientras el fiscal general está al borde del banquillo y el ministro de Justicia puede ser imputado.
R.- Bueno, el ministro de Justicia habrá que ver que dice el Supremo en la sala de admisiones. No puedo decir que la exposición razonada formulada por Peinado sea descabellada. Evidentemente, luego el Supremo es súper puntilloso con la concurrencia de los requisitos. Puede devolvérselo al juez instructor para que practique alguna diligencia más. Pueden pasar muchas cosas, pero desde luego sería una anomalía absoluta el que tanto el fiscal general estuviera pendiente de juicio y el ministro de Justicia investigado penalmente.
P.- ¿Por qué las acusaciones no piden penas similares?
R.- Yo puedo hablar por mí. Una de las cosas que he querido garantizar, precisamente, es la independencia de criterio respecto del resto. Ya me las veía venir con las amenazas de politización. Lo último que quería es que me vieran en una cafetería con alguien de Manos limpias o con el abogado del novio de Ayuso.
P.- ¿Cuál es su criterio?
R.- Nosotros hemos tenido siempre un criterio independiente. Hemos considerado que existe la prevaricación, que también Foro la ha pedido. Y en cuanto al descubrimiento de revelación de secretos, hemos sido los únicos al entender que el mero acceso a la información ya es delictivo, independientemente de que luego, además, exista la filtración.
«El mero acceso a la información ya es delictivo, independientemente de que luego exista la filtración»
P.- APIF es la única asociación profesional personada.
R.- La gran asociación de fiscales que existe en España se personó en un contencioso administrativo contra Eligio Hernández porque entendía que no cumplía los requisitos para ser fiscal general. Sin embargo, en algo de esta gravedad como es entender que ha podido delinquir, todo el mundo ha desaparecido.
P.- Pero no hay pruebas, solo indicios.
R.- Pero es que para abrir un juicio oral lo único que hacen falta son meros indicios, nada más. Hay un juez instructor, el de Instrucción 28, que ha entendido que había indicios de delito. Tenemos la sala del TSJM, que son tres magistrados, que también lo han entendido así; un instructor más y tres en la apelación en el Supremo; los cinco de la sala de admisión; más el instructor, el señor Hurtado; más los tres que han resuelto todas las apelaciones hasta el momento. Es decir, estamos hablando de. muchísimos magistrados de órganos distintos que, en principio, no se conocerán entre ellos. Muchos que han llegado a la misma conclusión de que hay indicios de delito. Luego en el juicio ya se verá.
