Cada vez que Paula García sale de su casa en el distrito madrileño de Villa de Vallecas recuerda que la amenaza se cierne sobre su cabeza. En la planta de arriba está la caldera del edificio, de la que se filtra agua sucia constantemente a su vivienda. Al lado de la puerta principal y 20 centímetros debajo del diferencial eléctrico, se ve el rastro de las goteras que se cuelan por una caja metálica, como lágrimas ennegrecidas que se alargan hasta el suelo.
El caso es uno de las más graves de la urbanización, aunque no es ajeno a las 220 familias que viven en el número 7 de la calle de Martín Muñoz de las Posadas. Los residentes acusan al propietario del bloque, Nestar, gestor inmobiliario del grupo —el tercer tenedor más grande de España, con cerca de 9.000 viviendas en cartera—, de incumplir sus responsabilidades de mantenimiento y de incluir cláusulas contractuales abusivas. En el interior de las viviendas, el moho se come los techos desde las esquinas y las manchas de humedad brotan de los muros. Los garajes y los trasteros se inundan cuando llueve. Azora, que opera bajo el nombre de Nestar, tiene al menos siete promociones en el barrio del Ensanche de Vallecas.
García se mudó en 2020 al piso 7-A del portal L, atraída por la tranquilidad que le brindaba educar a sus hijas dentro de una urbanización. “Se supone que es algo seguro tenerlas acá adentro sin que estén en la calle”, afirma esta madre que, tres años y medio después, no solo se ha visto obligada a buscar un parque en el exterior al que llevar a sus dos hijas a jugar, sino que tiene que lidiar con las paredes manchadas por las filtraciones que gotean cerca de los electrodomésticos.
“Mi preocupación son mis hijas o que me pegue un petardazo en la cocina”, confiesa. Un par de veces le ha saltado la luz. “Los azulejos se están cayendo”, narra mientras señala bajo el lavabo de la cocina. Las manchas se multiplican en el aseo y el salón. Por ser uno de los casos más graves, confirma haber recibido de Nestar una propuesta de compensación, pero la idea no la convence. “Lo que necesito es vivir en condiciones habitables”, ha señalado la mujer, que gasta casi mil euros mensuales en el pago de la vivienda.
La fachada del enorme patio interior del bloque está taponada por unos andamios que cubren las siete plantas. Parece en obras, aunque los vecinos aseguran que desde hace meses nadie trabaja allí. El parque infantil y los árboles han sido arrasados. En su lugar, brilla una explanada de cemento vallada, donde la promesa de una piscina no termina de tomar forma. Los vecinos están convencidos de que Nestar, en su afán de subir los precios del alquiler, usa la táctica de aburrirlos hasta que se marchen para negociar con nuevos inquilinos con contratos más rentables.
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Nestar desmiente que su intención sea la de hostigar a los inquilinos. La empresa ha admitido en un comunicado que ha mandado a EL PAÍS demoras imprevistas en las obras de reforma entre mediados de enero e inicios de marzo “por causas ajenas, ya que la constructora contratada entró en quiebra”. La empresa no precisa las causas de la humedad en las viviendas, pero sí acusa a algunos residentes de no reportar las averías “en su debido momento”, algo que contradice los informes de daños que enviaron los vecinos a partir de 2020. La sociedad no ha contestado a este periódico cuántas incidencias ha registrado en la urbanización, ni ha detallado alguna solución para los daños en los pisos y zonas comunes.
En 2013, una alianza de Azora y Goldman Sachs, conocida como Encasa Cibeles, compró casi 3.000 propiedades que eran de la Comunidad de Madrid. Tras años de litigio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró la nulidad la compra y la devolución de las propiedades que no se hubiesen vendido a terceros. El Gobierno regional ha tenido que desembolsar 109 millones por la restitución de los inmuebles, pero Azora aún reclama en los tribunales entre 65 y 90 millones más.
Cláusulas abusivas
Los vecinos de la urbanización de las goteras se han unido para interponer una demanda colectiva. No solo denuncian abandono del arrendatario, sino condiciones que consideran “abusivas” en el contrato. El Sindicato de Inquilinas, al que se han afiliado recientemente, ha señalado que estos términos contractuales “encubren cuantiosas subidas de alquiler”.
Algunos de esos apartados son la transferencia del pago del IBI —un impuesto a la propiedad— a los inquilinos a partir del tercer año, así como el impuesto de recogida de basuras y una cuota para la Comunidad ―pese a los desperfectos que presenta el edificio―. También deben costear un seguro de impago anual que supera los 300 euros. Nestar señala que los firmantes conocían las cláusulas antes de firmar el documento y que los puntos que repercuten en subidas del alquiler son “perfectamente válidos según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)”, que fija que el IBI y la comunidad corren por cuenta del arrendatario salvo acuerdo contrario, aunque en la gran mayoría de los alquileres es así. En enero de 2023, la justicia declaró nulas este tipo de cláusulas redactadas por Azora, en un juicio celebrado en Barcelona, cuya sentencia ha sido recurrida por la empresa.
Sara Torrijos, inquilina de 35 años, se queja de una multa “superabusiva” que suele agregar Nestar en los contratos para obligar a los inquilinos que quieran marcharse a pagar el 33% de los alquileres restantes hasta la finalización del contrato. Esto significa que si Torrijos, que paga 760 euros de alquiler, quiere renunciar a su contrato que vence en 2027, debe de pagar más de 10.000 euros de penalización. ”Al final ni te puedes quedar ni te puedes ir. Si te vas, siguen haciendo negocio contigo“, reprocha la mujer, antes de mencionar que algunos vecinos “están sufriendo depresiones” por el mal estado de su vivienda. Nestar afirma por escrito que dicha cláusula aplica “únicamente si se va antes del primer año” y puntualiza: “Si hubiera circunstancias de inhabitabilidad rescindimos contrato sin ninguna penalización”.
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, María Reyes Maroto, ha visitado este martes la urbanización. Cerca de las 11.00, una decena de vecinos la esperaban para mostrarle el estado de sus viviendas y otros tantos se unieron espontáneamente durante el recorrido.
Una residente de la primera planta le cuenta que no utiliza su dormitorio hace más de dos meses: “Estoy durmiendo en la sala porque [la habitación] tiene moho y me hace daño”. Marco Sánchez, otro inquilino, subraya que “los andamios llevan cuatro meses sin utilizar y hay vecinos a los que se les han intentado meter a la casa [para robar]”. Una tercera voz sentencia: “Nos están pisoteando, nos están tomando por tontos”. Maroto considera que las viviendas están “en ruinas” y apunta a la reciente venta de 12 parcelas del Consistorio a empresas privadas para recordar que “el Ayuntamiento está continuando con estas prácticas” de vender “el patrimonio público para beneficiar a fondos de inversión”.
Estos son los motivos que abren otro frente en la batalla de la especulación inmobiliaria en Madrid, donde los vecinos se atrincheran contra los grandes tenedores. Saben que su única opción es ir juntos a los tribunales, asociados. Amenazan incluso con una huelga de alquiler. No quieren quedarse mirando el techo.
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