Honduras sigue viviendo una crisis incesante de inseguridad y buena parte del problema se debe a la difícil situación en sus cárceles, donde las bandas criminales continúan operando desde allí y trasladando la criminalidad y la violencia fuera de sus muros. La situación ha llevado a que la presidenta Xiomara Castro haya declarado la «emergencia en materia de seguridad».
Así lo ha hecho este viernes a última hora del día, en una comparecencia ante los medios públicos nacionales en la que anunció, que de acuerdo con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) y para capear la difícil situación, la activación de «un plan de solución contra el crimen» que contempla, entre otros aspectos la construcción de una megacárcel para 20.000 reos.
«En virtud de esta situación de emergencia declarada en materia de seguridad se ordena construir de inmediato un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) con capacidad para 20.000 privados de libertad en la zona despoblada entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios (este)», especificó el jefe de los militares, Roosevelt Hernández.
Tan pronto como esté construido el centro, los reos serán trasladados allí «de inmediato». A día de hoy, unas 30 cárceles albergan unos 21.000 internos en el país centroamericano. Honduras también está ultimando la licitación de una cárcel para otros 2.000 reos en las islas del Cisne, un proyecto que lleva meses sobre la mesa y que es criticado por colectivos ambientalistas.
«Recuperar el orden»
El ministro de Defensa, Manuel Zelaya, aseguró que los militares y la policía «de forma inmediata deben planificar y ejecutar intervenciones con carácter de urgencia en todos los municipios del país» y fijó a centrarse especialmente en las cuestiones relacionadas con los «crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsiones, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y lavado de activos».
Por su parte, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, aseveró que con las acciones buscan «establecer el control y recuperar el orden de los espacios físicos tomados por estructuras criminales en colonias y barrios en las zonas que representan mayor incidencia criminal». También se va a «intensificar la investigación y los operativos para la ubicación, erradicación, aseguramiento, destrucción de plantaciones de hoja de coca, marihuana y centros de procesamientos de drogas», agregó el portavoz.
Igualmente, el plan contempla la captura inmediata de autores intelectuales identificados, líderes y miembros de maras, pandillas, estructuras criminales, narcotraficantes y extraditables, de quienes se tiene un listado. Paralelamente, el Parlamento hondureño activará una reforma del Código Penal que incluya, entre otros aspectos, que las personas que pertenezcan a bandas que cometan crímenes de este tipo «sean calificadas como terroristas» o que se autorice el uso de brazaletes electrónicos para custodiar a procesados.
Honduras lleva décadas siendo uno de los puentes del paso de cocaína del los países productores en Sudamérica al mercado de Estados Unidos, y además en los últimos años las autoridades hondureñas han detectado vastas plantaciones de coca y laboratorios para procesar la cocaína. La construcción de la cárcel y otras de las medidas que contempla este plan recuerdan a las recientemente emprendidas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que justo acaba de iniciar su segundo mandato, recibió precisamente la visita de la presidenta Castro y otros miembros de su gobierno, que se quisieron interesar por sus políticas de seguridad.
