Hay un antes y después en la carrera judicial de Ángel Luis Hurtado Adrián y está asociado a un nombre: Gürtel. Hasta entonces, 2017, Hurtado era un juez desconocido por el gran público que había escalado poco a poco en una trayectoria con destino último en la Audiencia Nacional. Lo que lo sacó del anonimato fue la porfía que puso por desvincular al PP y a sus principales dirigentes de la gran trama de corrupción. Hurtado recibió muchas críticas y se quedó en minoría ante sus compañeros de la Audiencia. Tres años después, cumplió su aspiración de ascender al Tribunal Supremo gracias al bloque conservador de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ya tenía el mandato caducado. Desde allí, en el primer caso que le ha tocado instruir, acaba de tomar una decisión no menos controvertida: situar al borde del banquillo a todo un fiscal general del Estado.
Pocas personas encarnan mejor que Enrique López los nexos entre el PP y una parte de la judicatura. López fue aupado en 2013 por los populares al Tribunal Constitucional, de donde tuvo que dimitir al año siguiente tras ser cazado conduciendo su moto sin casco y cuando cuadriplicaba la tasa de alcoholemia. Años después, llegó a ser consejero de Justicia con Isabel Díaz Ayuso y responsable de esa área en la dirección nacional del PP. Ahora ha vuelto a la Audiencia Nacional, donde ya había estado antes y donde, según diversos testimonios recabados por este diario, estableció tiempo atrás una estrecha relación con Hurtado.
En 2015, a López le correspondió por reparto ser uno de los tres magistrados que iba a juzgar el caso Gürtel. Las acusaciones lo recusaron por sus vínculos con el PP, y la Sala de lo Penal lo apartó en una decisión con 14 votos a favor y solo cuatro en contra. Uno de esos cuatro fue Hurtado, quien se encargó de redactar el voto particular discrepante. En él ya anticipaba su criterio de que el PP era un mero “actor secundario” en la trama. Y defendía que López hubiese escrito medio centenar de artículos remunerados para la fundación FAES de José María Aznar. Según él, era “aconsejable” colaborar con grupos políticos para facilitarles un “enfoque jurídico”, cuando “se tiene un pensamiento que guarda sintonía”.
Como la posible presencia de López en el tribunal de la Gürtel había originado una enorme polvareda, Hurtado se quejaba en su voto particular: “No debemos dejar de hacer mención a la campaña mediática orquestada por un determinado sector de la prensa en torno a la presente recusación (…) con determinado tipo de opiniones y valoraciones, no positivas, generadoras de determinados juicios paralelos”. Hace unas semanas, Hurtado se quitó de encima una queja similar del fiscal Álvaro García Ortiz sobre que se estaba alentado un “juicio paralelo” contra él. “Si se habla de juicio paralelo”, argumentaba ahora el magistrado, “nada hay que temer, porque, por ser paralelo, ninguna incidencia ha de tener en el proceso”. Hurtado remachaba que, en los casos de “trascendencia mediática”, el acusado “se suele olvidar de las opiniones de medios y ámbitos que le son favorables”.
Tras la recusación de López, y también, por el mismo motivo, de Concepción Espejel —actual magistrada del Constitucional a propuesta del PP—, fue el propio Hurtado quien entró a formar parte del tribunal de la Gürtel. Ahí volvió a demostrar cuánto le preocupaba en esa época la “trascendencia mediática” del asunto. Intentó que Mariano Rajoy no fuese llamado a declarar o como mucho que lo hiciese por videoconferencia. Alegó que el testimonio del que era presidente del Gobierno tendría “efectos mediáticos y metajurídicos” y le inquietaba “el uso que en ámbitos ajenos al judicial se pueda hacer de tal actuación”. Perdió esa batalla. Cuando llegó la declaración de Rajoy en la vista oral, en julio de 2017, Hurtado, presidente del tribunal, tomó la insólita decisión de colocarlo al lado de los magistrados y a su misma altura, no abajo y de frente, como los demás testigos. Sus interrupciones para declarar “improcedentes” preguntas de las acusaciones contribuyeron a su incipiente fama.
El tribunal estaba integrado por tres magistrados, el progresista José Ricardo de Prada y dos conservadores, el propio Hurtado y Julio de Diego. Hurtado iba a ser el ponente de la sentencia, pero se topó con que ni De Prada ni De Diego se dejaban convencer de que la dirección del PP nada tenía que ver con la trama. Tras semanas de fuerte tensión interna, Hurtado tuvo que renunciar a redactar el fallo. Este, luego ratificado por el Supremo, condenó al PP como beneficiario a título lucrativo. El magistrado que acaba de sostener en un auto, sin aportar ni un indicio, que el fiscal del Estado filtró documentos “a raíz de indicaciones recibidas de la Presidencia del Gobierno”, redactó entonces un voto particular en el que consideraba un “salto al vacío” vincular la trama con la dirección del PP. Es más, sostenía que se había organizado “a espaldas de la dirección nacional”.
En 2009, uno de sus autos en la Audiencia Nacional permitió exculpar a tres militares estadounidenses de la muerte del reportero José Couso tras disparos de un tanque contra un hotel de Bagdad. Hurtado llegó a amonestar a su compañero Santiago Pedraz, instructor el caso, por “desatender lo que favorece y centrarse en lo que perjudica al reo”. Eso lo escribió el mismo magistrado que ha decidido ahora ignorar todas las declaraciones de periodistas que atestiguan haber conocido antes el pretendido secreto cuya filtración se atribuye al fiscal. Entonces, y ante otros implicados, el juez defendía que para llevar adelante una acusación es necesario alcanzar “un convencimiento que supere el canon de la duda razonable”.
Ya con 70 años, Hurtado ha solicitado retrasar dos más su jubilación. Así podrá colocarse el broche final sentando por primera vez a un fiscal general del Estado en el banquillo, tras haber fracasado en el intento de exculpar al PP de una de las mayores tramas de corrupción de los últimos años.
