Ana López vive con su marido Arquímedes en un piso de alquiler de Mataró. Él firmó el contrato en septiembre de 2022 y ella llegó a España desde Venezuela en febrero de 2024, con los tres hijos comunes. Están todos empadronados en la vivienda y los hijos, escolarizados en la ciudad. Pagan mil euros de alquiler, están al corriente de pago y el casero, un particular, quiere echarles. En un caso insólito, acusa a Ana de haber ocupado la vivienda, la denunció por la vía penal y una juez ha ordenado el desahucio cautelar.
“Podemos acabar en la calle por una mentira”, advierte angustiada Ana mientras se acerca la fecha: el próximo miércoles 27. “El propietario, el mismo que me acompañó a empadronarme y que cada mes viene a cobrar la renta, dice que me metí en el piso mientras él trabajaba, lo que es completamente falso”, relata. “No entendemos por qué nos denunció, quizás quiere que nos vayamos”, afirma. Apunta que hace unos meses le pidió, de palabra, que se marcharan porque quería recuperar el piso, pero al decir la familia que necesitaban tiempo y recordar que el contrato está en vigor, no volvieron a hablar del tema.
“Podría habernoslo planteado, darnos un plazo, pero no ha habido ninguna petición formal. Él sigue viniendo a cobrar el alquiler y presumí que había cambiado de opinión”, insiste aclarando que en el piso siguen viviendo todos los miembros de la familia. A Ana le asignaron un abogado de oficio que presentó un recurso contra el desahucio. “El viernes sabremos algo”, suspira ella.
La inquilina estudia catalán en una escuela pública y allí fue donde el Sindicato Socialista de Vivienda acudió a dar una charla. De ahí que conociera la organización acudiera a ellos cuando se ha visto amenazada: “He podido luchar gracias a ellos”, destaca. El sindicato destaca que, con un contrato en vigor, “la propiedad debería presentar una denuncia civil y demostrar que necesita el piso para vivir, y que no tiene otras propiedades”. En cambio, presentó una denuncia penal contra la mujer, “en la que no consta el contrato, alegando que ha ocupado el piso”. La organización ve “increíble, no solo aceptar la denuncia, sino que ordenara un primer desahucio cautelar [que se frenó por la movilización que hubo] y ahora un segundo”.
Una portavoz de la organización, Abril Hernández Ris, ve el caso “un precedente nefasto, una injusticia flagrante, que ilustra el momento que estamos viviendo”. Y argumenta: “Es un ataque a los derechos de los inquilinos y la clase trabajadora, la más golpeada por la crisis habitacional. Muestra, además, el resultado de criminalización de la ocupación y la legitimación de un desahucio por parte del juzgado de Mataró”.
En la denuncia, según figura en el Auto del juzgado de guardia de Mataró del 18 de julio, el denunciante ya pedía “la medida cautelar de desalojo” de Ana López y sus hijos, a quien identificó como “ocupantes”, que “habrían accedido al inmueble sin autorización de su titular [en referencia al propietario, no al marido y padre de familia]”. El auto también apunta que el propietario acreditó que previamente a la presentación de la denuncia había intentado acceder al inmueble “en reiteradas ocasiones pidiendo el desalojo a sus ocupantes”, lo que la inquilina lo niega rotundamente. El auto decreta “la medida cautelar del desalojo con intervención de la fuerza pública”. En paralelo, el juzgado cita a la inquilina a un juicio por “delitos leves” en marzo del próximo año.
