Los inquilinos de los cinco bloques de pisos que el Hospital Clínic de Barcelona quiere subastar se han plantado este jueves porque consideran que el riesgo de expulsión que tendrán en el futuro es muy elevado. La subasta, que está fijada para el 8 de octubre, se anunció el pasado agosto y con ella el centro hospitalario espera recaudar 13 millones que se destinarán a mejorar la asistencia. El Sindicat de Llogateres ha exigido al Ejecutivo catalán que se pare la venta de las viviendas de inmediato: “No tiene sentido que la Generalitat diga que quiere ampliar el parque de vivienda pública y después privatice pisos de titularidad pública”, ha denunciado la organización, que cree que si los inmuebles acaban en manos de un fondo buitre se termine especulando con ellos.
En total, el lote que se subastará incluye 55 pisos repartidos en cinco bloques de zonas tensionadas del Eixample, Gràcia y Poble Sec. Una vecina de un inmueble afectado ubicado en la calle de Sardenya, y que prefiere no dar su nombre, tiene miedo de que no le renueven el contrato. Lleva tres en vigor y todavía le quedan dos más. “Soy investigadora y sé lo difícil que es conseguir financiación, pero es inaceptable que una entidad como el Clínic utilice un bien tan preciado como la vivienda para ingresar recursos”, lamenta. Lo que realmente le asusta es que sea un fondo buitre el que compre la finca, ya que contribuirá a una todavía mayor gentrificación de la ciudad y a incrementar los alquileres temporales.
El Sindicat de Llogateres teme exactamente lo mismo. En un comunicado emitido este viernes, la organización ha alertado de que estas familias ya venían sufriendo abusos por parte del Clínic y de empresas inmobiliarias, que niegan la renovación de contratos y ofrecen prórrogas con subidas de alquiler ilegales. También ha adelantado que si se efectúa la compraventa se manifestarán el día 8 de octubre a las 9.00 frente al centro hospitalario.
Desde el Clínic han declinado hacer declaraciones, pero han difundido un argumentario donde dan sus razones para celebrar la subasta. En él se explica que el centro recibe donaciones fruto de legados y vende algunos de esos activos para facilitar la gestión del hospital y mejorar su labor asistencia. También ha asegurado que cuando se haga la operación, por ley los inquilinos no perderán sus derechos y se deberán mantener las condiciones del contrato en virtud de la norma que regula los alquileres en Cataluña. Finalmente, ha concluido que las Administraciones Públicas tienen derecho preferente de tanteo y esperan a que se acojan a ello.
Precisamente, la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha declarado que el Ayuntamiento estudiará la posibilidad de esta adquisición mediante la vía del tanteo y retracto siempre que se cumplan las condiciones para hacerlo. Eso implica que haya una oferta previa a la municipal. El grupo municipal de Barcelona en Comú ya pidió que el consistorio sea quien compre los inmuebles para ampliar el parque público de vivienda.
El paquete de cinco bloques está valorado en 13 millones. Las fincas afectadas y el valor mínimo con que comienza la subasta son: Gran Vía, 534 (Sant Antoni): 6.950.000 euros; calle de Sardenya, 361 (Camp d’en Grassot, Gràcia): 2.365.000 euros; calle de Vallhonrat, 12 (el Poble Sec): 1.550.000 euros; pasaje de Prunera, 6 (el Poble Sec): 1.500.000 euros; y calle de las Navas de Tolosa, 339 (el Camp de l’Arpa): 385.000 euros.
