Al menos cinco personas vulnerables del barrio del Raval que viven en pisos de alquiler público, algunos adjudicados por la Mesa de Emergencia del Ayuntamiento, han denunciado al Síndic de Barcelona y la Síndica de Greuges que el Ayuntamiento les ha subido el precio en los últimos meses, en algunos casos casi doblándolo. Las subidas comportan un salto en el porcentaje de los ingresos que los afectados destinan a pagar la vivienda y sus suministros, que alcanza el 38% en dos casos. El Ayuntamiento responde que los afectados recibían un “fondo de alquiler social” que se ajusta cada dos años, de acuerdo a la situación de sus beneficiarios, y que en estos casos los inquilinos “han expirado el plazo de aplicación de la reducción del alquiler”.
La denuncia, que comenzó con tres casos y ahora ya son cinco, señala “subidas arbitrarias” y entiende que el Instituto Municipal de la Vivienda (IMHAB en sus siglas en catalán) “vulnera” la ley 24/2015 sobre los desahucios y la pobreza energética; y también un reglamento propio del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, del que forman parte el Ayuntamiento y la Generalitat, sobre “la adjudicación de viviendas y otros recursos residenciales para emergencia social por pérdida de vivienda”. El escrito cita el caso de dos personas a las que les correspondería pagar un alquiler del 18% de su renta y en 2024 se les cobró un 37% un 38,5% (de 194 y 196 euros mensuales a 406 y 420 euros), y otra que paga casi un 25% (de 273 euros a 377). En todos los casos, sin contar con los suministros de servicios básicos (agua, luz y gas).
Miguel Martín, de la Asamblea de Vivienda Raval Rebel, señala casos de inquilinos de un edificio municipal de las calles de Santa Elena y Ferlandina. Y cita a otros inquilinos de estos pisos públicos que no han querido denunciar “por temor a represalias”. “La normativa de vivienda pública de alquiler prevé aplicar parámetros de la 24/2015 en dos sentidos: que la renta que pagan las personas vulnerables no supere el 18% de sus ingresos; y que el total, suministros incluidos, no sobrepase el 30%”, precisa Martín. “El Ayuntamiento está incumpliendo su propia normativa sobre vivienda pública de alquiler y la ley 24/2015 sobre los desahucios y la pobreza energética”, denuncia y señala que “ha habido un cambio de política en la gestión del actual Gobierno de la ciudad que ha supuesto endurecer las condiciones para los inquilinos”.
Entre los afectados figuran Yoquenni Benítez y Rita González, inquilinos en la calle de Santa Elena. Benítez tiene 46 años, está separada y con tres hijos a cargo, y trabaja de monitora en una escuela, limpiando en la entidad Xamfrà y también en casa de unos particulares. Lamenta que para las ayudas “ellos [por la Administración] no te mandan la información, tienes que estar pendiente de los plazos, y comunicar cualquier cambio, como los papeles de las prácticas” de uno de sus hijos, “aunque no cuentan”. Cuando vio la subida que le habían aplicado, casi el doble, tuvo que decidir de qué prescindir. “Yo prefiero mil veces pagar el piso que el agua o la luz, pero es indignante. De la luz puedo prescindir, y tengo que elegir entre comer o pagar el agua”.
González, de 67 años, también cita el papeleo constante tras dos años en un piso: “Extractos bancarios, la declaración de la renta, autorización para que se metan en cualquier documentación personal, lo que cobro… es absurdo. No me han dado ningún motivo por el aumento, mis condiciones no han cambiado, son exactas. Informé de una beca de mi hija pero me dijeron que no cuenta”· González lamenta el “trato humillante y con desprecio: ¿transparencia con el gasto de dinero público? toda, pero entonces que exiijan los mismos papeles, extractos y papeleos a la Copadel América». “No puedo asumir la subida, si se me estropea la lavadora no me venden otra a plazos, tengo que ir a comer lo más barato, llevo tres meses sin pagar y no se nos contesta”, alerta.
Otro de los afectados es Pere Asensio, 76 años, originario del barrio de Can Tunis y conocido activista del barrio del Raval por no faltar a los desahucios de otros vecinos. “Entiendo que se actualice la renta, pero no el doble, no me había pasado en 12 años”, dice sobre su piso de la calle de Ferlandina. Su renta ha pasado de 209 euros a 382. “No lo puedo asumir”, asegura. “Intentaré que no se salgan con la suya y si tengo que irme, será con los pies por delante, no me lo merezco, nadie se lo merece, la vivienda pública tiene que ser para gente que lo necesita”.
El consistorio replica que, “en estos casos en concreto, los inquilinos han expirado el plazo de aplicación de la reducción de alquiler. El IMHAB ha comunicado a cada titular la finalización de la reducción y la necesidad de presentar nueva documentación para el estudio de renta correspondiente con tres meses de anticipación a la finalización de la renta”. “Las rentas se han ajustado según los ingresos devengados y de acuerdo con la normativa vigente aplicable a cada caso. Los porcentajes de reducción aplicados se han calculado según los tramos de ingresos establecidos por la normativa (IPREM o IRSC), garantizando la equidad y proporcionalidad”.
Des de la asociación y librería El Lokal, referente en el barrio, Iñaki García se refiere a la situación de Pedro Asensio: “No puede ser que una persona que ha luchado toda la vida para las condiciones de vida dignas de los vecinos pase por esto, con una subida burocrática injustificable e indigna. Una política que debería ser sencilla y accesible para quien lo necesita se convierte en compleja y te hacen la vida imposible, como si la gente no quisiera pagar o escaquearse”.
