La ley de seguridad ciudadana recoge infracciones como el uso o posesión de armas, el consumo de droga en la vía pública, el daño al mobiliario público o la desobediencia a los agentes de la autoridad. Pero estas conductas no siempre se castigan: desde septiembre de 2023 y hasta mayo de este año, el Departamento de Interior de la Generalitat ha dejado caducar o prescribir el 81% de las actas de sanción administrativa impuestas por fuerzas y cuerpos de seguridad, según ha denunciado este lunes el sindicato mayoritario de Policía (SAP-FEPOL) y de los Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL). El secretario general del sindicato SAP-FEPOL, Pere Garcia, ha subrayado que el culpable de las actas queden sin la correspondiente sanción es el cambio en la tramitación impulsado por el exconseller Joan Ignasi Elena. Ante el fracaso en la gestión de las sanciones, los sindicatos han lanzado un mensaje a la recién nombrada titular de Interior, la socialista, Nùria Parlón: “Pedimos a la nueva consejera que no nos vea como un enemigo, sino como la herramienta útil que somos, que nos escuche para conocer las prioridades de la seguridad ciudadana y no viva en una realidad paralela construida sobre sus prioridades políticas”, ha advertido el secretario.
El pasado septiembre, Elena―hasta este mismo lunes consejero de Interior―puso en marcha un sistema “más neutro y garantista”, según dijo, de la gestión de las actas de sanción, impuestas por los Mossos d’Esquadra, la Guardia Urbana y otros cuerpos de policiales. Tramitar y aplicar los expedientes sancionadores quedaba en manos de los siete servicios territoriales dependientes del departamento de Interior ―los sindicatos matizan que son “cargos políticos nombrados por el consejero”―, en vez de seguir bajo la competencia de las nueve oficinas regionales de la Dirección General de la Policía (SARP). En mayo, los sindicatos pidieron a Interior los informes sobre los expedientes que habían incoado. Mossos y Policía denuncian la falta de actividad de los servicios de Interior para detectar las infracciones: entre el 29 de septiembre de 2023 y hasta el 31 de mayo de 2024, se han incoado 11. 975 expedientes (a 1.497 expedientes al mes), mientras que los servicios de Policía, durante el mismo periodo de tiempo incoaron 3.019 al mes (27.169 entre el 1 de enero y el 28 de septiembre).
El dato más relevante, sin embargo, no se refiere a la apertura de expedientes, sino a su tramitación y a la imposición de la correspondiente sanción: cuando la gestión ha estado en manos de Interior, han caducado el 81% de los expedientes incoados, casi un 60% más (el 23%) de cuando dependía de la Policía. “¿De qué ha servido el esfuerzo policial si detrás ha habido una gestión administrativa absolutamente deficiente, nefasta e irresponsable, que ha provocado que estén quedando en nada la mayor parte de los expedientes?”, ha subrayado García. Los sindicatos lamentan los esfuerzos económicos desplegados por el Departamento de Interior para acabar con las sustancias estupefacientes o las armas de la vía porque “8 de cada 10 expedientes han acabado en nada”. El informe cifra en más de un millón de euros el valor de las cerca de 45.000 actuaciones policiales en materia de la retirada de armas y sustancias que no han llegado a buen puerto.
El perjuicio va más allá del “malgasto” presupuestario. En términos recaudatorios, la Generalitat ha dejado de ingresar, según esos cálculos, 5,6 millones por todas las multas que no se han pagado, a razón de unos 300 euros por sanción, un efecto colateral al que los sindicatos suman el daño a la educación ciudadana. “Ya sea por acción u omisión, el Departamento de Interior ha dejado de hacer una función a la que está obligado por ley. La consejería se ha atribuido un poder que no tiene, tramitar un acta de denuncia observada por los cuerpos policiales no es un acto discrecional”, ha asegurado García.
Los sindicatos denuncian la omisión que Interior hace de su obligación de tramitar los miles de actas que han resultado del esfuerzo de miles de policías, y reclaman a la nueva consejera la convocatoria inmediata del Consell de la Policía para trasladarle los datos que han hecho públicos este lunes y le han solicitado que vuelva al sistema anterior. Además, subrayan la “dilación extraordinaria” del Departamento de Interior al entregarles los datos (los solicitaron en mayo). Este diario ha intentado ponerse en contacto, sin éxito, con los responsables de comunicación de la etapa de Elena para contrastar los datos y recabar la opinión de Interior: “Ya no están trabajando”.
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