El Ministerio del Interior ha publicado en la intranet de la Guardia Civil un anuncio para reforzar a partir del próximo 1 de septiembre y durante seis meses la Unidad Central Operativa (UCO), el buque insignia del instituto armado contra el crimen organizado y la corrupción y que, entre otros casos, participa en las pesquisas en las que están imputados los exdirigentes del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán. En concreto, la intención es que se incorporen 15 agentes voluntarios de las escalas de guardia, cabos y cabos primeros, según la documentación interna a la que ha tenido acceso EL PAÍS y que han confirmado fuentes de la Guardia Civil.
Según el anuncio colgado en la intranet, los aspirantes deben tener conocimientos de las aplicaciones ofimáticas más habituales, “singularmente Microsoft Excel”, y se valorará su conocimiento de idiomas, “principalmente inglés y francés”. Además, también se tendrá en cuenta si tienen “cualificación específica de Policía Judicial” o han ocupado puestos en unidades de esta especialidad. Durante los seis meses que durará la denominada “comisión de servicio”, los agentes cobrarán dietas, pero tendrán que renunciar “voluntariamente” a las vacaciones de verano que ya tuviesen concedidas. Los interesados deben enviar sus curriculums para participar en el proceso selectivo, que comenzará el próximo 4 de julio.
Fuentes de la Guardia Civil señalan que no es la primera vez que Interior refuerza la plantilla de la UCO mediante comisiones de servicios, bien para cubrir vacantes o como refuerzo puntual. Ya el año pasado hubo un anuncio similar, añaden. En la actualidad, esta unidad ―que creada a finales de los años ochenta por el Gobierno socialista de Felipe González con un reducido número de agentes― cuenta con más de 700 efectivos y se ha hecho célebre por resolver sucesos como los asesinatos de Diana Quer, el niño Gabriel o los dos agentes de Barbate, pero sobre todo por participar en investigaciones con un importante calado político.
Así, además de la investigación que cerca a Ábalos y Cerdán ―integrantes de esta unidad han realizado este viernes el volcado de los correos electrónicos de ambos en el Ministerio de Transportes y la sede federal del PSOE de la calle Ferraz, respectivamente―, agentes de su Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción intervienen en otras pesquisas mediáticas. Entre ellas, el caso Begoña Gomez, en el que está imputada la esposa del presidente del Gobierno; la causa en la que se investiga la supuesta contratación irregular del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz y la que tiene en el foco al fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz. Antes habían participado en otras investigaciones sonadas, como los casos Púnica, Lezo, Erial o Taula, que salpicaron a conocidos dirigentes del PP; la Operación Pretoria, que afectó a la antigua Convergència; o el de los ERE, que sacudió al PSOE en Andalucía.
