El Ministerio de Interior dejará de informar de las visitas que recibe Santos Cerdán en prisión. El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha enviado al Tribunal Supremo una carta a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE en la que expone que, tras la providencia del juez Leopoldo Puente, deja sin efecto el cumplimiento de la petición que realizó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los agentes solicitaron información de las personas que iban a verle la cárcel, incluidos sus abogados. Para estos, la medida suponía «un atropello». La defensa también ha declarado este martes, durante la vista para revocar su ingreso en prisión, que el ex secretario de Organización del PSOE es víctima de una «presunción de indecencia».
Cerdán se encuentra encarcelado desde el pasado 30 de junio, cuando fue a declarar al Supremo como investigado. Puente le atribuyó un rol de «cierta preeminencia» en la trama que presuntamente cobraba mordidas a cambio de amañar contratos públicos. Días más tarde, Instituciones Penitenciarias comunicó la inusual petición de la UCO al magistrado, que respondió a Prisiones que resolviera según su criterio.
La UCO señaló en un oficio su interés en ser informada de las visitas que recibía Cerdán en prisión, «a poder ser con antelación a que se produzcan». El documento, firmado el 3 de julio, recalca que, en caso de que sean imprevistas, como las llevadas a cabo por miembros del colegio de abogados, se informe a la mayor brevedad posible. «Es de interés quién y cuándo se realizan o realizarán dichas visitas, no así el contenido de las mismas», precisa el documento.
«Un atropello» a Cerdán
La secretaría general de Instituciones Penitenciarias trasladó la petición al juez el pasado miércoles. El escrito destaca que se está cumpliendo con la demanda de la UCO, «salvo que el tribunal ordene lo contrario». Puente se pronunció el viernes e instó a Prisiones a actuar «en los términos en los que considere normativamente conducentes». Los letrados de Cerdán consideran que ofrecer esta información supone «un atropello» y estudiaron acudir al colegio de abogados a solicitar amparo si persistía la acción.
Cerdán está recluido de forma preventiva en la cárcel de Soto del Real desde el pasado 30 de junio. Su defensa recurrió la decisión alegando que es víctima de una causa general. La Fiscalía y las acusaciones populares, que dirige el PP, se han opuesto. La Sala de Apelaciones del Supremo ha celebrado este martes una vista para estudiar la petición de puesta en libertad.
La defensa ha argumentado que el riesgo de destrucción de pruebas que apreció Puente para enviarle a Soto del Real el pasado 30 de junio podría haberse disipado solicitando su móvil, que sigue en su poder de la familia. Otra forma habría sido solicitando un registro de su céntrica vivienda en Madrid, algo que no se ha efectuado. El juez tampoco solicitó la diligencia después de que Cerdán comunicara que abandonaría el domicilio este mes, al finalizar el contrato de alquiler.
Puente acordó la pasada semana solicitar un informe pericial sobre los audios de Koldo García que motivaron el ingreso en prisión de Cerdán y facilitarle estas grabaciones. En cambio, se negó a entregarle una copia del material íntegro porque aún se desconoce su contenido completo y, por tanto, no ha sido incorporado a la causa ni, naturalmente, tomado en cuenta por el instructor. El juez recuerda que la totalidad de los dispositivos intervenidos albergan una información que supera los 10 terabytes, por lo que serían necesarias 65 millones de páginas en caso de ser volcada por escrito.
