“Nos dan palizas injustificadas, buscan la forma de sacarte de quicio y siempre nos tratan mal. Somos personas y no nos consideran como tal”. Este es el relato de una de las cincuenta personas del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona que han anunciado una huelga de hambre porque consideran que se están violando sus derechos humanos. Denuncian palizas arbitrarias de la policía y malos tratos reiterados. También aseguran que les dan muy poca comida y que están sometidos a un “régimen penitenciario” cuando no han cometido ningún delito. No es la primera vez que los internos se movilizan y se organizan para hacer una protesta coordinada en el CIE.
Distintos internos se han puesto en contacto con la Cadena SER para relatar que hay personas que ya llevan 24 horas sin ingerir ningún alimento. Uno de ellos, Ismael, asegura que “no comerá nadie” hasta que quede claro que dentro del centro no se respetan los Derechos Humanos. “Los que estamos aquí no hemos cometido ningún delito y nos tratan como si fuéramos delincuentes. Nuestra vida ha cambiado mucho, solo queríamos un futuro mejor y ahora estamos aquí encerrados y nos maltratan”, asegura en una conversación telefónica desde el interior del CIE. Aseguran que más de la mitad de las personas que actualmente están en el centro han secundado la protesta. La Policía Nacional niega que haya en marcha una huelga de hambre, mientras que abogados especializados matizan que para ello los internos deben pasar al menos 24 horas sin comer.
Otro interno, Jorge Leonardo Marín, asegura que fue golpeado por agentes de la policía nacional encargados de la seguridad del centro de forma arbitraria y sin justificación alguna. “Nos llevan a la zona de los baños, allí no hay cámaras, y nos pegan. A mí me pegaron, y soy una persona muy tranquila, tomo Ribotril [un medicamento antiepiléptico que también se utiliza para controlar la ansiedad] y nunca me altero, no doy problemas, pero me pegaron fuerte”, asegura. Jorge lamenta que lo encerraron durante 38 horas en aislamiento para evitar que pusiera una denuncia contra los agentes. “Sufro ansiedad y para mí fue una experiencia horrible”, añade.
La Policía Nacional, por su parte, asegura que todavía están reuniendo información y han evitado hacer cualquier otro comentario.
Un conflicto latente
El CIE es el lugar al que van a parar las personas migradas que están a la espera de ser deportadas. Entidades como Amnistía Internacional, Irídia o Migrastudium llevan años denunciando vulneraciones de derechos humanos en el centro de Barcelona, y advirtiendo que es una entidad opaca, sobre la que hay poca información y que no se garantiza el buen trato a los internos. Incluso hace años que se constituyó la plataforma Tanquem els CIES para exigir el cierre del centro. El Parlamento de Cataluña ha votado a favor de clausurar el CIE de Barcelona, con votos favorables de prácticamente todo el arco parlamentario, incluidos los mayoritarios: PSC, Junts y ERC.
La gestión de este centro fue, precisamente, uno de los puntos clave del pacto sobre inmigración firmado por Junts y el Gobierno español. El centro ha sido un icono del choque en las políticas migratorias entre el Estado y la Generalitat. El acuerdo establece que será el Gobierno catalán quien lo gestionará en el futuro, y el expresidente Carles Puigdemont, líder de Junts, lo ha calificado varias veces como “inhumano”. Junts considera que se debe replantear la existencia del centro, pero al mismo tiempo el pacto determina que la gestión del CIE se hará de acuerdo con la normativa estatal, de manera que la Generalitat no tendrá potestad para cerrarlo.
