La crisis en el Gobierno de coalición ha escalado este miércoles durante unas horas, derivando en un choque sin precedentes entre el PSOE y Sumar. Tan solo un día después de que el grupo de Yolanda Díaz criticara con dureza el aumento del gasto militar incluido en el plan de seguridad del Ejecutivo, el socio minoritario ha vuelto a elevar la voz este miércoles contra la decisión del Ministerio de Interior de continuar con la compra de 15 millones de balas a Israel. Un contrato valorado en 6,6 millones de euros que el Gobierno había acordado con una empresa israelí, pero que había decidido anular el pasado 24 de octubre como consecuencia de la guerra de Gaza. Este miércoles, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha reconocido que ha rectificado y ha anunciado que seguía adelante con la compra. Y pese a la crisis interna, desde el organismo aseguran que no darán marcha atrás.
La decisión ha abierto un conflicto sin parangón con Sumar. E Izquierda Unida, a través de su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, ha abierto la puerta a que sus cinco ministros abandonen el Gobierno. Las palabras del diputado han sido matizadas horas después a EL PAÍS por un alto cargo del partido, que asegura que “IU no está en eso”. Y desde el entorno de Díaz también descartan una salida. Esta misma tarde, en Barcelona, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha querido zanjar el asunto. “En ningún momento está encima de la mesa o en riesgo ni la participación de Sumar en el Gobierno ni la continuidad del Gobierno de coalición. Tanto el presidente como la vicepresidenta han reiterado la voluntad de ambos socios de gobernar hasta el final de la legislatura”, zanjó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, por la tarde.
“Es una vulneración flagrante de los acuerdos y, por tanto, exigimos la rectificación inmediata de ese contrato y, en segundo lugar, la comparecencia del ministro para explicar lo que ha sucedido”, ha enfatizado Díaz poco después de conocerse la noticia. En un tono particularmente severo, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha ido un paso más allá. “Izquierda Unida no va a tolerar que ninguna partida [del Ejecutivo del que forma parte] vaya a financiar un Estado genocida”, ha advertido. “No basta con pedir explicaciones. Ese camino no lo vamos a recorrer. El PSOE ha abierto la mayor crisis desde que tenemos Gobierno en 2023″, ha añadido.
Sumar alberga en su grupo a partidos de tradición política muy distinta, y para IU este asunto es de enorme sensibilidad. Nació en 1986 al calor de las movilizaciones contra la ratificación de la entrada de España en la OTAN y ha mantenido una posición histórica de defensa del Estado palestino. Preguntado en rueda de prensa por la permanencia de su formación en la coalición, Santiago ha reconocido que se encuentran “ante una seria contradicción”. “Por una parte, queremos que España siga siendo el único Gobierno de coalición progresista. Es el mejor escudo de protección de nuestro país. Si al final hay que tomar una decisión de no seguir participando en el Gobierno, vamos a intentar que en España no haya un Gobierno de derechas”, ha afirmado abierto a cualquier escenario. El diputado ha añadido que las decisiones se tomarán “colectivamente”, aunque tampoco ha descartado que sea únicamente IU quien se marche del Ejecutivo. “No somos nosotros los que estamos incumpliendo los acuerdos de coalición”, ha reiterado con relación al PSOE. Santiago ha indicado que han pedido una reunión de la mesa de partidos de Sumar para evaluar la situación y recibir todas las explicaciones.
Una hora antes, los de Díaz habían enviado un comunicado en el que denuncian el cambio de rumbo de Interior sobre la adquisición de armamento en un momento que consideran clave. “La suspensión del comercio de armas con Israel no es solo una medida justa en el contexto del genocidio que está sufriendo el pueblo Palestino, sino también en consonancia con los tratados internacional sobre Comercio de armas”, se lee en el texto del partido. “El compromiso del Gobierno de España con el pueblo Palestino debe ser absoluto. No caben matices en medio de una masacre cuyos responsables tienen una orden internacional de arresto por parte de la Corte Internacional Penal”, agregan en el comunicado.
Durante su intervención, Santiago ha rebatido también los argumentos de la Abogacía del Estado, ha llegado a ironizar al ofrecer los servicios jurídicos de Izquierda Unida y del grupo parlamentario de Sumar para cancelar el contrato con Israel y ha pedido de manera indirecta la dimisión de Marlaska y Margarita Robles, responsable de Defensa, si no son capaces de rescindir el contrato. “Creemos que atendiendo a las resoluciones acordadas por España, hay argumentos jurídicos suficientes para que España no se convierta en cómplice de un genocidio por transferir recursos a un Estado que incumple las resoluciones de Naciones Unidas. Ni seis ni 6.000 millones pueden justificar que España caiga en ser cómplice de un genocidio”, ha afirmado.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha enviado una carta a Marlaska este miércoles, pidiendo igualmente que “se proceda de forma inmediata a la cancelación del contrato y que se ponga en marcha una auditoría que arroje luz sobre otros contratos o relaciones comerciales de cualquier otro tipo que pudiera haber con Israel en este ámbito”. Rego, de IU, destaca que la compra de balas “supone un incumplimiento claro de las decisiones colectivas tomadas hasta ahora en el seno del Gobierno”. “Comprar armamento testado en combate contra la población civil palestina choca frontalmente con la posición que ha venido manteniendo España a nivel internacional, así como con el sentir mayoritario de la población. Es de una gravedad extrema que se anunciara públicamente la cancelación del contrato hace meses, pero que este finalmente se haya formalizado sin dar ningún tipo de explicación al respecto ni en público ni en el seno del Gobierno”, añade en la misiva.
En declaraciones a EL PAÍS, el portavoz de Compromís, Alberto Ibáñez, también ha pedido abiertamente la renuncia de Marlaska “si no se rescinde el contrato con Israel”.
La Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil adjudicó el pasado día 16 un lote de 15.300.000 balas del calibre 9 milímetros a la compañía israelí Guardian Defense & Homeland Security S.A., filial del grupo internacional Guardian LTD Israel, por 6.642.900 euros. La adjudicación se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público el Viernes Santo, en plena Semana Santa.
Tras conocerse en octubre pasado la adjudicación de este contrato, Interior aseguró que había iniciado el procedimiento para cancelar la compra. “El Gobierno español mantiene el compromiso de no comprar ni vender armamento al Estado israelí desde que estalló el conflicto armado en el territorio de Gaza”, aseguraba el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska en una nota. “Aunque en este caso se trata de una adquisición de munición, el Ministerio del Interior ha iniciado el procedimiento administrativo para anular dicha compra”, precisaba entonces. Sin embargo, Interior ha renunciado a revocar la adjudicación del concurso a la compañía israelí después de que la Abogacía del Estado advirtiera de que, dado lo avanzado del procedimiento, podría enfrentarse a tener que pagar una fuerte indemnización a la empresa adjudicataria, según fuentes de dicho departamento.
Rechazo de Podemos y BNG
“Con toda esta información, el Gobierno de España es colaboracionista de un genocidio. Esto, sumado a un plan de rearme sin precedentes, convierte a este en un Gobierno de la guerra y del conflicto”, ha señalado por su parte la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha denunciado desde el Congreso que el país haya servido también para el tránsito de armas hacia Israel.
A través de un comunicado, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha pedido al Ejecutivo que rectifique y cancele de inmediato todos los contratos con empresas israelíes relacionados con material militar. “El Gobierno tiene la legalidad de su lado para cancelar todos estos contratos. La Ley 53/2007 y el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas permiten suspender transacciones con países que cometen crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, como es el caso de Israel”, afirma el texto.
