24 de abril de 2016. Alrededor de las 1.30 horas. En un domicilio particular de Valls (Tarragona). Iulian Odriste, empleado de la construcción de 41 años, coge un cuchillo de cocina con el que asesta diversas puñaladas a una mujer y la degüella. La víctima es Vasilica Cracana, una prostituta de 47 años de la que se había enamorado sin ser correspondido y con la que acababa de tener una discusión porque ella no le había dejado mirar las fotografías de su teléfono móvil.
13 de marzo de 2024. Alrededor de las 16 horas. En el centro penitenciario Mas d’Enric de El Catllar (Tarragona). Iulian Odriste, que cumple una pena de 11 años de cárcel por asesinato, coge un cuchillo de la cocina en la que trabaja como preso de confianza, entra en la cámara frigorífica y asesta diversas puñaladas, mortales, a una mujer. Después, con el mismo cuchillo, se quita la vida. La víctima es Nuria López, jefa de cocina de 44 años con la que trabajaba para dar servicio a los presos.
El paralelismo entre las dos escenas, con ocho años de diferencia, es evidente y suscita interrogantes en torno al primer asesinato de un trabajador penitenciario en España en democracia. ¿Por qué a un preso condenado por asesinar con arma blanca a una mujer se le permitió trabajar en la cocina, donde tiene acceso a utensilios potencialmente peligrosos, como cuchillos? Dado su historial delictivo, ¿era suficiente con que hubiese mostrado buen comportamiento para otorgarle ese privilegio? ¿Se habían detectado signos preocupantes en los últimos meses o semanas de que algo no iba bien o se pasaron por alto?
Tras dos años en prisión preventiva, Iulian fue juzgado en 2018 por un jurado popular. Reconoció el crimen, que atribuyó a un “arrebato”, y se mostró “muy arrepentido”. Como se le aplicaron dos atenuantes (embriaguez y confesión) logró una rebaja de la pena, hasta los 11 años de cárcel. Fue destinado a Mas d’Enric, la cárcel más próxima a su domicilio, y allí mostró un buen comportamiento que, hace cuatro años, coincidiendo con la pandemia, le sirvió para hacerse con uno de los puestos más codiciados en prisión: la cocina. Por ese trabajo percibía un pequeño salario (algo más de 200 euros al mes) con el que iba pagando, muy poco a poco, la indemnización a la hija de su víctima.
“El interno llevaba más de cuatro años trabajando en la cocina con una conducta normalizada”, explica el secretario de medidas penales, reinserción y atención a la víctima de la Generalitat, Amand Calderó, cuya dimisión exigen ahora los sindicatos como condición para sentarse a negociar con Justicia y echar freno a las protestas, que este viernes mantenían a 1.200 presos confinados en sus celdas. A Justicia no le consta (como han denunciado algunos trabajadores) que Nuria, la cocinera, se hubiese quejado en las últimas semanas de conflictos con Iulian. Sí es cierto, sin embargo, que el preso fue sancionado hace unos meses por haber propinado un puñetazo a otro interno, según han confirmado fuentes penitenciarias. Esa mancha en su expediente hizo que se le apartara temporalmente de la cocina, aunque regresó a ella en enero porque, además, “era un buen cocinero”.
La investigación interna abierta por el Govern debería despejar las dudas sobre el itinerario penitenciario de Iulian y las decisiones que tomó el equipo de tratamiento de Mas d’Enric. En paralelo, el proceso judicial en marcha tratará de aclarar el móvil y circunstancias del asesinato. Otras veces se rozó ese desenlace. En 2004, durante un motín en Quatre Camins (La Roca del Vallès, Barcelona), los internos clavaron un objeto punzante en el cuello del subdirector de la cárcel, Manuel Tallón, que estuvo a punto de fallecer. En octubre de 2021, en la cárcel de Cuenca, un preso con un largo historial de delitos violentos apuñaló con un cristal, también en el cuello, al jefe de servicio que había acudido junto a otros cinco funcionarios a la celda para reducirlo.
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La muerte de Nuria ha desatado una reacción contundente de los funcionarios de prisiones. Para ellos, es una muerte anunciada; algo que, tarde o temprano, tenía que ocurrir dado el creciente clima de inseguridad en las cárceles catalanas. Nuria no era funcionaria de prisiones, pero el colectivo la siente como “una compañera más” y ha mostrado su dolor y su rabia esta semana en una serie de protestas sin precedentes que suponen un pulso para el Govern y han puesto en jaque el funcionamiento de los centros penitenciarios.
Un día después del suceso, los trabajadores —vestidos con camisetas negras y con las palmas de las manos pintadas de rojo— trataron de ocupar el Departamento de Justicia y exigieron la dimisión de su consejera, Gemma Ubasart, a la que llamaron “asesina”. El viernes, dieron un paso más y bloquearon los accesos a los centros penitenciarios de Cataluña, lo que obligó a que, en seis de ellos, unos 5.000 presos tuvieran que estar confinados en sus celdas durante horas por falta de personal. Una situación que tensionó aún más el clima en las prisiones.
Isaac González es el abogado que defendió a Iulian en el proceso por el asesinato de la prostituta. Está sorprendido ante la tragedia de Mas d’Enric. “Creí que había cometido un error gravísimo, pero estaba camino de rehabilitarse”, cuenta por teléfono desde Tarragona. Aunque en los últimos tiempos ya casi no mantenía el contacto con él, había seguido su evolución penitenciaria. “Me consta que estaba muy bien considerado, que no había tenido ningún parte ni incidente y que era una persona de cierta confianza. Por eso le dejaron acceder a la cocina”.
Tímido y retraído, conoció a Vasilica —una mujer rumana como él que se dedicaba a la prostitución— en una web de contactos y mantuvieron encuentros sexuales a cambio de dinero. Pero Iulian se enamoró. Le pidió que abandonara su trabajo y se fuese a vivir con él en su piso de Valls. Se hizo ilusiones. Ella le dijo que no. En abril de 2016, el hombre volvió a citarla en casa: compartieron unas botellas de vino, tuvieron sexo y, tras una discusión por las fotos del móvil, él cogió el cuchillo y buscó su cuello. Después del crimen, se entregó en la comisaría de la policía local de Valls y entregó las llaves de su casa para que lo registraran todo.
González explica que su cliente tenía problemas con el alcohol, pero no sabe qué le pudo pasar por la cabeza para matar a la cocinera. “El mismo patrón, dos veces, es difícil de explicar. Quizá había una patología mental que nadie ha detectado, quizá mentía muy bien… Nunca acabas de conocer a las personas. Pero creo que era algo que difícilmente se podía prever”, reflexiona. Los Mossos d’Esquadra, que se han hecho cargo de la investigación, descartan que existiera una relación sentimental previa entre el interno y la jefa de cocina. Y, pese a que cuentan con las cámaras de seguridad de la cocina (no de la cámara frigorífica donde ocurrió el crimen), con el asesino muerto les será aún más difícil determinar las motivaciones del crimen.
Nuria López, la víctima, tenía 44 años y vivía en Vilallonga del Camp. Trabajaba como cocinera en prisión contratada por el Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE), una empresa pública de la Generalitat. Había pasado por la cárcel de Brians 2 y desde hacía ocho años era la jefa de cocina de Mas d’Enric, una cárcel inaugurada en 2015 en Tarragona. Se había instalado en ese pueblo de apenas 2.500 habitantes por su proximidad (20 minutos en coche) al centro penitenciario. El alcalde, Gerard Gené (Junts) la recuerda paseando a su perra, Fiona, “una bestia grande, que daba pena, tenía cáncer”. Gené está indignado y siente rabia. “Que a un tipo condenado por asesinato puedan tenerlo como preso de confianza es algo que no se entiende”, cuenta. Y avisa: “Alguien tiene que asumir responsabilidades”.
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