A las 8.30 de la mañana en Colombia (15.30 en España) del próximo lunes y con toda una nación expectante, la jueza Sandra Heredia anunciará si el ex presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) es «inocente» o «culpable» por los delitos de manipulación de testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal. Pondrá así el broche final al que se ha denominado el ‘juicio del siglo’ y que, en función de la decisión que tome, tendrá «impredecibles consecuencias», alerta su abogado Jaime Granados.
El letrado se centra en los detalles tanto del caso como de la trayectoria política de Colombia porque son con los que se entiende la complejidad de lo que está ocurriendo en torno a la influyente figura del líder de Centro Democrático y principal opositor al Gobierno de Gustavo Petro. Recientemente, su apuesta para las presidenciales de 2026, el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, fue objeto de un atentado. La crispación es máxima.
«En toda la historia de nuestra República nunca un presidente constitucional había sido sometido a un juicio», explica Granados, añadiendo que tampoco hay «un político comparable a él». «Si esto fuera un caso común y corriente no habríamos llegado a juicio, pero como es Álvaro Uribe… Nos preocupa que la decisión no se fundamente en las pruebas recaudadas y los argumentos jurídicos, sino que ceda a esa presión política», la cual apunta que viene de la «extrema izquierda». Tal es el temor que la defensa de Uribe viajó a Ginebra a exponerlo a las relatorías de Derechos Humanos. Eso sí, no alberga duda alguna de que Uribe es «inocente» y de que no sobornó a testigos a través del abogado Diego Cadena -pieza clave sobre el que esta semana se ha pedido una nueva investigación- ni trató de engañar a la Justicia. Así intenta aclarar este enmarañado cruce de acusaciones por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Pregunta. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí?
Respuesta. Por su vigencia [política], porque se caracterizó por perseguir a las organizaciones criminales, a todas: las guerrillas, el narcotráfico, los paramilitares… Eso hizo que se juntaran los enemigos de Uribe para buscar cómo afectar a su legado, como una venganza.
¿Qué hicieron? Empezaron a indagar, particularmente un político de extrema izquierda, que luego fue congresista y senador, Iván Cepeda, a las personas que Uribe había encarcerlado. Primero buscándolas en EEUU y luego en las cárceles de Colombia, para tratar de encontrar a alguno que incriminase a Álvaro Uribe o a su familia falsamente. Le abrieron investigaciones siendo él ya ex presidente [el que primero demanda, según el abogado, es Cepeda]. Iniciamos unas acciones legales contra Cepeda porque eran informaciones calumniosas. La Corte Suprema archivó la investigación en febrero del 2018 y ordenó que se investigara a Uribe por supuesta manipulación de testigos. Esa investigación no condujo a nada, pero de manera clandestina, se inició en tiempo récord otro proceso del cual se enteró el presidente Uribe.
En esa investigación, que es la que lleva a este caso, descubrimos que a él, con el pretexto de un error, le interceptaron sus comunicaciones celulares (móviles) mediante procedimiento de escuchas ilegales sin orden judicial. Y, finalmente, también le interceptaron las comunicaciones con su abogado investigador Diego Cadena. En medio de eso se construyó este caso. En 2020, Uribe renunció como senador y pasó a defenderse como cualquier persona. Fue dejado en libertad [estuvo en arresto domiciliario] y empezó la segunda etapa del proceso que lleva a lo que hoy estamos. Dos fiscales distintos consideraron que había que archivar y los jueces no lo aceptaron. Un tercer fiscal, nombrado y promovido por uno de los perseguidores de Uribe, Eduardo Montealegre, hoy ministro de Justicia de Petro, fue quien acusó a Álvaro Uribe. Esto llevó a que el 10 de febrero de este año se iniciase el juicio, que terminó el 24 de junio.
P. Si no hay absolución, ¿considera que hay ‘lawfare’ en este caso?
R. Estamos en una situación de enorme tensión. Hemos vuelto al nivel de inseguridad que existía antes de que Álvaro Uribe volviera a la Presidencia, hace 25 años. Y, por si fuera poco, Petro acaba de presentar esta semana un proyecto en donde los líderes de las organizaciones criminales que están presos serían liberados. Y les permitiría conservar el 12% de su fortuna ilegal. Ya tuvimos que sufrir con lo que fue el acuerdo de La Habana para las FARC; hoy están en el Senado de Colombia los autores de verdaderos delitos de lesa humanidad. Están impunes. Entonces mira la situación, a quien los combatió, que es Álvaro Uribe, que no cometió ningún delito, expuesto ahora a una condena. Una condena a Uribe sería, además de abiertamente injusta, una quiebra institucional. No sabemos qué consecuencias podría tener en la paz social. Puede haber un estallido en Colombia como no ha habido otro en más de medio siglo.
P. De no ser Álvaro Uribe un político influyente y de no estar en el contexto de las elecciones del año 2026, ¿no estaríamos hablando de este caso y de este juicio?
R. Es que estamos hablando de que el principal opositor, el líder indiscutible de la oposición de Colombia al Gobierno de Petro es Álvaro Uribe. Su vigencia política es total. Él ya no tiene la popularidad del 84% del pasado, pero sigue siendo el más popular de todos los políticos. Aquí la estrategia es, como no hemos podido matarlo, 57 atentados ha sufrido, vamos acabar con su reputación. Primero, hacerlo ver que él estaba aliado con paramilitares, en lo que han fracasado. Y segundo, es que estaba manipulando la verdad, comprando testigos, lo que también probamos que no es cierto. El problema es que dependemos ahora de esta decisión en medio de estas presiones y es lo que ha generado la intensidad del debate público en Colombia.
P. El propio Petro dijo esta semana que había presiones a la Justicia porque el fallo era inminente.
R. Cínico. Él intervino para que no absolviera al hermano de Uribe el año pasado. Y ahora sale a decir esa mentira.
P. Surge la duda de si hay separación de poderes hoy en día en Colombia, de si se puede confiar en el Estado de Derecho y, por tanto, en la independencia judicial.
R. Yo creo que Colombia ha demostrado, a pesar de todas las dificultades de su historia, ser el país más institucional de América Latina. ¿Pero qué ha ocurrido? Ante esa presión del Ejecutivo y de ciertos sectores del Legislativo al Poder Judicial, pues claro que el Poder Judicial se siente intimidado. Entonces nuestra preocupación clara es que la jueza sufra también ese tipo de intimidación. Si eso llegara a ocurrir, esa confianza en las instituciones se empezaría a resquebrajar y el impacto sería muy grave. Ahí sí podemos caer en una situación de ruptura del hilo constitucional y de franca entrada en la dictadura, el modelo Venezuela en Colombia, con todo lo que eso implicaría.
P. Le voy a pedir que haga un ejercicio a futuro: ¿qué pasará el lunes si Álvaro Uribe es declarado culpable? ¿Y si es declarado inocente?
R. Obvio que nosotros estamos convencidos que la única opción jurídica es la absolución, de eso no tenemos una sola duda. Es casi que impensable otra situación. Cualquiera de las dos que ocurra sabemos que va a haber una segunda instancia. En Colombia se puede apelar tanto la absolución como la condena. Pase lo que pase, va a subir esto al Tribunal Superior de Bogotá y será el Tribunal quien tendrán la posibilidad de resolver el caso. Pero más allá de esos tecnicismos legales, de que existan otros recursos, una decisión tan categóricamente injusta como sería una condena, sí podría generar una situación de desbordamiento de la situación de Colombia. Por eso, ha habido ese llamado de muchos sectores en Colombia de que esta decisión no es cualquier decisión.
P. Y si le condenaran: ¿qué pena le podrían llegar a poner?
R. En teoría es de seis a 12 años y podría, por ser concurso de delitos, llegar incluso hasta 24. En la práctica la pena estaría alrededor de los ocho años. Pero en el caso de él, si fueran ocho días, sería igual de grave porque es inocente. Uno no puede vivir con la ignominia de que siendo inocente ser encontrado culpable, simplemente para tratar de silenciar a la voz más importante y líder de la oposición en Colombia. Entonces, ¿qué futuro le espera a un país donde se condena a los inocentes y se premia a los terroristas y a los criminales?
P. ¿Por qué Iván Cepeda? ¿Por qué es la principal acusación?
R. Porque él decidió armar su carrera política así, atacando a Uribe. Él es hijo de un senador que era afín a la parte política de las antiguas FARC, que se llamó el partido UP. Unión Patriótica surgió como un brazo político de las FARC. Este senador fue asesinado. Iván Zepeda pudo regresar a Colombia gracias a que el presidente Uribe le garantizó la seguridad a todos ellos. No hubo un solo líder de la oposición en sus ocho años que falleciera en Colombia o incluso que fuera víctima de un atentado. Entonces él va a buscar a las cárceles testigos y armar su carrera política a costa de esto. Claro que ha tenido éxito, es senador y Petro es presidente y es su principal aliado.
P. ¿Y los otros casos contra el ex presidente Uribe?
R. Ningún caso puede avanzar porque no tiene ningún mérito y todos han sido derrotados.
