Hubo un tiempo no muy lejano en el que, cuando las conversaciones con dirigentes de la cúpula del PSC versaban sobre la amnistía, el interlocutor socialista no disimulaba la incomodidad. Se admitía que la cuestión dividía a la militancia del partido, pero que la necesidad del momento exigía flexibilidad. Pedro Sánchez perseguía la investidura con los votos de ERC y Junts, y en Barcelona se compasaba el discurso con Ferraz. En mitad de aquel noviembre de 2023 de desenlace conocido, un barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió detectaba que solo el 49% de los votantes del PSC era favorable a la ley del perdón. Un año y medio después, con la amnistía aprobada pero desplegada solo parcialmente, Salvador Illa compareció en Palau para celebrar la constitucionalidad de la norma, exigir al Tribunal Supremo que cesara en su empeño de obstaculizarla, y admitir que le “duele” la situación de dirigentes en compás de espera, sin llegar a citar a Oriol Junqueras o Carles Puigdemont. La política reclama empatía y pericia, y también cierta capacidad de contorsión.
Se sabe que Illa es corredor de fondo y no un pupilo de Nadia Comaneci, y en el recorrido largo que pretende son productivas las caricias a la parroquia de los adversarios políticos que también pueden ejercer de socios circunstanciales. El president, el hombre en quien más puede confiar Sánchez después de la traición de un Santos Cerdán que ya duerme en prisión, no improvisó la valoración de la sentencia del Tribunal Constitucional. Alineada con la Moncloa, la respuesta también interpelaba al votante que demanda estabilidad, con aquello de una Cataluña con “autogobierno fuerte” en la que “las cosas van mejor”, relato que desquicia a Junts, pero que seduce a sectores económicos tradicionalmente alineados con el nacionalismo conservador que tenía como faro a Jordi Pujol.
Los mismos poderes que, una vez ejecutada la amnistía, celebrarán que la financiación singular deje de ser una promesa política para ser una realidad palpable, trayecto empinado que debería empezar en la Comisión bilateral Estado-Generalitat del 14 de julio. ERC marcó el camino de la financiación a Illa y Junqueras también sabe ser flexible. Sacrifica el calendario pactado, consciente de las urgencias domésticas del PSOE, a cambio de avances satisfactorios en la demanda estrella. Queda por saber si, por necesidad de María Jesús Montero, se alterarán notas de la partitura del acuerdo de investidura con el argumento superior del posibilismo, como pasó con Rodalies y las concesiones a los sindicatos movilizados contra el traspaso.
De regreso a la amnistía, de la que quedan capítulos pendientes por escribir si atendemos a la obstinación del Supremo, eran esperables las cargas de munición de Junts y ERC contra el tribunal que sigue frenando el pleno perdón a sus líderes. Lo que realmente resulta ilustrativo es la pasividad con la que fue acogida la sentencia entre las bases independentistas. Amnistía de palacio, celebrada en Palau y la Moncloa. Una radiografía precisa del desaliento soberanista, sin mayoría en el Parlament ni más fuerza que la de apretar a un Sánchez tocado sin ahogarlo.
