Un juzgado de Madrid imputa al novio de Ayuso por fraude fiscal y falsedad documental
Una juez de Madrid ha abierto diligencias contra Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos presuntos delitos de fraude fiscal y un presunto delito de falsedad documental tras la denuncia de la Fiscalía. Las diligencias se abren también contra cuatro personas más, los tres presuntos cómplices de González residentes en un pueblo de Sevilla y el empresario mexicano Maximiliano Eduardo Niederer, que reside en Madrid. Niederer cuenta con cinco empresas en España ubicadas en el distrito de Retiro.
“La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha incoado diligencias previas por dos presuntos delitos de defraudación tributaria y un presunto delito de falsedad en documento mercantil contra Alberto G. A. (González Amador), Maximiliano Eduardo N. G., David H. L. (Herrera Lobato) Agustín C. S. (Carrillo Saborido) y [su hermano] José Miguel C. S. tras la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal, recaída en este órgano judicial por turno de reparto”, dice la nota del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Los tres sevillanos tienen entre 34 y 55 años. Los tres viven en Arahal, casi puerta con puerta, en un municipio de 20.000 vecinos a 45 minutos en coche de la capital andaluza. La pareja de la presidenta recibió facturas falsas o falseadas de seis empresas de dicha localidad por 180.395 euros. David Herrera Lobato regenta una gestoría en el pueblo, con 18 empresas a su nombre. Y los hermanos José Miguel Carrillo, camarero, y Agustín Carrillo, panadero, otras seis.
“La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer”, añade el TSJM.
El auto de la juez señala que la empresa de González Amador, Maxwell Cremona, “con la finalidad de eludir su tributación ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado en esos ejercicios [2020 y 2021], llevó a cabo determinadas conductas, con la única finalidad de reducir dicha tributación, deduciéndose indebidamente gastos en virtud de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados”.
Según el auto de la juez, “como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros”. Ambos incumplimientos constituyen delitos de fraude fiscal por exceder del límite fijado de 120.000 euros.
