El grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona ha renunciado a pactar con el gobierno del alcalde Jaume Collboni (PSC) la reforma de la norma que obliga a reservar para vivienda de protección oficial el 30 % de las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones en la capital catalana. “Pusimos sobre la mesa seis propuestas para pactar la flexibilización”, alega Junts, y critica que ninguna de ellas haya sido atendida. El presidente del grupo municipal de Junts per Barcelona, Jordi Martí Galbis, ha asegurado que “las negociaciones están rotas”, en estos momentos.
Martí Galbis ha defendido que la decisión es consecuencia de la incapacidad de Collboni para arremangarse a la hora de negociar un acuerdo y “a la negativa del gobierno municipal para intentar llegar a aproximaciones” en las medidas que propuso Junts en febrero para hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda en la ciudad. Entre esas propuestas estaba reducir en un 4 % del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en 2026. El equipo de gobierno sí se había puesto a negociar la rebaja del IBI, aunque en un porcentaje menor al que exige Junts y siempre que la recaudación se compense con un incremento de la tasa turística.
El presidente de JuntsxBarcelona, el grupo municipal más numeroso por haber ganado las municipales en 2023, se ha comprometido a que si en 2027 gobiernan la ciudad “en pocos días, aprobaran la flexibilización de la reserva del 30 % para viviendas de protección oficial” y ha subrayado que, pese a la negativa actual, Junts no dice “no a la reserva del 30 %”.
El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, advirtió recientemente que si no había un acuerdo en breve, iban a tirar la toalla. “No haremos un debate eterno, hace dos años que discutimos sobre el 30% y hemos debatido suficiente. Si antes del 1 de agosto no hay acuerdo, el tema no se volverá a abrir hasta 2028″, dijo.
La reforma del 30% fue una de las promesas electorales estrella del PSC. Pero superado el medio mandato, los socialistas no han logrado el apoyo para hacerlo. El gobierno de la ciudad tiene presiones no solo del sector inmobiliario, sino incluso de la gran patronal catalana, Foment del Treball.
