Junts per Catalunya ha vuelto a dar un ultimátum al Gobierno de Pedro Sánchez para que cumpla con los compromisos adquiridos en el llamado «acuerdo de Bruselas» entre ambas formaciones y que sirvió para que el líder del PSOE revalidara su presencia en Moncloa. Si la última vez los posconvergentes amenazaron con presentar en el Congreso una propuesta para que el presidente se sometiera a una cuestión de confianza -que posteriormente retiraron-, ahora han vuelto a dar un plazo hasta finales de mayo para avanzar en sus peticiones, como la amnistía y el catalán en Europa.
Esta urgencia se ha producido después de que trascendieran unas declaraciones del juez Pablo Llarena en el sentido de que los recursos de amparo de los políticos condenados o fugados presentados ante el Tribunal Constitucional no prosperarán. En el entorno de Junts, según ha podido saber THE OBJECTIVE, han circulado con fuerza estas declaraciones del juez instructor de la causa del procés que revientan la aplicación de la amnistía a Puigdemont por parte del Tribunal Supremo. En realidad, añade otra fuente, nadie quiere romper los puentes con los socialistas, pero necesitan saber «cómo va la vuelta de Puigdemont y qué se puede hacer» si se impone el criterio del Supremo.
El magistrado, que impartió una conferencia en la Real Conferencia de Jurisprudencia y Legislación de Granada invitado por el Colegio de Abogados, sostuvo que los recursos de amparo «no tendrán recorrido» ante el Tribunal Constitucional. En cinco minutos cerraba la puerta a la posibilidad de que la corte de garantías pudiera corregir el dictamen del Supremo de no amnistiar a los condenados por malversación, como es el caso de Puigdemont.
Juristas advirtieron a Junts
Si han sentado tan mal las palabras de Llarena también se debe a que varios juristas ya habían advertido a Junts de esta posibilidad que ha hecho pública Llarena con su intervención. En el partido consideran que no se pueden quedar de brazos cruzados y que debían volver a recuperar el pulso con el Gobierno. Acusan a Llarena y a los jueces del Supremo de estar prevaricando contra la ley de amnistía.
El juez instructor en la causa del procés aseguró en la conferencia de Granada que el tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido solo debe comprobar si la ley es constitucional, pero no decir a quién se aplica, puesto que esto correspondería a los tribunales ordinarios y, en el caso en cuestión, al Tribunal Supremo.
«Aquí estamos entre juristas, y todo el mundo lo sabe, al Tribunal Constitucional le corresponde interpretar la constitucionalidad de una ley, proclamar si la ley orgánica 1/2024 es un instrumento que está dentro de las posibilidades del legislador español, y en la eventualidad de que esté dentro de las posibilidades del legislador español, si ésta se emitió satisfaciendo las necesidades constitucionales. Pero esta es la función del Tribunal Constitucional, decidir la constitucionalidad o no de la ley. Decidir el ámbito de aplicación de una ley, a quién se aplica, eso no le toca al Tribunal Constitucional». Y aseguró que tiene el «convencimiento personal» de que los recursos de amparo que preparan las defensas «no tienen recorrido».
Aviso al PSOE
Los de Puigdemont accedieron a retirar la petición de cuestión de confianza tras el anterior ultimátum cuando el mediador les pidió más tiempo para que el Gobierno pudiera dar cumplimiento a los acuerdos. Poco después, se produjo un avance en la transferencia de las competencias de inmigración en Cataluña, pero no se ha culminado. A este respecto, Junts urge al Ejecutivo a hacer efectivo dicho traspaso.
En paralelo, están pendientes de cómo evoluciona sus recursos en el Constitucional. En junio, Conde-Pumpido afirmó que en junio se resolvería el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular. Y, como avanzó THE OBJECTIVE, el Constitucional tiene previsto avalar la ley -y ampliarla al delito de malversación- y tumbar los recursos del PP. No obstante, en Junts ahora temen las palabras de Llarena en cuanto a que el Supremo tiene la última palabra.
