Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, compareció el lunes por quinta vez a una audiencia de juicio por presunto lavado de activos, que empezó a inicios de julio, donde su defensa negó las acusaciones.
La fiscalía pide 30 años de cárcel para la excandidata presidencial y la disolución de su influyente grupo político.
El Ministerio Público acusa a Fujimori de lavar 17.3 millones de dólares al captar dinero de empresas, incluida Odebrecht, para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016 y ocultarlos con falsos registros de aportes en cócteles y rifas. Fujimori, de 49 años, perdió ambas campañas y otra en 2021.
El juicio por lavado de activos comenzó el 1 de julio y el lunes era la quinta audiencia, donde la defensa presentó sus argumentos.
La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, dijo al tribunal en Lima que la acusación «se va a derrumbar con una sola pregunta: ¿dónde está el lavado de activos? A nombre de la señora Keiko Fujimori sólo pido justicia«.
Indicó que la fiscalía no podrá probar sus acusaciones y que los empresarios aportaron dinero lícito.
Al finalizar la audiencia, Keiko Fujimori declaró ante los medios para defenderse de las acusaciones, pero no dio detalles sobre el anuncio que realizó en la víspera acerca de la candidatura presidencial de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, de 85 años.
«No existe lavado de activos, lo que hay es una persecución política y un circo por parte de un fiscal obsesionado conmigo y con Fuerza Popular», dijo la excandidata presidencial.
La tarde del domingo Keiko Fujimori escribió en sus redes sociales que su padre y ella habían conversado «y decidido juntos que él será el candidato presidencial». Alberto Fujimori tampoco ha realizado hasta ahora declaraciones sobre su candidatura.
Pese al anuncio, la ley peruana establece quien haya sido declarado culpable de corrupción, como es el caso de Alberto Fujimori, no puede postularse a la presidencia o vicepresidencia del país.
Un grupo de seguidores de la familia Fujimori llegó hasta los exteriores del juzgado para manifestar su apoyo, como han hecho en otras ocasiones desde hace seis años cuando Keiko Fujimori comenzó a ser investigada.
Alberto Fujimori, quien fue condenado en 2009 por el asesinato de 25 peruanos durante su gestión (1990-2000), tiene otras tres sentencias por corrupción y debe 15 millones de dólares a las arcas públicas, según la Procuraduría especializada en delitos de corrupción. El expresidente fue extraditado desde Chile en 2007 y enviado a una cárcel para presidentes en Lima, donde permaneció preso hasta en diciembre de 2023.
