La Abogacía del Estado ha pedido en el Tribunal Supremo el archivo de la causa abierta contra el fiscal general del Estado al considerar que durante la instrucción se ha acreditado que el contenido del correo electrónico cuya filtración se investiga no era secreto cuando lo recibió Álvaro García Ortiz. En un escrito registrado este viernes, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la defensa del fiscal general desgrana los hechos que, según asegura, descartan a García Ortiz como autor de la filtración y concluye que la información que contenía el mail (incluida la admisión de dos delitos fiscales por parte del empresario Alberto González Amador, procesado por fraude fiscal y pareja de Isabel Díaz Ayuso) ya eran conocidos por muchos periodistas antes de que el fiscal general recibiera el correo electrónico que recogía estos datos.
El escrito presentado por la Abogacía se une a los registrados en los últimos días por algunas de las acusaciones y por la defensa de la otra investigada en el caso, la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, pidiendo al juez que de por cerrada la instrucción. Para la Abogacía, los casi ocho meses de investigación dirigidos por el magistrado Ángel Hurtado han servido para reunir “un conjunto de material probatorio de descargo” a favor del fiscal general.
El abogado del Estado apoya gran parte de su escrito en los testimonios presentados ante el juez por numerosos periodistas de distintos medios (EL PAÍS, la SER, elDiario.es, La Sexta y El Mundo), que coincidieron en que conocían los detalles del pacto antes de que García Ortiz recibiera, a las 21.59 del 13 de marzo de 2024, el correo remitido por el fiscal del caso al abogado del empresario. El escrito de la Abogacía recoge los mensajes de WhatsApp que este periódico ha aportado a la causa, que constatan que supo que la pareja de Ayuso estaba dispuesta a aceptar un pacto que implicaba reconocer sus delitos fiscales desde el mediodía del 12 de marzo.
La defensa recalca también que la querella presentada por la pareja de Ayuso contra el ministerio público omitió “deliberadamente datos relevantes” que implicarían que los hechos investigados no son constitutivos de delito. Entre estos datos obviados, la Abogacía asegura que el propio González Amador ya había divulgado los detalles del pacto entre “personas del entorno político de la presidenta de la Comunidad de Madrid”, en referencia al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a quien el empresario envió un correo electrónico remitido por el fiscal del caso a su abogado.
La querella, advierte la defensa de García Ortiz, también obvió que el abogado de González Amador envió el correo cuya filtración se investiga a la Abogacía del Estado, lo que abre la puerta a que se filtrara por otra vía; y que la pareja de Ayuso habló con el periodista de El Mundo que firmó la noticia lanzada por este medio la noche del 13 de marzo de 2024 y en la que, por primera vez, se hacía referencia a una negociación entre el ministerio público y el abogado de González Amador. El abogado del Estado considera que estas omisiones “obedecen a una estrategia procesal cuidadosamente dirigida a presentar una versión deformada de los hechos” para “desplazar artificialmente la sospecha” hacia García Ortiz.
La defensa pone el foco también sobre otros aspectos revelados a lo largo de la instrucción y que, en su opinión, suman argumentos en contra de la tesis de la acusación, como el hecho de que el correo que envió la fiscal provincial al fiscal general llevara como documento adjunto un archivo en formato PDF titulado “Propuesta de conformidad penal” que no se publicó en ningún medio, a pesar de que contenían información de enorme relevancia mediática. “Tal circunstancia revela de forma clara que dicho archivo no se encontraba en poder de los periodistas que difundieron la información en ese momento”, afirma la Abogacía, que destaca también el hecho de que el correo que recibió García Ortiz tuviera un formato, tipografía y distribución de párrafos distintos al que se publicó en prensa.
