Las sesión de este miércoles en las Cortes de Castilla y León resultó extraña. No faltaron las críticas y los reproches lanzados de una bancada a otra, pero nadie elevó el tono ni defendió sus posturas con la vehemencia habitual, como si se hubiesen agotado las fuerzas en el penúltimo pleno de un curso político que a finales de este mes toca a su fin.
Sin embargo, en pocas sesiones se logra que las cuatro proposiciones no de ley salgan adelante (dos del PSOE y dos del PP) y que se acuerde la toma en consideración de la proposición de ley presentada por los socialistas de ‘igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ en Castilla y León’. Una iniciativa legislativa que se aprobó con 37 votos a favor (los socialistas, UPL-Soria ¡Ya! y Grupo Mixto), 13 en contra (los de Vox y los dos procuradores no adscritos) y 31 abstenciones, las del Grupo Popular. Fue esta postura la que, precisamente, permitió que fuese aprobada y eso que en su defensa, la popular Noemí Rojo fue muy crítica con un texto que «no legisla para todos y deja fuera aspectos clave», por lo que pidió «legislar con rigor, sensatez, prudencia y seguridad jurídica».
No obstante, Rojo quiso dejar clara la postura de su grupo de «defender la libertad del individuo en su máxima expresión» y de «condenar cualquier acto que suponga violencia, discriminación y odio». Además, aseguró que «los derechos de las personas LGTBI+ en Castilla y León están garantizados».
Pero en el PSOE no lo tienen tan claro y por eso han presentado una propuesta consensuada con colectivos afectados, aunque no es la primera vez que llega al Parlamento, donde ha decaído en varias ocasiones con el fin de la legislatura. Una situación que puede volver a producirse dado que son muy pocos los meses que quedan de actividad en las Cortes, ya que si las elecciones se celebran en el mes de marzo, en enero deberían disolverse. Es decir, que sólo resta el primer periodo de sesiones, el que va de septiembre a diciembre, tiempo en el que hay que presentar enmiendas, debatirlas en comisión y llegar a pleno. En cualquier caso, los socialistas mostraron su entusiasmo por haber conseguido que la iniciativa comience formalmente su tramitación ya que, de aprobarse, Castilla y León dejaría de ser la única comunidad que no tiene una ley de estas características.
El socialista Miguel Hernández aseguró que se trata de una «reivindicación histórica» y defendió que «enarbolar una bandera no cambia el mundo pero demuestra de que lado se está». En Vox, Juan Antonio Palomo argumentó el ‘no’ de su grupo en el «adoctrinamiento ideológico» que pretende y en que «no busca igualdad sino privilegios».
En la tribuna de invitados, representantes de colectivos LGTBI siguieron el debate y aplaudieron el comienzo de la tramitación de una ley que «espero que no quede empantanada y efectivamente no seamos durante más tiempo la reserva espiritual de occidente», dijo Marina Echebarría, presidenta del Consejo de Participación.
