Quienes propugnaban que la amnistía tenía que servir para dar estabilidad a la política catalana, y por extensión a la española, se han dado de bruces con un nuevo adelanto electoral en Cataluña. La aprobación el jueves en el Congreso de la ley que debe permitir pasar página a la “represión” según los independentistas y a la inestabilidad derivada del procés, según el Gobierno, todavía tardará al menos dos meses en dar los primeros frutos. Pero sí ha servido como pistoletazo de salida para la campaña de las elecciones catalanas.
Los comicios del 12 de mayo serán los quintos consecutivos que se celebran de forma anticipada en una comunidad donde ningún Gobierno parece poder aguantar más de tres años. Artur Mas en 2012 y en 2015. El Gobierno, a través del artículo 155 de la Constitución, en 2017. La inhabilitación de Quim Torra en 2021. Y ahora, Pere Aragonès. Todos han tenido que dar la palabra a la ciudadanía antes de tiempo para sacar a Cataluña de los embrollos derivados del procés. Y, a tenor de los discursos que hicieron el jueves en el Congreso de los Diputados los portavoces de los partidos independentistas, nada apunta a que vaya a cambiar mucho a corto plazo.
Tanto Esquerra Republicana como Junts per Catalunya consideran la amnistía no como un punto de llegada de un largo proceso de negociación, sino como el punto de partida hacia un referéndum de independencia. Lo verbalizaron el jueves en el Congreso con más o menos claridad y los que no lo hicieron desde el estrado lo apuntaron por otras vías. La diputada de ERC Pilar Vallugera argumentó que la ley de amnistía vuelve a poner a los independentistas “en condiciones de hacer frente al siguiente paso” para la resolución del conflicto político catalán: “el ejercicio del derecho de autodeterminación”. Y dejó claro que su formación no va a “dejar de reclamar” por más que el presidente catalán y candidato por ERC, Pere Aragonès, sostenga que la vía elegida por su partido es la de un gran pacto que haga posible dicho referéndum.
Carles Puigdemont, uno de los potenciales beneficiarios de la ley de amnistía, aseguró que la medida de gracia no es “un punto final de nada”, sino “una condición necesaria, pero no suficiente para resolver el conflicto”. Puigdemont y Junts intentan jugar la baza de haber conseguido la amnistía gracias a sus siete diputados en el Congreso y, aunque el jueves procuraron ser elegantes con sus rivales de ERC, no pierden ocasión para recordar que los republicanos “solo” consiguieron los indultos la pasada legislatura cuando eran decisivos. Los de Pere Aragonès les replican que todo habría sido más fácil y más rápido si Junts hubiese entrado en el juego de la gobernabilidad y de los pactos con anterioridad en lugar de haberse dedicado durante años a la “antipolítica”.
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Los papeles de campaña están fijados. Lo que tiene pendiente de confirmar Junts es si Carles Puigdemont será candidato. Desde el mismo momento de la convocatoria de elecciones, Puigdemont se ha dejado querer por su partido, pero no aclara si se presentará a las autonómicas o solo a las europeas de junio, pendiente del calendario de aplicación de la amnistía. Fuentes de Junts aseguraron el jueves que la decisión se tomará y se comunicará la próxima semana. La principal dificultad de Junts es poder garantizar que, llegado el caso, Puigdemont podría regresar a España sin riesgo a ser detenido, para un eventual debate de investidura.
A diferencia de Puigdemont, Aragonès combina el discurso de la exigencia independentista con el de una cierta institucionalidad. Para él reclama el mérito de haber devuelto una normalidad institucional en la Generalitat, que quedó por los suelos en tiempos de Carles Puigdemont y de Quim Torra. De ahí que aproveche sus intervenciones para apostar por dar “previsibilidad” y un camino claro a la política catalana.
Pero no lo tendrá fácil el presidente en funciones para apoderarse de este papel institucional. Quien más hace bandera de ello es el candidato socialista, Salvador Illa, que el fin de semana se verá ratificado como líder del PSC y como gran apuesta del socialismo para recuperar cierto poder territorial tras el batacazo del PSOE en las últimas elecciones autonómicas. Illa llega al congreso del PSC y a las elecciones de mayo con el discurso de devolver a Cataluña el dinamismo económico y social previo al procés y de dejar a un lado las divisiones que han marcado esta década. “Cataluña necesita un presidente y no un candidato”, dice en referencia a la incierta candidatura de Puigdemont. Y denuncia el “desgobierno” que a su juicio ha dejado el ejecutivo en solitario de ERC en la Generalitat.
En el otro extremo están los comunes de Jéssica Albiach y Ada Colau, que esperan sacar rédito en las urnas de su nuevo papel de izquierda más inflexible. Con una CUP en fase de reconstrucción y con ERC en un papel más institucional, los comunes han echado mano de su rechazo a la autorización de un casino de la cadena Hard Rock en Tarragona para hacer bandera de ser la única oposición de izquierdas. Albiach plantea el 12-M como una consulta sobre el modelo de país: “¿Queremos un país de macrocasinos, precariedad, más inseguridad y donde el agua no va al campo, sino a los macrocasinos? ¿O queremos un país de cultura, de ciencia y de innovación?”.
En el flanco derecho queda por ver la configuración final de las candidaturas de PP y Vox, ambos con importantes conflictos internos también en Cataluña. En el caso del PP, ni siquiera está claro que Alejando Fernández pueda repetir como candidato teniendo en cuenta su enfrentamiento abierto con la dirección nacional del partido. Sin embargo, todas las encuestas dan un importante repunte a los populares, coincidiendo con el hundimiento total de Ciudadanos. Y en Vox, Ignacio Garriga ha manifestado su intención de repetir pese a las encuestas que apuntan a una bajada de la ultraderecha.
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