La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), que representa al ala progresista de la carrera, cuestiona “la proporcionalidad” del registro que ha hecho la Guardia Civil del despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de sus comunicaciones. En un comunicado, JJPD advierte de que esa medida afecta los derechos fundamentales y se ha adoptado en un caso que investiga un delito de revelación de secretos, “es decir, un delito menos grave”. La asociación considera que aplicar una medida de ese calibre “obliga a una fundamentación reforzada conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.”
“Recordamos que en estos casos en que pueden verse involucrados derechos fundamentales ha de procurarse la menor afectación de los mismos si existen otras medidas que suponen menos injerencia, pero son igualmente útiles para el esclarecimiento de los hechos que son objeto de investigación”, se lee en el texto divulgado por la asociación. El registro al despacho del fiscal lo ha ordenado el Supremo en medio de la investigación abierta por la supuesta filtración de un correo electrónico que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso e imputado por fraude fiscal, envió a la Fiscalía para intentar alcanzar un pacto que le librara de la cárcel.
La asociación hace énfasis en que en vista de la medida que se ha adoptado, “es fundamental que se preserve el resultado de la diligencia de investigación, evitando las filtraciones que tienen lugar en casos similares”. Lo contrario, advierte, “podría suponer que, para garantizar el derecho de defensa de quien se presenta como perjudicado, se vulneren los derechos fundamentales de otras personas.”
La Guardia Civil llevó a cabo el registro de la oficina del fiscal general este miércoles y el operativo se prolongó durante 11 horas, en el transcurso de las cuales, los agentes clonaron los ordenadores, teléfonos móviles y tableta de García Ortiz.
