La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que representa al ala más progresista de la carrera, reclama al Gobierno que otorgue protección internacional a las personas saharauis retenidas, en algunos casos desde hace semanas, en el aeropuerto de Madrid-Barajas. En un comunicado difundido este jueves, el secretariado de esta asociación sostiene que la denegación de esa protección por parte del Ministerio del Interior incumple la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Este tribunal condenó a España en 2014, en otro caso con afectados saharauis, por vulnerar los artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos que declaran el derecho a la tutela judicial efectiva frente a la vulneración del derecho a la vida o la posibilidad de ser sometido a trato degradante por parte de terceros Estados.
“El TEDH obligó a España a garantizar, jurídica y materialmente, que las personas solicitantes de asilo se mantuvieran en territorio español durante el examen de sus causas hasta que la decisión interna fuera adoptada. Esa sentencia reconoce el riesgo que sufren los saharauis que viven en su territorio y hace referencia al régimen jurídico del territorio, recordando el informe de Hans Corell”, recuerda la asociación judicial.
En la sala de admisiones del aeropuerto de Barajas se encuentran actualmente 35 solicitantes de asilo documentados conforme al último censo realizado por la Misión de la ONU para el Sahara Occidental (MINURSO), entidad que acredita su condición de saharauis. Estas personas, recuerda JJPD, denuncian las difíciles condiciones en las que se encuentran: hacinamiento, falta de higiene y de asistencia médica. Por ese motivo, doce de ellas han iniciado una huelga de hambre. A la petición de protección se ha adherido Sumar, socio del PSOE en el Gobierno, que rechaza que sean deportados.
JJpD recuerda que, al negarles el asilo, Interior va en contra del criterio favorable del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que ha validado la documentación presentada por los saharauis y que, recuerda la asociación, conforme los artículos 34 y 35 de la Ley 12/2009, reguladora del Derecho de Asilo, “cumple un papel esencial en este procedimiento”. Los jueces aluden también a los informes de la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional denunciando la situación de la población saharaui en los territorios ocupados por Marruecos; y recuerdan que en la Audiencia Nacional se siguen causas contra altos militares marroquíes por delito de genocidio en concurso real con diversos delitos de asesinato, detención ilegal, lesiones y contra la libertad sexual, cometidos contra el pueblo saharaui desde la ocupación de Marruecos del territorio en 1975 hasta la fecha.
“En este contexto, los temores expresados por solicitantes de asilo relativos a los malos tratos susceptibles de ser padecidos en caso de retorno no son irracionales ni desprovistos de fundamento. Estas alegaciones han de examinarse individualmente, lo que conforme a la doctrina del TEDH supone mantener a los solicitantes en España hasta que hayan podido ser examinadas estas circunstancias minuciosamente, concluyendo, no solamente la fase administrativa, sino jurisdiccional”, advierte el comunicado difundido por JJpD. “Por todo ello”, concluye el texto, “solicitamos al Ministerio del Interior que garantice los Derechos Humanos de aquellas personas que soliciten protección internacional, cumpliendo la legalidad vigente y la jurisprudencia, garantizando el principio de no devolución y que en sus resoluciones adopte un enfoque de protección de los Derechos Humanos, género e infancia”.
El Ejecutivo dice que cumple “con los protocolos”
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La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido en el pleno del Congreso este jueves que el Gobierno “está cumpliendo con los protocolos en derecho internacional”. Ha explicado que la sala de asilo del aeropuerto acoge a 60 personas “con pasaporte marroquí” y que el personal sanitario se encuentra allí. Entre ellas hay una niña de un año y medio, enferma de una alergia, que “no ha necesitado atención médica”, según la ministra. Montero ha expresado que España es el tercer país de la UE con más solicitudes de asilo y ha calificado al país como “solidario”.
Sumar ha presentado una proposición no de ley en la que expone “la continua reducción de las ayudas alimentarias” para el Sáhara Occidental, cifrando en más de 170.000 los refugiados saharauis afectados. La propuesta también expone que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU no dispone de los fondos suficientes para “alcanzar las ratios mínimas exigibles de ingesta de calorías”.
Por todo esto, Sumar propone dotar con 10 millones de euros un “fondo extraordinario de ayuda humanitaria” para cubrir “la alimentación básica de la población de los campamentos de refugiados saharauis hasta el final de 2024″. Además, pide un aumento de “todas las partidas dedicadas a la cooperación internacional para el Desarrollo y la ayuda humanitaria con la población refugiada” en los Presupuestos Generales del Estado.
