Piedra, vigas de madera, rejas de metal y hasta una gárgola. Todos los elementos con los que se levantó en la Edad Media la Torre Placia de Alicante se van a desmontar, trasladar y volver a montar en otra ubicación. La edificación, uno de los puestos de vigilancia contra piratas de la huerta medieval alicantina, quedó encerrada en una parcela vallada en el interior de una urbanización de viviendas, que obtuvo licencia en el año 2000. Pese a estar considerada Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1949, nadie respetó el perímetro de 150 metros que exige esta protección del patrimonio. Y un auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), cuatro años más tarde, revocó la licencia y exigió al ayuntamiento que derribara las viviendas que la circundaban. La única alternativa viable era mover la torre en el tablero urbanístico de Alicante. Y 20 años después de la orden judicial, la mudanza va a comenzar.
El pasado lunes, el equipo de Gobierno del PP firmó el acta de inicio de obra y declaró que el traslado es “inminente”, según lo definió la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez. El proyecto definitivo fue validado en mayo. La Torre Placia cambiará de domicilio desde su asentamiento fundacional, en la actual calle de Clara Campoamor, hasta una parcela municipal cercana en la que recobrará su relación con sus hermanas del entorno, de las que quedan 20 repartidas entre los términos municipales de Alicante y Sant Joan, en lo que actualmente se conoce como La Condomina. Las señales eventuales de tráfico que indican el calendario de las obras marcan los plazos establecidos para el proyecto, de seis meses, desde el próximo lunes hasta enero. El presupuesto será de 1,76 millones de euros, después de que el Ministerio de Cultura incluyera en octubre de 2023 unas modificaciones al proyecto que incrementaron el coste inicial de la adjudicación, que rozaba los 1,5 millones.
Las atalayas de huerta alicantinas se crearon en torno a los siglos XVI y XVII con la intención de proteger las cosechas del ataque de los piratas. De las que se conservan, alguna está habitada, como la Torre Mitja Lliura. La mayoría están integradas en residencias privadas, como la de Villa García, que pertenece a la familia Sala. Una forma parte de un restaurante, la de Rejas, y la mayor de todas, la torre defensiva de la Santa Faz, fue cedida a las clarisas porque forma parte del monasterio en que se conserva la reliquia que la tradición identifica con el paño de la Verónica. Tres de ellas son de titularidad municipal y todas tenían que estar alineadas y visibles entre sí para que su función se desarrollara con eficacia.
La Torre Placia, de tres plantas con terraza y con los muros salpicados con aspilleras, vanos para ventanas y balcones, resistió los embates corsarios y el paso de los siglos, pero perdió su identidad y su línea directa con sus compañeras bajo el frenesí urbanístico del ayuntamiento gobernado por Luis Díaz Alperi (PP). Bajo su mandato, las grúas levantaron 40 viviendas en el área que rodea el campo de golf, de las que 12, unifamiliares y habitadas, debían demolerse por colindar con el bien protegido, según la sentencia del TSJ. Un Real Decreto de 2017, que amparó la excepcionalidad del traslado, evitó el perjuicio a los habitantes de estos inmuebles y marcó el futuro como puzle y modelo para armar de la torre. Se marcha para recuperar la relación, es decir, la línea directa visual, con sus homólogas Ciprés, Mitja Lliura, Juana y Bosch. Y para convertirse en “punto de referencia y de información” sobre el conjunto de estructuras defensivas, avanza Gómez.
“El problema de Alicante es que siempre ha considerado que no tiene patrimonio, sino cosas viejas que se pueden derribar”, afirma la concejala socialista Trini Amorós. “Al PP no le importa el patrimonio”, continúa, “lo de la Torre Placia se hizo en época de Alperi, que quiso construir un palacio de congresos en las faldas del castillo [de Santa Bárbara], que también es un BIC”. “Lo único que hace singular a una ciudad es su patrimonio y su paisaje”, indica, “y las torres de la huerta son los vestigios del origen de lo que somos, de cómo se produjo el desarrollo económico de esta ciudad”. Tras el traslado, la única solución posible del conflicto, a su juicio, debería plantearse “un plan específico” para las torres, para su protección, conservación y uso como lecciones vivas de la historia alicantina.
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