El juez Juan Carlos Peinado investiga desde hace seis meses a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios; y, desde hace dos semanas, también por apropiación indebida e intrusismo profesional. El instructor ha imputado en este tiempo al empresario Juan Carlos Barrabés, vinculado académicamente a Gómez, y al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, que creó una catedra codirigida durante cuatro años por la esposa del presidente. Los datos recabados por el juez Peinado a través de los interrogatorios, registros o petición de informes a la Guardia Civil no le han permitido hasta ahora hallar indicios de los delitos que investiga. Pese a ello, el juez sigue ordenando diligencias, dirigidas en las últimas semanas a investigar la catedra de la Complutense y la actividad de Gómez en esa universidad, una actividad que ha mantenido hasta que en octubre de este año, y en medio de la investigación judicial, la universidad canceló tanto la cátedra como el máster que ella impartía.
Un ciudadano particular, cuya identidad se mantiene en secreto, solicitó información sobre Begoña Gómez a la Complutense en marzo de 2023; es decir, un año antes de que Manos Limpias presentara su querella basada en recortes de prensa, y con algunas informaciones falsas, y el juez abriera una causa contra la esposa del presidente. En esa petición de información —que figura en la documentación oficial incorporada al sumario judicial—, ese ciudadano buscaba datos para denunciar un supuesto trato de favor a Gómez: “Causas excepcionales que justificaron, a juicio del excelentísimo rector, el nombramiento de Begoña Gómez como directora de la cátedra sin reunir los requisitos de ser personal docente o administrativo de la Universidad Complutense de Madrid”. El particular pidió información sobre todas las remuneraciones recibidas por Gómez —tanto por el máster que impartía desde 2012 como por la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirigía, y que llevaba asociada otro máster, desde octubre de 2020—, y también reclamó las actas de las sesiones de la comisión de seguimiento de la catedra.
La secretaria general de la Complutense, Araceli Manjón-Cabeza, firma el expediente de transparencia 13/2023 donde señala que la petición de información “alude a varias cuestiones que afectan a datos personales de Begoña Gómez Fernández” pero que no están “especialmente protegidos en los términos establecidos por la legislación”. Además, respecto a las remuneraciones de la esposa del presidente, la universidad examina “el interés público de su divulgación y el derecho de los afectados a la protección de sus datos personales” y resuelve que, como Begoña Gómez no es una trabajadora de la Complutense que haya obtenido su puesto “a través de los procedimientos establecidos en la legislación reguladora de la función pública”, además de ser “una persona de relevancia pública”, procede a facilitar la información solicitada por el particular. El nombre de este ciudadano aparece borrado en la documentación remitida al juzgado de Juan Carlos Peinado.
El informe de la Complutense, de 57 folios, analiza aspectos sobre los que ha preguntado también el juez en los últimos meses. La universidad no apunta ni una sola irregularidad en los 12 años de actividades académicas de Gómez y rechaza cualquier trato de favor en su contratación. Estas son sus conclusiones:
Criterios para designar a Gómez codirectora de la cátedra. “Entre los criterios tenidos en cuenta se trata, por un lado, de su formación en el impacto social y la transformación social competitiva, que es el objeto de estudios y actividades de esta catedra extraordinaria, y por otro, de su acreditada experiencia profesional y en coordinación de formación en master propios y en estudios de formación permanente en materias vinculadas con el mismo objeto”. “El rector”, añade la universidad en su respuesta, “excepcionalmente y por causas justificadas, podrá designar a como director o directora de la cátedra a alguien sin vinculación laboral con la Universidad. Los motivos que sustentan esta decisión se basan en la trayectoria de Begoña Gómez que coincide plenamente con el tema de la cátedra extraordinaria. En efecto, la señora Gómez Fernández inició su colaboración con esta Universidad como codirectora de estudios de formación continua de técnico de fundraising [captación de fondos] durante los cursos 2012/13 y 2013/14″.
Remuneraciones. De 2.983 euros por un master en 2012 a 14.962 euros por dos cursos en 2022. El informe de la Complutense detalla hasta el céntimo el dinero que cobró Begoña Gómez de la universidad desde que empezó a dar clases, en el curso 2012-2013, hasta el curso 2021-2022, último del que ofrece datos. Las remuneraciones de la esposa del presidente en ese período van desde los 2.983 euros brutos que cobró en el curso 2012-2013 (por tutorías, docencia y dirección del master de fundraising) a los 14.962 euros brutos del curso 2021-22 (por las clases y tutorías de dos master —funrainsing y transformación social competitiva—).
Comisión de seguimiento. El dosier sobre Begoña Gómez incluye las actas de las reuniones celebradas por la comisión de seguimiento de la cátedra, presidida por Juan Carlos Doadrio, vicerrector de la Complutense (y que trabajó muchos años antes como alto cargo en el Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid). En la reunión en la que se aprobó la creación de la cátedra y el nombramiento de Gómez, la esposa del presidente explicó que desarrollaría una plataforma tecnológica “de medición de impacto para la gran y pequeña empresa”. Doadrio no planteó ni en aquella reunión ni en las siguientes ninguna duda sobre una supuesta apropiación indebida de esa plataforma por parte de Gómez, algo que ahora investiga el juez Peinado tras pedirlo la propia universidad.
En la cita de 2022 se destaca que ambos programas de formación transcurren “con normalidad” y “sin contratiempos”, y resaltan “la sinergia entre alumnos y docentes del master de Transformación Social Competitiva”. El acta recoge de nuevo el trabajo de la cátedra para crear una plataforma tecnológica que quieren lanzar en septiembre de 2022 y destaca que será de “uso gratuito” para las pequeñas y medianas empresas. También se anuncia que compañías como Telefónica, Mastercard y otras instituciones se incorporarán a la cátedra para trabajar “probono”, es decir, de manera voluntaria y gratuita, para el proyecto. En realidad fueron Telefónica, Indra y Google quienes pusieron casi 200.000 euros entre las tres empresas para desarrollar la plataforma tecnológica en una universidad pública como la Complutense.
