La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha afirmado este jueves que la empresa adjudicataria del servicio de transporte sanitario en el Sur de Córdoba, que adeuda seis nóminas a sus trabajadores y a la que ya se le ha rescindido el contrato y denunciado para evitar el «alzamiento de bienes», ha «engañado» a la Junta y a los empleados de dicho servicio de ambulancias, de modo que, a partir de ahora y posiblemente en los tribunales, tendrá que «asumir la responsabilidad legal de ese engaño», por «incumplimiento» de contrato.
Hernández ha respondido así, en el Pleno del Parlamento andaluz, al parlamentario de Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado, quien ha recordado que, tras seis meses sin cobrar, los trabajadores se pusieron en huelga, alegando, además, que la empresa «estaba incumpliendo sistemáticamente» el contrato con la Junta, en cuanto a «la ratio de ambulancias» que prestaban servicio y que, además, atendían a servicios de «empresas privadas», hasta que «en marzo» pasado le abre la Junta un «expediente sancionador» y, «finalmente, la empresa, no la Junta, es la que reconoce que ha quebrado y que se tiene que ir», preguntando Gómez Jurado quién asumirá ahora «responsabilidades» por todo ello.
Legalidad
Ante esto, la consejera ha asegurado que «se han seguido todos los pasos, siempre bajo la legalidad, para resolver esta situación», aclarando que «fue en febrero» y no en marzo, «cuando se abrió el expediente de penalidades» a la empresa, «y ya se le estaba exigiendo que nos informara de la situación. Aunque sí que es verdad, y se lo he dicho a los trabajadores, que nos han engañado, a ellos y a nosotros».
«La empresa adjudicataria tendrá que asumir la responsabilidad legal del engaño o del incumplimiento»
Rocío Hernández
Consejera de Salud y Consumo
Por lo tanto, la empresa adjudicataria tendrá que «asumir la responsabilidad legal de ese engaño o de ese incumplimiento» de contrato, subrayando Hernández que la Junta ha actuado en todos los frentes posibles, ya que el pasado día 8 de abril, «hace dos días, se informó» a la empresa de la «resolución del contrato, después de haber puesto una denuncia ante la Policía Local de Lucena , precisamente por ese incumplimiento de los servicios y, sobre todo, para que no hubiera un alzamiento de bienes».
En definitiva y según ha afirmado la consejera, «hemos hecho y estamos haciendo lo que podemos hacer, siempre bajo el paraguas de la legalidad», añadiendo que «ojalá fuera competencia» suya, «única y exclusiva» que los trabajadores «recibieran lo que se les debe», pero «eso se va a resolver en los tribunales», y es la empresa la que «tendrá que asumir las consecuencias de esta situación que ha provocado».
