El letrado de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha solicitado un escrito de adhesión a la petición de la Fiscalía de recurrir el auto de imputación a su cliente, pues, a su juicio, hay «una notoria falta de conexión entre los hechos objeto de la instrucción y sus presuntos autores, como dos líneas que no se encuentran».
En su escrito, presentado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz y al que EFE ha tenido acceso, solicita también que «se determinen los hechos» que se le imputan a David Sánchez y al resto de investigados, entre ellos el presidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo, así como «los indicios de criminalidad en los que se basan».
El abogado afirma que «esta adhesión es un rasgo de coherencia» al sostenerse «desde el principio de la instrucción criminal la vaguedad material de los signos de pretendida criminalidad que estimaron» la apertura de diligencias judiciales.
La Fiscalía de Badajoz recurrió el auto de imputación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y de Miguel Ángel Gallardo al considerar que no se «determinan los hechos concretos de imputación a cada uno de los investigados».
Sánchez y Gallardo están citados a declarar como investigados por el Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz el próximo 9 de enero en la causa abierta por delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación en relación con la contratación del hermano del presidente en la Diputación de Badajoz.
En su escrito de adhesión, la defensa de David Sánchez expone que de «la evanescente» denuncia inicial de una de las acusaciones populares -en alusión a Manos Limpias- «se detraía, no sin esfuerzo», que su cliente podría haber cometido «algo relacionado con su tributación como funcionario de alta dirección de la Diputación de Badajoz» y «se anudaba malintencionadamente» su eventual residencia en la localidad de Elvas (Portugal).
Similar marco le da el letrado al enriquecimiento «injusto consecutivo» a la suscripción de acciones de la entidad BBVA de su cliente y las «ensoñadas irregularidades» en la recreación de la plaza que ocupa en la Diputación.
A su juicio, todo ello ha sido «amplificado» por los medios de comunicación, «previa inducción, con ánimo no disimulado» de presentar a David Sánchez como un trabajador no ejemplar y buscando «per saltum el mal de otros».
«Estamos convencidos de que determinados actores de este proceso no están interesados tanto en su depuración técnica, cuanto en dibujar un perfil de los inicialmente investigados con fines que, objetiva y tozudamente, trascienden de lo que debiera ser la administración de justicia criminal en un Estado de derecho», sostiene el letrado.
En relación a los supuestos delitos contra la administración pública derivados sobre la convocatoria de su puesto de trabajo, el abogado remarca que «no parece contravenirse ningún aspecto de su desarrollo o adjudicación».
«Los comentarios divulgados acerca de la creación de esa plaza ad hoc, como una impostación forzada, son inciertas, o quizá fruto de otro error», añade el letrado en referencia a «errores» en materia de tributación relacionada con acciones que David Sánchez tiene con BBVA que proviene del «error inicial de confundir el valor de las acciones con el número de las mismas».
Tras preguntarse y exponer «qué concreto y tangible indicio de criminalidad obra» contra David Sánchez en el informe policial que motiva la redacción del auto de imputación, el abogado sostiene que «nada de lo revelado por el volcado masivo e indiscriminado» de correos electrónicos es compatible con figura penal alguna.
«Aquella resolución -la apertura de la investigación judicial- sirvió para lo que sirvió, pero al día de la fecha el proceso no se sostiene», asevera el abogado en su escrito.
