El Ejecutivo de Pedro Sánchez ofreció la Unidad Militar de Emergencias (UME) al Gobierno de Carlos Mazón ocho horas antes de que la Generalitat enviara la alerta masiva a móviles para avisar a la población de la magnitud de la dana que el pasado octubre dejó 228 muertos. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, precisó este lunes este dato durante su declaración de casi siete horas como testigo en el juzgado de Catarroja (Valencia) que instruye las pesquisas de la riada. La socialista relató que, el día el 29 de octubre, se puso en contacto con la entonces consejera de Justicia e Interior de la Generalitat, la hoy imputada Salomé Pradas, a las 12.23 horas. El objeto de la llamada: poner a su disposición el contingente militar. “Pídeme la UME”, le espetó la delegada, según fuentes presentes en su comparecencia.
Pese al ofrecimiento, el Ejecutivo valenciano no reaccionó a la tragedia de una forma contundente hasta las 20.11 horas, cuando remitió el SMS masivo a los teléfonos. La alerta llegó cuando se acumulaban decenas de fallecidos, desaparecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes. Además, cuando Bernabé ofreció la UME por primera vez, Mazón quitaba hierro al temporal al predecir que la gota fría se iba a desplazar a la Serranía de Cuenca y que, sobre las 18.00 horas, disminuiría su intensidad en la Comunidad, un mensaje en la red social X, que el propio líder popular luego borró. La misma mañana que el Ejecutivo ponía la UME a disposición del Consell, Mazón tildaba de “exagerada” la decisión de la Universitat de València de suspender las clases en un encuentro con empresarios.
En su primera comunicación con Pradas, Bernabé le advirtió del cariz que adquiría la tromba pasadas las 12.30 horas a raíz de la desaparición de un camionero en la comarca valenciana de La Ribera. La responsable gubernamental también desveló que el president se comunicó con ella por la noche a través de WhatsApp con un número que no era el suyo. “[Mazón] tenía problemas con su teléfono”, detalló.
Durante una comparecencia, la socialista manejó en el juzgado el listado de llamadas que registró su móvil el día de la dana: 240 comunicaciones entre las 8.00 y las 20.00 horas. Una actividad que choca con los registros del teléfono del president, que emitió 16 llamadas esa tarde. Bernabé precisó que contactó con Pradas por primera vez a las 12.23 horas. “Fue una llamada de cinco minutos, en la que le expliqué que había hablado con los alcaldes. Me puse a su disposición”, remarcó. “[La exconsejera] atendió mi llamada, me dijo que tomaba nota y que seguíamos en contacto”. La delegada lamentó que Pradas llegara a decir en televisión “que [el Ejecutivo central] no le había ofrecido la UME”.
Tras contactar con los alcaldes de Utiel y Requena, la representante gubernamental volvió a insistir, de nuevo, con Pradas, la jefa de la emergencia. Fue a las 14.06 horas. “A las 14.53 me llama la exconsejera y me pide oficialmente la UME […] Y, partir de ese momento, fue todo muy angustioso. Todas las llamadas que tuve con el alcalde de Utiel eran de desesperación, de mucha preocupación”, indicó Bernabé, que siguió la crisis desde la sede de la delegación del Gobierno en Valencia.
La reunión del Cecopi
La delegada del Gobierno ha defendido ante la jueza que si el Cecopi, el dispositivo de emergencias de la Generalitat que se reunió la tarde de la dana, se hubiera activado la mañana del 29-O el riesgo se habría reducido. Bernabé fue informada por la alcaldesa de la localidad valenciana de Paiporta, a las 19.00 horas, de que había vecinos ahogándose. “La consejera me dijo que lo que pasaba en Paiporta, también estaba ocurriendo en más municipios”, remarcó. Y precisó que, al arrancar el Cecopi, su dirección le avisó de que los rescates estaban siendo muy complicados en Utiel y que la UME tuvo problemas para entrar en esta población.
Uno de los puntos neurálgicos de la declaración abordó el envío de la alerta masiva a móviles. “Antes de las 18.00 horas, la consejera [Pradas] nos advirtió de que iban a parar, que iban a pensar qué hacer y que, cuando tomaran una decisión [de remitir el mensaje a los celulares], nos avisarían”, relató. “Nos pidieron que apagáramos las cámaras y los micrófonos”, añadió en alusión a la conferencia que tuvieron parte de las 29 instituciones integradas en el Cecopi. Y antes de activar la alerta, afirmó Bernabé, hubo un corte en la conexión de la reunión telemática “de 20 minutos”. Pradas, que era “quien ejercía el mando”, informó a la delegada del SMS masivo a móviles. La misiva fue redactada por dos miembros de la administración autonómica y validada por un tercero. Bernabé subrayó que pensaba que el texto incluía una mención a subir a las primeras plantas y eludir los bajos. La instructora afirmó en varios autos que el SMS llegó tarde, fue confuso y, de haberse ejecutado de manera correcta, se hubieran salvado vidas.
Aunque la delegada contó que advirtió a Pradas del desbordamiento del barranco del Poyo, detonante de la catástrofe, a las 19.00 horas, tras una llamada de la alcaldesa de Paiporta, Bernabé explicó que existía un aviso sobre el incremento del caudal en esta infraestructura desde las 12.20, cuando se activó la alerta hidrológica. “Esto conlleva unas obligaciones por parte de la Generalitat, como vigilar los cauces de los barrancos”, espetó.
La socialista explicó que, el día de la dana, anuló un viaje a Córdoba tras conocer que se había decretado la alerta roja meteorológica. Convocó a su equipo en una reunión que arrancó a las 9.30 horas de la aciaga jornada y contactó con organismos e instituciones como la Guardia Civil, la Agencia Española de Meteorología (Aemet) y la UME. “Quería que me explicaran qué había ocurrido durante la noche”. También preguntó a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, por los riesgos de la jornada.
Durante la sesión, la magistrada que instruye las pesquisas , Nuria Ruiz Tobarra, llamó la atención a algunas acusaciones por tratar a Bernabé ―que declaró como testigo― como si fuera una investigada”. La asociación Liberum, que ejerce la acusación popular, pidió la imputación de la responsable gubernamental. En su comparecencia le formularon cuestiones las decenas de acusaciones particulares personadas (la mayoría son familiares de víctimas mortales), las populares —que ejercen partidos como Podemos, Vox, Ciudadanos o el PSOE—, el fiscal y los abogados de los exaltos cargos de Mazón imputados en las pesquisas. Estos últimos solo respondieron a sus defensas.
La declaración como testigo de Bernabé se desarrolla dos días después de que los dos exdirigentes del Ejecutivo de Mazón investigados declararan ante la magistrada. Pradas y Argüeso esgrimieron tesis exculpatorias calcadas para justificar su trabajo en la tragedia, descargaron su responsabilidad en los técnicos y protegieron de forma explícita a quien les catapultó a la primera línea de la política valenciana, Carlos Mazón. Las pesquisas instruyen los presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes, que están castigados con entre cuatro y tres años de cárcel, respectivamente.
