La “denuncia tipo” que han presentado 16 bailarines supuestamente becados por Nacho Cano en su espectáculo Malinche describe la actuación policial como “absolutamente desproporcionada”. “Por el objeto aparente de la misma, por los medios desplegados, y la posterior actuación de los funcionarios en sede policial para con mi persona”, argumentan, e insisten en que “podría ser constitutivos de coacciones”. “Me obligaron a prestar declaración en unas circunstancias en las que no era capaz de tomar decisión alguna, con evidentes comentarios que coartaban mi libertad y con constantes comentarios amenazantes, lo que unido a mi condición de extranjera, me llevó a prestar declaración de forma forzada, sin ser informada de nada, e incluso recogiendo en el acta de la denuncia párrafos y afirmaciones que no fueron realizadas por mí y que a pesar de manifestar no estar de acuerdo, no fueron corregidas por los agentes que me interrogaron, por lo que puedo afirmar que parte de lo allí reseñado como declarado por mí no fue manifestado por mí, sino alterado por el agente”, sostiene.
El excomponente de Mecano fue detenido el pasado martes acusado de favorecer la inmigración irregular y de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, tras la denuncia presentada el 11 de enero por una de las bailarinas traídas desde Guadalajara (México) en diciembre de 2023. La chica ha asegurado que acudió a la comisaría de Centro de Madrid tras verse en la calle dos días, porque la echaron de un día para otro con el argumento de que no era buena compañera. Ella, que previamente se había llevado un chasco por las precarias condiciones en las que se desarrollaba el proyecto artístico idílico prometido, ha asegurado —entrevistada en Tardear de Telecinco— que acudió a la comisaría por “supervivencia”.
Su denuncia dio lugar a una investigación policial que ha concluido que todos los becarios de Nacho Cano se encontraban trabajando en situación irregular en España. La causa ha caído en el juzgado número 19 de Plaza Castilla, el mismo que lleva la investigación sobre el presunto fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid, salió en defensa del compositor, con quien mantiene una buena relación de amistad desde hace años, y avaló sus manifestaciones, en las que este se presentaba como víctima de una “persecución policial” orquestada y promovida por los enemigos políticos de Ayuso.
Los abogados de Cano han respondido a su detención y a las acusaciones presentando una denuncia por cada bailarín, por el trato policial recibido, con el fin de desacreditar una investigación que consideran prospectiva. Sin embargo, han admitido que los bailarines, presuntamente becados, han estado trabajando y “subiendo puntualmente al escenario de Malinche”, sin tener ni visado de estudios ni permiso de trabajo, ya que les había sido denegado en mayo y estaban pendientes de que la delegación de Gobierno de Madrid respondiera a su recurso.
La respuesta les ha llegado precisamente en estos días con la denegación definitiva del visado, han afirmado esta mañana nuevamente entrevistados junto a Cano en Espejo Público. La Delegación de Gobierno considera que los estudios que supuestamente estaban realizando los bailarines becados en la escuela Jana no están reglados ni homologados.
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Por su parte, la embajada de México —que se desligó estos días del supuesto programa de becas seguido con estos bailarines pese a acogerles en “una ceremonia protocolaria” hace meses—, les ha vuelto a recibir esta misma mañana para darles apoyo jurídico. El embajador “reafirmó el acompañamiento en relación con su situación migratoria”, según ha difundido la Embajada en un comunicado. También, manifestaron en el consulado, se verificó que la “condición física” y la “estancia” en España de los jóvenes sea la “adecuada”.
La Embajada mantiene contacto con los 17 becarios, también con la bailarina mexicana que denunció a Nacho Cano en enero ante la Comisaría de Policía de Centro en Madrid. “La representación diplomática continuará otorgando asistencia jurídica en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Madrid”, ha agregado la Embajada. La denunciante permanece en la capital española desde que hizo la denuncia.
“Soy una persona de nacionalidad mexicana, que me encuentro actualmente en España a través de un programa de becas, por el que me estoy formando como bailadora mediante un programa que comparte horas de formación, con otras de actuación como integrante del elenco que interviene en el musical Malinche”, reza una de las denuncias.
“El proceso formativo tiene como finalidad poder ingresar, tras haber superado unos castings previos y el proceso en cuestión, en el elenco de tal musical, y poder participar en el mismo con la condición de profesional”, explica. “El proceso formativo se constituye entre una escuela y la producción del musical Malinche, incluyendo hospedaje y la formación necesaria para en su caso formar parte del musical”, aclara.
Y añade: “Puedo afirmar que mi estancia en España —junto con la del resto de personas integrantes del proceso formativo, actualmente sobre 17 personas, todas ellas de nacionalidad mexicana— durante el tiempo que dura la formación es absolutamente legal, pactada de forma bilateral y libremente aceptada por mi persona, en la medida en que mi intención es dedicarme profesionalmente al mundo del espectáculo”. Las pesquisas policiales y las resoluciones de la delegación del Gobierno de Madrid, niegan que sea así. Más aún, la policía concluye que “estaban engañados, porque desconocían cual era su situación legal en España”.
La denunciante agrega: “Disponemos de las instalaciones oportunas para el ensayo y el entrenamiento en equipo”, frente a las declaraciones realizadas por la denunciante, en las que asegura que el lugar de ensayo era “una parroquia”.
Según el relato de la denunciante en su denuncia, “el pasado 27 de junio, estando recibiendo formación, vimos como un grupo de 20 policías irrumpían en el recinto para una inspección de trabajo. En cambio, trataron al grupo como delincuentes, prohibiéndonos la comunicación entre nosotros, o el uso del teléfono móvil, llegando a encerrarnos en dependencias diferentes durante varias horas, hasta uno a uno fuimos siendo entrevistados por quien aparentemente parecía ser una inspectora de trabajo, y en presencia de agentes de la policía”.
La denunciante prosigue en su escrito contando que posteriormente les trasladaron a la Comisaría de Leganitos con las sirenas encendidas y que le “hicieron sentir como una persona indefensa y maltratada por la autoridad”, ya que no les informaban de nada.
“A las 15.00 horas comenzaron a tomarnos nueva declaración en sede policial, con evidente coacción y amenazas de los funcionarios hacia el grupo, y las primeras personas empezaron a salir a las 20.00 horas”, incomunicados y sin alimento, señala. “Y lo que es más grave, intentando sonsacarme una declaración sobre cuestiones y acusaciones al director del musical Malinche, Don Nacho Cano, que no se corresponden con la realidad”, asegura.
Fuentes policiales, a la espera de que la jueza instruya diligencias, se limitan a explicar que con las víctimas de lo que se consideran “dos delitos graves”, como en este caso, se sigue un protocolo para tomarles declaración, que en este caso estuvo coordinado con la Brigada Provincial de Extranjería. Y recuerdan que el origen de la investigación es una denuncia en la que se recogieron una serie de datos, entre los que se encuentran mensajes sobre cómo tenían que pasar la frontera a su llegada a España y vídeos realizados por la denunciante.
“Debo afirmar que la declaración y la presentación en dependencias policiales no fue voluntaria, sino forzada, que nunca se me informó en condición de que estaba allí, sino que solo iban a filiarme, cuando lo cierto es que me tomaron nueva declaración, y además presidida por amenazas sobre la expulsión de España, cuestionamiento de mi estancia en España y obligándome a entregarles mi dispositivo móvil de telefonía para acceder al mismo (Whastapp y mail) sin mi consentimiento”, insiste a denuncia.
Fuentes de la investigación aseguran que se les informó de que eran “víctimas” y se les explicó que “la denegación de la solicitud de prórroga de estancia por estudios, implica su expulsión inmediata, que no es una amenaza, es una verdad que desconocían”, señalan. Las mismas fuentes no solo niegan que en ningún momento se accediera a los datos de los móviles de las víctimas, sino que además “tenían sus teléfonos en su poder y hablaban por el móvil y miraban lo que querían”. La denunciante llega a asegurar que la obligan a que exporte un chat y se lo envíe al móvil del agente que la interrogaba.
Preguntas de naturaleza sexual
“Me llamó la atención no obstante la cantidad de preguntas que me hicieron sobre cuestiones que nada tienen que ver con el asunto laboral, sino sobre cuestiones de naturaleza sexual, cuestionándome si el director del musical se me habría insinuado o intentando hacer ver que yo era una persona que estaba siendo maltratada laboralmente, cuando desde un primer momento manifesté que mi condición era la de becada, en modo alguno laboral, y que el dinero que recibía de la productora no era una remuneración, sino la dotación por el periodo de formación becado en el que me integraba”, recoge la denuncia. Fuentes policiales de Extranjería explican que en casos de esta índole, que pueden limitarse a una sanción administrativa con la consecuente multa, es importante descartar que exista explotación laboral o de cualquier otro tipo, que constituye otro tipo de delito y que, en no pocas ocasiones, concurre.
“La sensación que siempre tuve durante la declaración fue la de intentar que declarase algo en contra de otras personas, y a pesar de haber negado lo anterior, se seguía insistiendo por los agentes”, apunta la denuncia. “Me hicieron preguntas sobre una alumna que fue expulsada del grupo, quien al parecer podría haber puesto una denuncia, por hechos que negué a preguntas de los agentes”, agrega.
“Del mismo modo, me hicieron ver o saber que llevaban meses haciendo seguimiento al grupo formativo en el que me integro, revelando datos o circunstancias cotidianas que no era posible conocer en otras circunstancias diferentes a la del seguimiento policial”, señala.
“Finalmente pude apreciar como el acta de la declaración que me hicieron firmar de forma obligada, contenía algún error, que al advertirlo a los agentes, les llevaron a corregirlo y al presentarme la versión final, comprobé la colocación de párrafos completos que contenían afirmaciones sobre cuestiones de naturaleza laboral, pongo por caso hablar de salario o de contratación, que en modo alguno fue declarado por mi persona, sino incorporado por los agentes a su discreción”, argumenta. “Después me hicieron firmar un acta de derechos de la víctima, a pesar de haber afirmado no tener tal condición de víctima, por lo que cabría preguntarme si mi estancia en dependencias policiales fue en condición de víctima, porque se me trató de forma diferente, arrancándome una declaración sobre amenazas, interviniendo mi teléfono móvil sin mi consentimiento, o haciendo constar en el acta manifestaciones que yo no consentí ni afirmé”, concluye.
Por todo ello, los abogados de Nacho Cano denunciaron el pasado 8 de julio que sus bailarines “becados” han sido víctimas de un delito de coacciones y de falsedad en documento público por parte de los agentes que desarrollaron la investigación.
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