“Llevamos meses con problemas, pero cada vez que hay una emergencia que afecta a mucha gente, el sistema se tensiona todavía más”. Lo repiten hasta cinco trabajadores de los servicios sociales y del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales (CUESB) del Ayuntamiento de Barcelona que no quieren aparecer con nombre y apellido. Tanto los servicios sociales de los distritos como el CUESB atienden cada día urgencias de personas o familias que necesitan un alojamiento. Pero en los últimos meses, explican, la disponibilidad de pensiones, albergues o incluso pisos turísticos que busca una empresa contratada por el Ayuntamiento (BCD Travel), es menor, y el CUESB aloja muchas noches a personas en sus propias instalaciones, en la calle de Llacuna (Poblenou). A esta presión se suman los convenios con 24 ayuntamientos del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que también utilizan el CUESB cuando se produce un incidente sobrevenido, unas urgencias que suponen el 10% de todas las atendidas. Esta semana, los vecinos desalojados de urgencia en el edificio El Barco de Esplugues de Llobregat, declarado en ruina. Fuentes municipales admiten “situaciones tensionadas” pero aseguran que “el servicio no ha estado en ningún momento saturado”.
Los usuarios de los alojamientos de emergencia pueden ser una persona que se ha quedado en la calle, otra con adicciones, familias que se han quedado sin luz (como las de la calle de Sant Climent del Raval en las últimas semanas), desahuciadas, que han sufrido un incendio en su casa, o una mujer víctima de violencia de género… El año pasado, el Ayuntamiento de Barcelona reveló que gasta 60.000 euros al día alojamientos de emergencia. Actualmente hay alojadas 2.940 personas en pensiones, informa el consistorio. Y, además, el CUESB afronta las urgencias que afectan a muchas personas o familias. En su día, migrantes subsaharianos, ahora los vecinos del desalojo urgente de Esplugues. A finales de año el CUESB albergó a las familias desahuciadas de un edificio de infraviviendas en Badalona, hace pocas semanas hubo otra urgencia masiva, la de las familias del edificio derrumbado en Badalona, y posteriormente las de los inmuebles colindantes, cuando también fueron desalojados. Días después, otras de Santa Coloma de Gramenet. “Somos un servicio especializado en emergencias y cuando hay un grupo grande no hay problemas, pero tensiona sobre un sistema ya muy tensionado”, apuntan psicólogos y educadores de un servicio que tiene mucho reconocimiento.
“Puede haber un momento puntual, por congresos o festivales de la ciudad, que las pensiones, pisos turísticos y albergues no puedan dar cobertura y lo cubrimos en nuestras instalaciones, en el CEB [Centro de Estancias Breves], pero últimamente ocurre cada noche, se ha cronificado. Y son perfiles que no deberían juntarse, porque las familias o el resto de usuarios necesitan intimidad”, explica un empleado. El CEB, pensado “para casos muy concretos y pocos días” está en la segunda planta del CUESB y tiene entre 94 plazas. El personal que atiende a estos usuarios, además, trabaja en horario nocturno y no es plantilla del centro de emergencias, por lo que su rotación es muy grande. El consistorio asegura que se ha reforzado con ocho profesionales.
La noche del lunes, las personas que había en el CEB y las 10 familias que hubo que alojar procedentes de Esplugues de Llobregat fueron alojadas “excepcionalmente” en otras dependencias del CUESB en la misma manzana del barrio del Poblenou: en el CAE (Centro de Alojamiento de Emergencias, un espacio muy nuevo ubicado en barracones que se clausuró hace unos días después de la temporada de otoño e invierno). Solo las familias de Esplugues sumaban 41 personas. “El gran problema es que vamos parcheando. Hace muchos meses que no duerme nadie en el piso de arriba”, lamenta otra empleada. El CAE tiene una decena de espacios para entre cuatro y cinco personas.
“Aquí se llega cuando todo falla: no hay vivienda pública, el racismo impide a muchos usuarios acceder a la vivienda de mercado, y los que sí podrían alquilar no pueden pagar los precios salvajes”, reflexiona una profesional. Los trabajadores consultados aseguran que cuando preguntan al Ayuntamiento, los responsables municipales les derivan a Progess, la empresa que gestiona el servicio. Y viceversa, cuando se alerta a la subcontrata, apunta que el responsable del servicio es el consistorio, añaden las mismas fuentes. En paralelo al conflicto que provoca la saturación de las pensiones, la mitad de empleados de plantilla del CUESB tiene abierta otra carpeta con el Ayuntamiento y Progess: denuncias por cesión ilegal de trabajadores, con las que buscan integrarse en la plantilla municipal. El Ayuntamiento apunta que el nuevo pliego de contratación, que entra en vigor el 1 de abril, de nuevo con Progess, contempla un incremento de 2,3 millones anuales respecto al anterior contrato, por lo que pasa a ser de siete millones anuales.
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