La Fernando III (como Loyola) viene a sumar

Dos grandes grandes proyectos de inversión netamente privada han servido para impulsar el área metropolitana de Sevilla. La Universidad Loyola en Entrenúcleos, con un edificio de última generación que conllevó un desembolso superior a los 40 millones de euros y que ha relanzado nuevos equipamientos en el entorno (como una gran residencia de estudiantes). Y el campus de CEU Andalucía en Bormujos, con unas instalaciones que han requerido hasta el momento 100 millones y que ahora crecerán con 40 millones adicionales para acompañar el nacimiento y la expansión de la nueva universidad Fernando III. En ambos casos se han financiado con recursos propios por instituciones sin ánimo de lucro; y su finalidad es ensanchar la oferta académica de Andalucía sin restar ni céntimo a las arcas públicas.La actitud de los rectores andaluces ante el nacimiento y la evolución de ambos proyectos ha sido abiertamente hostil desde el inicio, oponiéndose sistemáticamente al desarrollo de ambas instituciones, a las que se sumarán ahora en Málaga la Universidad Europea de Andalucía y la Alfonso X Mare Nostrum. En una comunidad autónoma tradicionalmente reacia a permitir el crecimiento de centros privados puede ser lógico que exista esta vieja resistencia… pero quizá ya va siendo hora de aceptar la realidad y cambiar el enfoque. ¿De verdad es tan negativo para Sevilla y Málaga que florezcan y evolucionen estos campus privados? ¿Tanto daño provocan al resto del sistema estas instituciones que se enfocan en carreras de alta demanda y que absorben a una parte de los alumnos que no puede acoger la pública en carreras como Medicina? ¿Acaso no pueden convivir, cooperar y coordinarse ambos sistemas por el bien de sus alumnos, profesores e investigadores?La crítica de los rectores no se puede basar en el mismo maniqueísmo ideológico con el que funcionan los partidos políticos o los sindicatos. Si fuera cierto que estos operadores no cumplen con los criterios de calidad exigida al sistema universitario –tal como deslizan continuamente– deberían presentar pruebas sólidas que constaten esta evidencia. En el caso de Loyola, en funcionamiento desde 2011, los datos indican todo lo contrario: los niveles de excelencia son altos en todos los parámetros (según el Informe Cyd). Y si es real que la educación superior se está privatizando, tendría que existir el más mínimo indicio de que se transfieren recursos del sistema público al privado, lo cual no ha ocurrido en absoluto. ¿Existe miedo a la competencia? Quizá sea ese el debate. El protagonismo de la educación superior seguirá siendo del sistema público y, como en cualquier región avanzada, esta oferta puede coexistir –y complementarse– con la aportación de actores privados.



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